De lo que nos queda, 17 centavos sirven para pagar intereses de deudas que gobiernos anteriores adquirieron para pagar inversiones u otras deudas. Terminan quedándonos alrededor de 13 centavos para invertirlos en el futuro.
Pero ¿de qué futuro de inversión estamos hablando? Porque ya sabemos que estos 13 centavos serán asignados a acrecentar la quimera estatal de desgobierno de Jimmy Morales. El gobierno del señor Morales no democratizó la elaboración del presupuesto ni indicó que la fiscalización de este fuera una prioridad. Peor aún, está entregando el presupuesto para que sea politizado por un Congreso de corruptos que buscarán sacar réditos propios con su aprobación.
En lo que lleva de gobierno, Morales ha demostrado cómo sus ministerios no solo no ejecutaron sus presupuestos, sino que continuaron contratando plazas fantasmas, descuidaron la atención de las áreas más susceptibles a enfermedades y muerte (ejemplo, los 60 municipios priorizados por padecer desnutrición crónica) y llevaron al completo abandono las carreteras que cubren el país. Morales no solo heredó un presupuesto malgastado, sino que continúa malgastándolo.
Pero lo hecho hecho está. Ahora nos toca afrontar que el 2018 será un año de falta de fiscalización en la ejecución de los fondos públicos. La ejecución del gasto público no será eficientemente fiscalizada a nivel interno por la Contraloría General de Cuentas a menos que sea un medio de investigación como Nómada el que le haga el trabajo de gratis.
¿Cuál es la propuesta?
Número 1: exigirle al presidente que en su informe de ejecución presupuestaria al Congreso (la ley ya se lo exige) no solo identifique los fondos ejecutados, sino que determine también qué impacto tuvo ese gasto público con indicadores de mercado útiles para tomar decisiones.
Número 2: transparentar el acceso a la información sobre los renglones presupuestarios y su ejecución dentro del Sistema de Contabilidad Integrada, pues este no permite que actores de la sociedad civil como el CIEN y otros fiscalicen adecuadamente y formulen propuestas de mejora.
Número 3: tomando en cuenta que 50 centavos de cada quetzal se utilizan para pagar salarios, publicar, en un sistema fácil y de libre de acceso, los datos salariales consolidados y detallados de cada uno de los más de 200 000 empleados del Estado. Solo con este paso abriremos las puertas a un proceso de depuración y fiscalización empresarial que permitirá identificar sobresueldos y un sinfín de derechos adquiridos por pactos sindicales que debemos eliminar para acabar con la ineficiencia estatal (además de eliminar los puestos heredados, entre otros tantos males).
Número 4: ya que no hay ley que lo ordene, actualmente el control que se tiene sobre los funcionarios públicos y su actuación es burocrático y poco efectivo. Requerimos reforzar y reformular la Ley de Probidad y Responsabilidades de los Funcionarios y Empleados Públicos. Esto nos permitirá fiscalizar mejor a los encargados de manejar fondos del erario.
Número 5: el sistema actual de licitaciones es atrasado, poco competitivo, y busca asignar rentas al mejor cliente en un sistema corporativista. Se requieren la auditoría y la contratación de un sistema de licitaciones competitivo, que utilice precios de mercado y sea 100 % abierto. Los europeos ya lo hacen desde hace mucho. ¿Por qué le tememos tanto a aprender de ellos en su fiscalización del erario?
Número 6: hacer lo que ningún presidente ha hecho desde hace años, democratizar el proceso de elaboración presupuestaria dando herramientas y modificando su sistema. Este es quizá el paso más importante para el futuro, pues este año ya hemos perdido la batalla. Actualmente, la participación de la ciudadanía en asociaciones de fiscalización es nula porque no hay forma de hacer cambios. No tenemos una ley que le exija al Gobierno detener su ejecución por ineficiencias ni podemos obligar a hacer pública la información durante la fase de formulación del presupuesto.
Después de elegir un presidente, el segundo rol de un ciudadano debería ser involucrarse en la auditoría social en su área local de impacto. Su auditoría salvará el dinero del pueblo de ser mal utilizado, y sus denuncias a un ente fiscalizador efectivo podrían cambiar el rumbo del país. No sigamos en silencio. No permitamos que el #PactoDeCorruptos se robe nuestros sueños.
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