La oposición de la OEA y de otras instancias congeló el proceso de su aprobación. Un año después de esos devaneos en la cúpula de Washington, a ras de suelo estalló en Nicaragua la rebelión de abril. Y solo entonces, casi 400 muertos, 700 presos políticos y decenas de miles de exiliados más tarde, la NICA Act fue aprobada el 11 de diciembre de 2018. Se necesitó un torrente de sangre para que los congresistas tomaran conciencia de la urgencia de no suministrar más combustible financiero al FSLN.
Juzgada a la luz de su propósito, la NICA Act luce temible. Sin embargo, tras estos rugidos apareció un león desdentado. Por razones misteriosas, el BID ha continuado con la aprobación y los desembolsos. Ha sido menos generoso, pero no ha cerrado el grifo.
En 2020 el gobierno de Ortega —ese que el BID considera como «de Nicaragua»— solo ha recibido un poco más de 44 millones de dólares. Y, si dejamos a un lado los proyectos directamente destinados a paliar los efectos del covid-19, la cartera escasamente superaría el millón. Comparemos: en lo que va del año 2020, el BID ha aprobado 116 millones de dólares al gobierno de Alejandro Giammattei, 278 millones al de Juan Orlando Hernández y más de 1,500 millones al de Nayib Bukele.
Como Ortega es pesimista, después de lanzar un ojo a los vasos de sus vecinos y al que él mismo tenía en el pasado, debe pensar que el suyo está medio vacío o con el fondo apenas humedecido. Pero yo soy optimista y veo ese vaso medio lleno. Lleno de 43 millones que el BID concedió a un Ministerio de Salud (Minsa) que oculta las cifras del impacto del covid-19, que prohibió el uso de mascarillas en hospitales y clínicas públicas, que negó la gravedad de la amenaza y continúa minimizando su zarpazo, que rehusó brindar asistencia médica a los heridos durante la rebelión de abril y que ha despedido a todo el personal médico que, por fidelidad a su ética profesional, se ha opuesto a su criminal desempeño.
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Si el banco en verdad quisiera que los objetivos del proyecto fueran alcanzados, no se habría asociado a una contraparte con tan deplorables antecedentes. Pero el banco no pierde su tiempo con esas minucias. Nada lo turba ni lo espanta. Ni lo muda. El banco opera como banco. Allá por 1879, refiriéndose de forma velada al absolutismo del zar, Karl Marx le escribió a uno de sus corresponsales: «Se afirma que ciertos banqueros extranjeros, con los que cierto gobierno quiso tomar nuevos empréstitos, habrían solicitado como garantía una constitución. Pero, debido a que sus modernos métodos de hacer negocios hasta ahora se han llevado bien con todas las formas de gobierno, estoy muy lejos de creer en ello».
Y eso es lo que ocurre con el BID en Centroamérica: se lleva bien con todas las formas de gobierno. Nicaragua es buen cliente porque paga y con eso basta. Obstruir el conducto es tabú. Activa el temor a que el Gobierno no pague o a que se enrarezcan la ejecución y el reembolso —por poner un par de ejemplos— de los gigantescos proyectos previos.
Sería desatinado decir que la NICA Act no ha tenido un impacto no solo gestual, en los balances contables del ortegato. Pero sus ejecutores no se han apegado a la letra ni al espíritu de la ley. El espíritu de la ley implica el repudio de un comportamiento no humanitario, antidemocrático e ineficiente. Incluso sin NICA Act esperaríamos del BID un mayor interés en la selección de contrapartes idóneas, si es que con honestidad quiere ir más allá de la mera transacción crediticia. No ha sido el caso. Cuando desespero por los arrebatos locos de su perro y reclamo un comportamiento más sensato, mi hijo suele recordarme que es un perro. Pues sí: es un perro. Y el otro es un banco. Como muchas otras veces, mi hijo Andrés y Karl tienen razón.
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