¡Es la corrupción colonial, estúpido!

Y es aplicable a la actitud del Cacif y de sus cuadros técnicos operativos en los distintos medios de comunicación, que vociferan en contra de la Cicig y de la lucha contra la corrupción cuando se devela lo intrincado e histórico de su involucramiento en prácticas corruptas para constituir sus riquezas y ejercer, incluso violentamente, el poder del Estado.

Para ellos, el caso Vielmann es la gota que ha derramado el vaso, ya que «capturar al mismo empresario respetado del sector privado […] destaparía como nunca los demonios de la polarización y la confrontación. Sería interpretado como una declaratoria de guerra al sector privado». Pero, más que defender a una de sus piezas representativas (y teniendo en cuenta la anterior captura de otros), es el temor de que siga cayendo casi toda la cúpula empresarial, toda vez que la corrupción de Estado ha sido promovida históricamente por ellos directa o indirectamente.

Somatando la mesa argumentan que la sociedad está polarizada de forma peligrosa y que esta quiere otro tipo de justicia, no la que ellos han diseñado e impuesto durante siglos: «El Cacif hace llamado para reformar el sector justicia» [1]. La independencia judicial, el principio de legalidad y la reforma legal, entre otros, son los puntos exigidos para calmar sus temores. Sin embargo, la imposición de jueces y magistrados de la CSJ y de otras instancias centrales del Estado, la ilegalidad en la criminalización y persecución de luchadores sociales, líderes indígenas y políticos progresistas y democráticos que se oponen a sus proyectos de enriquecimiento y la férrea oposición a la reforma de justicia en cuanto a la aceptación del derecho indígena contradicen sus demandas y les restan legitimidad.

Pero no solo es el control de la economía y de la política lo que les da el supuesto derecho de manejar la finca Guatemala. También la herencia y la continuidad colonialista de los linajes invasores, eurocéntricos y judeocristianos se mantienen como derecho divino establecido durante la invasión de 1524. Según Herceg [2], el jurista Juan Ginés de Sepúlveda, calificado como el defensor de la servidumbre natural de los indios y de su inferioridad natural (a quienes etiquetaba de bárbaros), ensalza a los españoles y celebra que posean figuras culturalmente excelsas, así como su gran poder bélico y las virtudes de la templanza, la frugalidad, la sobriedad, la fortaleza, la prudencia, el ingenio, la mansedumbre y la religiosidad acompañada de sentimientos humanitarios. La conclusión, según él, es que, «con perfecto derecho, los españoles imperan sobre estos bárbaros del Nuevo Mundo e islas adyacentes, los cuales en prudencia, ingenio, virtud y humanidad son tan inferiores a los españoles».

[frasepzp1]

Ese falso imaginario aún persiste, especialmente en la pluma de testaferros mediáticos con discursos actualizados y contextualizados que no dejan de ser racistas y discriminadores. De los pueblos, sectores, clases y grupos que defienden los derechos humanos y a la madre tierra ante la voracidad de la clase colonial dicen: «Todos lo sabemos […]: la creciente conflictividad es causada en su mayoría por politiqueros radicales, exguerrilleros, sus proles descendientes, los tambores de resonancia enquistados en oenegés ambientalistas y de derechos humanos y otros con títulos rimbombantes en defensa de todo, menos del imperio de la ley».

Esa pigmentocracia (término acuñado por Marta Elena Casaús) y su cosmovisión depredadora se mantienen cinco siglos después dirigiendo la cúpula empresarial, repleta de apellidos de supuesto abolengo: Malouf, Lejárraga, Tefel, Leporowski, Bauer, Vila y Boesche, según la nota señalada de Prensa Libre. Con razón la Guatemala profunda está tan cerca de la corrupción colonial y tan lejos de la democracia participativa.

Ante eso, a corto y mediano plazo, el planteamiento de refundación del Estado, la instalación de una asamblea nacional constituyente y la unidad política de pueblos, clases, sectores y grupos democráticos y progresistas, excluidos y discriminados, más que una necesidad justa y legítima, es una condición descolonizadora para encaminarnos a concretar la idea de que otro Estado es posible. ¡Que los retos y desafíos, más que palabras, se conviertan en acciones!