La representante de la oficina, Liliana Valiña, destacó que un eje fundamental del mandato de la oficina es el acompañamiento en materia de derechos humanos tanto a las autoridades estatales responsables de su promoción y protección como a la sociedad, y en particular a víctimas de violaciones de derechos humanos.
En referencia al contexto nacional, la representante de las Naciones Unidas aludió al entorno electoral de 2019, año en el cual se elegirá a las autoridades de los tres poderes del Estado. También se refirió a la situación del país en cuanto al índice de desarrollo humano, puesto que Guatemala descendió dos puntos en la escala mundial. En 2018 el país se ubicó en el puesto 127: «el segundo más bajo de la región, cayendo dos puntos debido a la falta de igualdad de género y a la desigualdad social y económica», precisa el informe. Además de aludir a la intensificación de tensiones sociales y políticas, así como a reacciones adversas a la lucha contra la corrupción y la impunidad, hizo referencia al retroceso en políticas importantes.
El reporte del equipo que dirige Valiña resalta logros en materia de derechos humanos y presenta una radiografía del país en los distintos ámbitos de estos. Dicha radiografía debería ser el punto de partida de los planes de gobierno de los partidos en contienda. Allí quedan plasmadas las condiciones de inequidad y exclusión que caracterizan a esta sociedad y que conforman la arquitectura estructural responsable de moldear un sistema que impide el desarrollo y la consecución del bien común.
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Antes de la presentación del informe de la Oacnudh, también se hizo público el informe Redes Ilícitas y crisis política: la realidad del Congreso guatemalteco, producido por la Fundación Myrna Mack, el medio digital Nómada y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig). La investigación, realizada por Harold Waxenecker, parte del análisis de cómo el Parlamento se convirtió en «el espacio en el que las redes ilícitas sobrevivieron a la crisis de 2015». Explica el transfuguismo como conducta normalizada entre los legisladores y cómo por medio de este se garantizan la reelección: un fenómeno que alcanzó el 65 % entre diputados distritales en la elección del 2015. El informe explica cómo desde estas representaciones en el Legislativo se construyen las redes político-económicas ilícitas (RPEI) de carácter regional.
La investigación indica que los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad (ciacs), al incursionar en los partidos políticos, derivan en las RPEI y toman control del aparato de poder estatal. Aquí adquieren capacidad no solo de distribuirse o distribuir los recursos estatales, sino también de lucrar con la designación de posiciones que corresponden al Congreso. Una de tantas, la conformación del esquema de autoridades del Organismo Judicial (OJ), lo cual termina eliminando el indispensable sistema de pesos y contrapesos en la democracia republicana.
En definitiva, este control desde estructuras de cartel político sirve de base para sostener el sistema de inequidad y exclusión que el informe de la Oacnudh presenta. Mientras el reporte de la oficina internacional refleja con detalle y claridad, desde la óptica de los derechos humanos, la falla estructural del esquema de relaciones que nutre el sistema, la investigación sobre las RPEI analiza la arquitectura operativa.
Ambos informes son un valioso aporte para la formulación de una agenda de reformas de corto y mediano plazo si se quiere modificar el actual estado de cosas. Las RPEI funcionan a partir de intereses gremiales corruptos que favorecen la pervivencia de élites parasitarias que viven de los privilegios otorgados por aquellas. Desterrar las RPEI es un paso esencial, pero no el único, para debatir sobre los cambios indispensables a fin de superar el actual estado de cosas, que nos hunde en los indicadores de desarrollo humano. El camino, entonces, es una participación coordinada en procura de un bien común que despoje del poder a las RPEI y a las élites vividoras del sistema de privilegios.
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