En el país, alrededor del 33 % se ubica en los niveles 1b y 1c, siendo estos los más bajos en la escala del Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes para el Desarrollo (PISA-D). La búsqueda de calidad educativa obliga a los tutores que cuentan con un mayor poder adquisitivo a remitir a sus educandos a unos pocos establecimientos del sector privado, concentrando y aumentando privilegios de clase constantemente.
En la actualidad, por contexto de pandemia, la educación se ha remitido a una virtual privatización, sumando a las constantes acciones de los gobiernos, que ven en el sector educativo un grupo de individuos con fines electorales (profesorado) que constituyen un importante peso político en época de campaña, para el posicionamiento y el «reconocimiento» de candidatos políticos.
En el pasado, rememorando la primera mitad del siglo XX, el profesorado llevaba sus demandas y exigencias de una mejor educación y un mejor país a las calles, lo que se conoce históricamente como los movimientos y la organización sindical del magisterio.
Actualmente, esos movimientos cuya razón de ser era la búsqueda de un bien común para el país y su población, se han desarticulado. Esta desintegración tiene una razón de ser y uno o varios de sus objetivos se han ido cumpliendo con el pasar del tiempo. Lamentablemente, el sector se ha quedado sin sindicatos probos, sin credibilidad social y política para la exigencia de demandas sociales en el sector educativo.
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Desde las reformas de los años 90 hasta la actualidad, los sindicatos, en especial el de Trabajadores de la Educación en Guatemala (STEG) liderado por Joviel Acevedo, se han visto expuestos a una clara manipulación política, perdiendo poco a poco su esencia. Como ejemplo de ello, Acevedo ha demostrado mantener fuertes lazos políticos con diferentes gobiernos de turno, lo cual evidencia, la dualidad entre debilidad y fortaleza del sector que sólo produce beneficios segmentados y particulares a costillas del esfuerzo de muchas generaciones educativas.
Iniciamos el año con situaciones complejas como la continuación de la pandemia, una realidad rural decadente y una urbanidad indiferente al contexto nacional. El sector educativo además de demostrar a través de esta crisis sus propias carencias, tales como la falta de infraestructura y la poca o nula accesibilidad a medios tecnológicos, suma la crisis de las reformas a la educación planteadas en 2012.
Tras la reforma, se presentaron lagunas y vacíos en los procesos, como facilidades de ingreso al mercado laboral de los egresados de la Formación Inicial Docente (FID), cambio de la rúbrica de calificaciones para dar prioridad a quienes presentan formación universitaria, procesos de monitoreo y evaluación respecto a la formación recibida en el Bachillerato y la calidad educativa de los futuros docentes.
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Teniendo en cuenta este pequeño contexto, se puede observar cómo poco a poco la figura de magisterio ha ido desapareciendo, la razón de ser del sindicato se politizó y la calidad educativa se transformó en parte del juego político para beneficio de unos pocos a costillas de millones de guatemaltecos y guatemaltecas de todas las edades y todos los sectores.
En vista de lo anterior, sí era necesaria una reforma educativa; sin embargo, esta no se centró en mejorar la situación. Lo que se necesitaba y aún está pendiente, es una política de país que vele por el bien común de la población, por mejorar los accesos a formación de calidad y valore la profesionalización docente para reproducir cuadros probos y aptos a los diversos rincones de esta Guatemala multicultural.
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