Conforme avanzaron y se ventilaron más casos de corrupción por parte del MP y la CICIG, se dejó ver cada vez mejor el papel protagónico de las élites económicas tradicionales en el quehacer del Estado y, en consecuencia, en su falta de efectividad para responder por el interés general antes que por el particular/gremial. El viejo mito que distinguía entre “tradicionales limpios” y “emergentes corrompidos” se iba desmoronando precipitadamente como castillo de naipes. En cambio, se abrió un campo de visión en el cual esas fronteras que servían como campo de ocultamiento se hacían no solo porosas, sino translúcidas.

Ese paulatino desenmascaramiento se tradujo, por un lado, en una amenaza en la cual la posibilidad de seguir haciendo negocios instrumentalizando el Estado se veía cada vez más amenazada. Por lo que la primera estrategia consistía en implementar mecanismos de poder que permitieran el (eterno) retorno del business as usual. Esta disputa fue tan burda y mal ejecutada (aunque sumamente efectiva) que condujo a una crisis irresuelta de legitimidad del Estado mediante el desgaste de la relación entre los poderes ejecutivo y legislativo contra la parte del judicial que los interpelaba como nunca antes. Hoy, por ejemplo, los funcionarios deciden a su antojo si acatan o no las órdenes de las cortes. Lo cual es muy grave. Esto ha sido ya ampliamente analizado en varios escritos, incluidos los que este medio publicó a lo largo de los años. Aquí se deja ver, más claramente, la finalidad de la primera estrategia de disputa: mantener el control sobre el poder político.

El empresario Rodrigo Arenas, junto con su abogado, antes del comienzo de la última sesión de primera audiencia del juicio por financiamiento ilícito de la campaña del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) del 2015. Mayo 2018. Simone Dalmasso

Por otro lado, la súbita incapacidad de mimetizarse tras el mito de los tradicionales vs los emergentes —es decir, la puesta en escena del papel central de las élites tradicionales en la cooptación del Estado— conllevó un paulatino proceso de pérdida de legitimidad no solo ante la sociedad en general, sino ante grupos económicamente pudientes de sectores medios y medios-altos que brindaban una parte significativa de base social de las élites que cooptan al Estado: aparece ahí una incipiente disidencia.

En algunos casos, como en el del grupo la Cantina, esta disidencia se organizó y buscó fisurar desde “dentro” o “el lado” el poder tradicional de las élites aglutinadas en las gremiales empresariales más poderosas del país. Otras expresiones de esa disidencia no estaban vinculadas a alguna organización específica, pero también se mostraron abiertamente críticas. Sin embargo, todos se encontraban en una relación de poder no recíproca ante los “grandes”, que les desfavorecía de forma inconmensurable.

Estuardo Porras, miembro del movimiento La Cantina, en una entrevista de marzo 2018. Simone Dalmasso

Y es aquí donde se deja ver el objetivo de la segunda estrategia: mantener el control sobre el discurso y con ello disciplinar a la disidencia.

El discurso, en este sentido, se entiende no solo como una serie de alocuciones ordenadas que reflejan un posicionamiento político o ideológico determinado. En cambio, son discurso también las condiciones que hacen que algunas relaciones de poder sean posibles o no. Es decir, las condiciones de sociales que hacen que las relaciones entre grupos e individuos se expresen de un modo determinado y no de otro.

Modular arbitrariamente esas relaciones puede ser relativamente costoso, ya que requiere de un despliegue de fuerza vulgar que pone en evidencia lo trucado del juego en general (no solo en la relación entre enriquecimiento y el estado, sino en la relación entre los mismos empresarios). Pero, en un contexto como el que se delinea a partir de 2015, es algo que en apariencia resultaba central para la restauración del discurso que buscaban las élites dominantes.

El empresario Felipe Bosch en el despacho de su oficina, durante una entrevista al medio, en agosto 2017. Simone Dalmasso

Esto es lo que Alejandra Colom ha analizado en el estudio que Plaza Pública presenta. Con base en una metodología de antropología cognitiva, la autora explora el discurso como un fenómeno de producción de realidad social y política ubicado en un momento específico del tiempo, un lugar determinado del espacio y una serie de actores concretos: la disidencia de empresarios medianos y medianos-grandes ante el poder gremial en la Guatemala pos 2015. Colom estudia, por ejemplo, las presiones, boicots, y chantajes que afectan a los empresarios disidentes. Es decir, el discurso tiene una dimensión material que se puede traducir, por ejemplo, en que los grupos con mayor poder económico dejen de comprar o proveer a los empresarios disidentes y con ello se logra alinear, relativamente, el posicionamiento de las disidencias en favor, ahora, de los grupos dominantes.

Entonces, parafraseando las analíticas de Foucault en Las Palabras y las Cosas, el discurso se entiende como las condiciones que subyacen lo que es aceptable, lo que se puede considerar como “verdad”. O, más allá, lo expuesto en el Orden del Discurso: la formación del discurso (la formación discursiva) es en sí una formación de poder que gira en torno a lo decible y lo indecible y que deviene en la delimitación de lo factible y lo imposible.

Lo que Colom demuestra en este estudio es cómo mediante ese proceso de modulación del discurso, de formación discursiva, se disciplina a los actores disidentes, aquellos que habían salido de la norma, que estaban incluso dispuestos a sacrificar parte de sus privilegios con el objetivo de alcanzar un bien común que los trascendía.

La pregunta, a estas alturas, es si la disciplina impuesta ha extinguido o dejó latentes las disidencias que Colom ha analizado en este texto, si quedaron como una potencia que pueda renacer, como una fisura en el orden del discurso, que no se ha logrado suturar del todo y que, eventualmente, pueda ser de nuevo un factor. Solo el tiempo podrá decirlo.

Alejandro Flores es antropólogo.