Una vez más, no han sido las instituciones guatemaltecas las que han avanzado en la investigación de la corrupción que campea impune en Guatemala.
Hoy, las sospechas que hace ocho años se tenían sobre la participación de Pérez Molina y Baldetti en la mafia aduanera parecen menores, casi ingenuas, comparadas con el convencimiento a gritos de que Alejandro Giammattei es corrupto. Que Miguelito Martínez es corrupto. Que Consuelo Porras es corrupta, y que es la principal proveedora de impunidad para toda una mafia que ha capturado a casi todas las instituciones del Estado, servida por un ejército coordinado por capos y sottocapos en el Congreso de la República, en la Corte de Constitucionalidad, en la Corte Suprema de Justicia, las cortes de apelaciones, para mencionar solo las más notorias en una lista muy larga.
Desde que Jimmy Morales se encargó de deshacerse de la Cicig, y con el MP capturado, hoy es prácticamente imposible que una entidad guatemalteca, o presente en Guatemala, investigue los numerosos actos de corrupción que están perpetrando Giammattei y su mafia. Imagino que este vergonzoso hecho es la principal causa de confianza de los mafiosos para que, no solo sus crímenes permanezcan impunes, sino, además, continúen dedicándose a perseguir a periodistas, fiscales y jueces íntegros y honestos, defensores de derechos humanos, que se han dedicado a denunciar, investigar y juzgar crímenes de lesa humanidad, actos de corrupción y otros delitos de alto impacto.
Es tanta la confianza de preservar o ampliar el régimen de impunidad que varios y diversos sectores han vendido barata su conciencia, y han hecho patente su apoyo al régimen corrupto de Giammattei. Destacan grupos de empresarios, iglesias neo pentecostales, alcaldes, narcotraficantes, exmilitares, servidores y funcionarios públicos corruptos, entre otros.
La semana pasada el involucramiento de empresarios en la mafia de Giammattei explotó escandalosamente porque el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América anunció la aplicación de sanciones a empresarios rusos y bielorrusos que sobornaron a funcionarios guatemaltecos para obtener privilegios en el sector minero. Por supuesto, no se debe generalizar, pero este escándalo demuestra el hecho de que algunos empresarios están involucrados, que alcanza a figuras notables como Antonio Malouf, expresidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), quien fungiendo como ministro de economía de Giammattei, se involucró directa y personalmente atendiendo con lujos a las personas sancionadas.
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La nota de investigación periodística publicada por Héctor Silva Ávalos en el medio Infobae, acierta en recordar que la corrupción es como un tango, que se baila entre dos y muy pegado. Porque este escándalo no es solo por el ruso Dmitry Kudryakov y la bielorrusa Iryna Litviniuk, ejecutivos de la minera transnacional Solway Investment Group, sino también por las empresas mineras guatemaltecas Mayaníquel, Compañía Guatemalteca de Níquel y Pronico, y no se nos olvide, también porque personal y directamente está involucrado el presidente Alejandro Giammattei por el tristemente célebre soborno en efectivo entregado dentro de una alfombra enrollada.
Esta vez no fue la Cicig, pero sí el Departamento del Tesoro estadounidense el que ha avanzado en las investigaciones que, cada vez con más claridad, apuntan a confirmar lo que ya sabemos en Guatemala, que Giammattei es corrupto y su gobierno una mafia.
Estoy convencido que es cuestión de tiempo para que estos hechos terminen de confirmarse, con investigación sustentada con medios científicos y modernos de prueba. Creamos y confiemos que Giammattei, Martínez, Consuelo y el resto de la mafia que hoy pudre a Guatemala, no permanecerán impunes por siempre. Eso sí, hagamos nuestra parte, no se lo dejemos todo a las agencias internacionales y de otros países.
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