En participación política se nos reconoce como casi–iguales

En 1673, en Francia, apareció publicado Sobre la igualdad de los sexos, el texto donde Poullain de la Barre se atrevió a pensar lo imposible: que mujeres y hombres podían ser considerados como iguales. Saque la cuenta, estamos hablando de hace 350 años.

Más de cien años después, la misma demanda se esgrimió en la Declaración de los derechos de la mujer y la ciudadana, escrita por Olympe de Gouges en 1791 y surgida de la toma de conciencia de la opresión particular que vivían las mujeres de los distintos estamentos en la sociedad precapitalista incipiente.  En dicha declaración reivindicaron su ciudadana y los mismos derechos de los que gozaban los hombres.  En el artículo sexto del documento se establecía que «la ley … (d)ebe ser la misma para todas las ciudadanas y ciudadanos, por ser iguales a sus ojos, deben ser igualmente admisibles a todas las dignidades, puestos y empleos públicos». Nuevamente, calcule usted, hablamos de hace más de 230 años.

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Como en Francia no hubo quien respondiera más que con guillotina, criminalización o exilio, el reclamo cruzó a este lado del charco algunos años después. En 1848, en Nueva York, se aprobó la Declaración de Seneca Falls, donde no solo se incluía la igualdad de derechos, sino que se enfatizaba en la necesidad de reconocer a las mujeres su derecho al voto. Las inglesas se hicieron escuchar en el mismo sentido. Ese movimiento, que se volvió un grito de lucha en el mundo occidental, se conoció como sufragismo. Muchas de las que participaron fueron encarceladas y asesinadas. Eso comenzó hace 175 años.

Para resumirle la cuestión, las mujeres han luchado para ser reconocidas ciudadanas y para que se hagan efectivos sus derechos cívico–políticos desde hace siglos. Se imagina usted… siglos. Y aun así las cosas siguen desparejas.

Salgamos de Europa y Estados Unidos. Concentrémonos ahora en Guatemala. Recién en 1965 se reconoció el voto universal para las mujeres en este país, aunque en la Constitución de 1945 se había nombrado, pero solo para las alfabetas.

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Cincuenta años después, en 2015 y luego en 2019, las mujeres conformaron la mayoría de quienes integraron el padrón (53.72 % según datos del TSE, 2019), pero la tan ansiada igualdad, no llegó.  Siguen siendo las que menor porcentaje de participación y representación presentan. En las elecciones de 2019, de las 160 curules de la Legislatura 2020-2024, solo 31 (19.38%) fueron ocupadas por mujeres (TSE, 2019). Este porcentaje hace que el país esté aún lejos de alcanzar el promedio regional establecido por ONU Mujeres en 30,7%. O sea, las leyes han cambiado, se vive hoy en una sociedad que legalmente reconoce la igualdad, pero para las mujeres sigue siendo una casi–igualdad. Y para las mujeres indígenas la brecha, es en realidad, un abismo, hace más de diez años que el porcentaje de mujeres indígenas en el legislativo no supera el 2.5 %.

Ahora que estamos a un paso del proceso electoral recuerde a la hora de votar cuánto tiempo se ha sostenido el reclamo de igualdad (no solo legal) en la participación política. Y ya que estamos evalúe una cosa más: si las candidaturas que postula ese partido apuestan por los derechos de las mujeres y los consideran en sus propuestas. Porque poco o nada sirve que haya mujeres en puestos de toma de decisión, si solo repiten viejas mañas y prácticas. En ese caso, ¿de qué habrá valido tanto tiempo de lucha?