Esta tiene, como base de su contenido, el espíritu garantista de los derechos humanos. Entre otros propósitos, busca impedir que se utilice el derecho penal como arma política. Los procesos de criminalización de personas defensoras de derechos humanos y las acciones de Alejos para impedir dar cuenta de sus actos ante la ley son prueba de lo contrario.
En el caso de Alejos, a él lo protege el derecho de antejuicio en virtud de las prerrogativas que como diputado le corresponden. Lamentablemente, un paso necesario para evitar que se utilice la ley para reprimir a la oposición política ha sido pervertido por quienes gozan de ese derecho.
En enero, el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) presentaron solicitud de antejuicio en contra del diputado Alejos. Este llegó al Congreso por el listado nacional, propuesto por el partido Todos, formado con disidencia de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).
Según el MP y la Cicig, Alejos formó parte de la estructura gubernamental que utilizó sus posiciones para cobrar sobornos de empresas que gestionaban la devolución del crédito fiscal ante la Superintendencia de Administración Tributaria. Al estar involucrado en el caso, el congresista enfrentaría cargos de tráfico de influencias y cohecho pasivo.
No lo pueden capturar porque tiene derecho de antejuicio y es necesario que un pesquisidor, en este caso un juez o una jueza, evalúe las pesquisas y resuelva a) si existe el delito y b) si el congresista pudo estar involucrado. Eso es el antejuicio: valorar si la denuncia tiene base y no es producto de un interés de represión política, algo que hasta hoy ha boicoteado el legislador, puesto que ha interpuesto hasta seis recursos legales en contra del juez que lo investiga o de los mismos magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) alegando, en el segundo caso, que, como participó en la elección de estos, ellos no pueden conocer su antejuicio.
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Sin que los procesos internos concluyan, el parlamentario ha intentado recurrir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH). Esta semana llegó a Washington D. C., sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para interponer denuncia, afirma él ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, situada en Costa Rica. El legislador pretende que el SIDH emita recomendaciones que indiquen violación del debido proceso en su caso: algo absurdo cuando el antejuicio a su favor ha sido precisamente una actuación en el marco del debido proceso. Por lo tanto, ni uno solo de sus derechos ha sido violado.
Amén del espectáculo que montó Alejos en Washington, es de considerar que o es un ignorante en cuanto al funcionamiento del SIDH (por lo cual un curso básico no le caería mal) o sus propósitos son de otra naturaleza y busca otras acciones en la capital estadounidense. En todo caso, extraña su aparente desconocimiento de dicho sistema, ya que durante el gobierno del partido al cual perteneció en un inicio, la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), fungió como cónsul general de la república en Miami.
Este congresista, que lleva por lo menos un tercio de su vida dedicado a la política, ha demostrado que, lejos de hacer de aquella una profesión al servicio de la sociedad, la ha convertido en un instrumento de perversión. Mientras quienes defienden la tierra y el territorio sí enfrentan juicios políticos y sufren el uso indebido del derecho penal, Alejos pervierte la ley y el derecho de antejuicio para asegurarse impunidad. De ahí que sanear el sistema de individuos de su calaña sea una necesidad imperiosa para romper con el pacto de impunidad y el pacto de corruptos.
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