No existe otra institución que pueda contener la pandemia. La responsabilidad, la solidaridad y los recursos de afrontamiento individuales son importantes, pero, sin una regulación estatal de la acción personal y colectiva, las medidas son insuficientes y existe el peligro de que la crisis se desborde.
Esto significa que el tamaño, la eficiencia y las acciones estatales concretas son cruciales para garantizar la contención y el alivio del problema. Por ejemplo, el sistema de salud público es el que cargará con el peso de atender a las personas que han sido infectadas o puestas en cuarentena. El gran problema es que tenemos un sistema de salud deteriorado y muy pequeño como para atender un eventual crecimiento de casos de coronavirus. Hay que reconocer el trabajo de médicos y de personal sanitario, pero sus esfuerzos serán insuficientes si no se tienen los recursos para atender la crisis [1].
De ahí la importancia de tener un Estado que pueda financiarse a través de impuestos, que sea capaz de ejecutar su presupuesto de manera eficaz y honrada, orientado por un plan de país a corto, mediano y largo plazo, esto es, un proyecto nacional.
Pero tenemos un Estado que cobra pocos impuestos (sobre todo a grandes capitales) y que no es capaz de ejercer la coerción adecuada para perseguir a los grandes evasores. Además, como lo evidenció ampliamente la Cicig, es un Estado carcomido por la corrupción a través de las redes político-económicas ilícitas (RPEI), en las que participan funcionarios y empresarios. Y este gobierno no modifica las condiciones esenciales de lo descubierto por la Cicig.
A esto se añade que no ha existido un gobierno que haya podido articular un proyecto de nación que deje a un lado los intereses particulares como criterio de acción y que centre su atención en los intereses mayoritarios.
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El Estado también debe ser capaz de regular las acciones de la sociedad civil, incluyendo al sector productivo. Esto se garantiza, en última instancia, a través de poder hacer cumplir sus orientaciones a través de amenazas, sanciones y el uso de la fuerza (dentro de los marcos legales que limitan su ejercicio).
Ojalá que el presidente Giammattei pueda ejercer un liderazgo adecuado bajo la crisis, pero su respuesta está limitada por las capacidades estatales y los intereses de otros sectores, como se ha visto en sus cambios de posición respecto a las medidas de contención. Y aquí no basta con apelar a la buena voluntad o a llamados a la «unidad de los guatemaltecos». También se necesitan ordenamientos estatales, basados en información pertinente y con criterio político de atención a la mayoría, que se puedan hacer cumplir.
Evidentemente, no significa que el Estado pueda hacer lo que quiera, sino que se aplique la propia legalidad estatal, sin privilegios, con vocación nacional (no grupal, no empresarial) y en el marco del respeto de los derechos humanos y las garantías básicas.
No estoy en contra de la responsabilidad personal, la solidaridad, la información, el sentido común y cualquier otra medida que como ciudadanos podamos mostrar frente a la crisis. Lo que señalo es que son insuficientes si no se cuenta con un Estado capaz de dar respuesta a la crisis y capaz de regular la acción de sus ciudadanos, incluyendo empresas, entidades bancarias y crediticias, instituciones de salud, etc.
Una crisis es un momento excepcional del cual pueden surgir o replantearse muchos aspectos, incluyendo algunos tan básicos como qué tipo de Estado queremos tener y cuáles deben ser sus relaciones con el mercado y con los ciudadanos. Hay que recordar que grupos como el Pacto de Corruptos siempre están atentos a oportunidades para afianzar su control y sus intereses, por lo que la crisis también es una oportunidad para que continúen medrando.
La crisis, con las profundas y graves huellas que puede ocasionar, también puede ser un momento para reorganizarnos y evaluar un proyecto conjunto y amplio de nación, que tome en cuenta a los distintos sectores, incluyendo a los más vulnerados y excluidos.
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[1] También se deberían esperar acciones estatales en otros aspectos como el laboral, el económico, el financiero, etcétera, en un panorama de alta informalidad y precariedad de amplios sectores de la población, es decir, teniendo en cuenta la situación de los más vulnerables y desprotegidos.
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