Algunos observadores dejaron entrever que uno de los factores detrás de la renuncia-caída-Putsch de Evo Morales fue el hecho de que unos días antes el exmandatario, ahora asilado en México, había rescindido un contrato con la compañía alemana ACI Systems, productora de baterías a base de litio. Esta empresa es proveedora de baterías para el famoso carro eléctrico Tesla, de creciente consumo en Estados Unidos y Europa.
En realidad, todo apunta a que el derrocamiento de Morales es primordialmente de índole política, con tintes racistas y religioso-fundamentalistas, luego de varias supuestas anomalías detectadas durante las elecciones de octubre. El hartazgo popular contra Morales y su ambición de perpetuarse en el poder también habrían creado condiciones para su forzada renuncia, luego sellada por otro de esos cuartelazos militares típicos en América Latina, lo cual dejó al país a la deriva. Nada pareciera estabilizar la violenta situación, que podría encarrilarse hacia una guerra civil en medio de la ilegítima asunción de una autoproclamada presidenta de transición apoyada por Estados Unidos.
En todo caso, el tema de la producción de litio no solo en Bolivia, sino también en otros países sudamericanos (Argentina, Chile y Brasil), vuelve a posicionarse como un tema geoestratégico y de lucha entre los pueblos originarios que defienden el territorio y su sustento de vida frente a los poderosos intereses de empresas transnacionales en busca de recursos naturales, todo esto en una era en la que el cambio climático demanda alternativas en el uso y consumo de energía de forma más sostenible y verde.
Según un artículo de The New Republic, más de la mitad de las reservas de litio se encuentran en la región andina. Este elemento se obtiene gracias a la evaporación de salinas que van dejando magnesio, calcio, sodio, potasio y el ingrediente rey, el litio, también apodado oro blanco. Si bien la extracción del litio no requiere una mano de obra tan intensa como las minas de carbón o los yacimientos de petróleo, sí requiere de cantidades masivas de agua —hasta 1,700 litros por segundo— en territorios de por sí áridos y con raros yacimientos de ese líquido. En algunas localidades, el cultivo de quinua, uno de los principales recursos agrícolas de la región, ha sido afectado por la sequía inducida por el uso del agua en la explotación del litio.
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Ante el potencial económico de esta mina de oro blanco, pero sobre todo frente a las demandas de colectivos indígenas como el Comité Cívico de Potosí, el gobierno de Morales propuso una concesión de 70 años a la empresa alemana Acisa para los proyectos en Salar de Uyuni con condiciones más estrictas que las de otros países. Algunas de estas demandas eran un incremento en las regalías del 3 al 11 % con beneficio para las comunidades y la construcción de una compañía de baterías de litio boliviana.
El contrato de producción de litio en Bolivia con esta empresa está ahora en un limbo, pero no sería de extrañar que este gobierno de transición o las próximas administraciones sean más amigables con propuestas menos generosas de las transnacionales para con las comunidades indígenas, a costa de los efectos nocivos para el alimento y la sobrevivencia de estas.
Lo anterior también pone sobre la mesa un debate necesario sobre los daños colaterales que pueden provocar planes visionarios que giran alrededor de soluciones bienintencionadas, como la economía verde. Según el artículo de marras, la construcción de una infraestructura eléctrica verde y un mundo completamente operado por energía limpia y renovable para el 2050 (carros eléctricos, paneles solares, etcétera) requeriría el 280 % de las reservas de litio del planeta y el 85 % del total de los recursos de litio existentes. ¿Cuál será entonces el impacto en las reservas acuíferas de la región andina?
La crisis política boliviana pone de nuevo el acento sobre la discordia histórica respecto a modelos extractivos que benefician exclusivamente a países desarrollados, por muy ecológicos que sean, sin necesariamente beneficiar con ello a los países productores de forma horizontal y equitativa. Esta amenaza expoliadora sobrevivirá más allá de cualquier diálogo al que logre llegar Bolivia para preservar la paz.
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