El 15 de octubre del presente año, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) convocó a la conformación de la Comisión de Actualización y Modernización Electoral (CAME), la cual fue creada a partir de la reforma electoral del 2016 (decreto 16-2016) con el objetivo de evaluar las posibles mejoras a la normativa relacionada con el proceso electoral. En ese sentido, estas líneas pretenden iniciar las reflexiones sobre aquellos aspectos que consideramos medulares de cara a una nueva reforma electoral....
El 15 de octubre del presente año, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) convocó a la conformación de la Comisión de Actualización y Modernización Electoral (CAME), la cual fue creada a partir de la reforma electoral del 2016 (decreto 16-2016) con el objetivo de evaluar las posibles mejoras a la normativa relacionada con el proceso electoral. En ese sentido, estas líneas pretenden iniciar las reflexiones sobre aquellos aspectos que consideramos medulares de cara a una nueva reforma electoral.
El primer paso para el rediseño del sistema consiste en establecer con claridad las prioridades con las que deben encararse las reformas electorales, ya que, de lo contrario, la discusión puede volverse caótica, compleja e inmanejable, de tal modo que lleve a reformas que podrían contener muchas contradicciones entre los diversos ajustes realizados por las diversas propuestas. Propongo, por lo tanto, priorizar al menos cuatro objetivos centrales:
- Mejorar la independencia y la fortaleza del TSE. Luego de nueve procesos electorales nacionales y tres de medio período, el TSE ha emergido en el 2019 con serios cuestionamientos producto de un diseño institucional y político deficiente.
- Reducir el impacto del dinero en la política. Buena parte de los cuestionamientos a la reforma del 2016 se centraban en el control de los aportes financieros a los partidos políticos, así como en las regulaciones relacionadas con la propaganda electoral y el control de los medios de comunicación. De la misma forma, se cuestionó la alteración del calendario electoral debido a que la combinación de todas estas reformas terminó beneficiando a los candidatos con más campañas electorales a la vez que dejaba en desventaja a las nuevas opciones. Pese a estos problemas, la reforma cumplió su objetivo, ya que las estimaciones sobre los gastos de campaña en el 2019 se redujeron drásticamente.
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- Promover la rendición electoral de cuentas. Una de las principales deficiencias de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP), la cual se ha mantenido prácticamente inalterada, es la necesidad de mejorar la capacidad de los ciudadanos de controlar a los representantes electos vía la promesa del voto futuro: la forma en que se elige a los diputados garantiza que los partidos políticos tienen el control absoluto de quién se elige, mientras que el ciudadano prácticamente vota a ciegas, sin conocer realmente a sus representantes. El mismo problema se tiene (pero debido a la dificultad de la legislación de ejercer control) en la poca representatividad de los partidos políticos y en la alta fragmentación de las opciones partidarias, lo que ha llegado a un elevado índice de volatilidad electoral.
- Alentar una mayor inclusión política. El objetivo de alentar una mayor inclusión de mujeres, jóvenes y pueblos indígenas sigue siendo tan vigente como desde que se empezaron a proponer estos temas. Lamentablemente, este tipo de propuestas siempre despiertan mucha oposición de parte de los actores políticos.
En el proceso de instalación y discusión de la CAME, seguro que la lista de propuestas gravitará sobre estos y otros muchos objetivos de reforma, pero, en mi opinión, todas las propuestas deben priorizar las reformas relativas a estos cuatro objetivos centrales.
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