Los libros son el principal vehículo de los conocimientos. A través de ellos vemos cómo es el mundo, comprendemos la diversidad, valoramos cómo viven, piensan y sienten otros. Pero también vemos qué hacen las sociedades para solucionar sus problemas, cómo se aprende del pasado para no cometer los mismos errores en el presente y cómo las ciencias van avanzando, entre muchos otros conocimientos. Lograr que esta información llegue a la mayoría de las personas debería ser una prioridad del Estado, al igual que garantizar la buena vida. Saber leer es importante, sobre todo porque nos ayuda a comprender las realidades enumeradas, pero también a entender el mundo, el país en que vivimos, a leer la realidad que nos rodea. Saber leer bien implica, a la vez, ser capaces de tomar las mejores decisiones en aras de nuestro bienestar personal y colectivo. A partir de las elecciones que como pueblo hemos realizado, la historia reciente de Guatemala nos muestra de manera contundente el hecho de que, si seguimos por el camino en que vamos, nunca saldremos del hoyo negro en que estamos metidos porque no hemos sido capaces de leer con efectividad la realidad de nuestro país.
En este sentido, aunque hay leyes sobre el libro, no ha habido una que cumpla con todos los requisitos para, de manera holística, dar respuesta a todos los planteamientos de cada uno de los sectores de la sociedad. Esperamos que, cuando eso suceda, la mayoría de los sectores involucrados tengan voz para hacer llegar sus demandas y, sobre todo, que estas sean incluidas para que demos un paso adelante en la solución de esta problemática.
¿Qué se requiere para que una ley del libro sea efectiva? No tengo todas las respuestas, por supuesto, pero considero que lo primero sería eliminar el pago del IVA por parte de los consumidores, así como de otros impuestos, aranceles y demás tributos que perjudican la producción nacional, a la vez que apoyar a los productores locales con subvenciones para hacer frente a la avalancha de la inversión extranjera (esto, en lo que a libros de texto se refiere, por ejemplo), pero también a las pequeñas empresas editoriales alternativas, a los autores nacionales, etc. Por otro lado, también se requiere que los libros importados que no sean textos escolares no paguen impuestos.
Además, son necesarios la creación masiva de bibliotecas surtidas y actualizadas, el préstamo de los libros para llevarlos a casa, la implementación de librerías en todos los rincones del país, ferias de libros, estímulos a los escritores locales, concursos, talleres de lectura y redacción y una serie de actividades constantes y continuas para generar el gusto por la lectura desde la educación formal en el preescolar hasta el posgrado y más allá, entre muchas otras actividades. En este contexto, el papel de la Editorial Universitaria de la USAC y el de los ministerios de Cultura y de Educación juegan un papel importantísimo, pues dichas instituciones tienen el reto de modernizar su infraestructura y masificar sus producciones no solo en español, sino en los idiomas mayas y en textos para personas con capacidades especiales. Para ello sería necesaria, por supuesto, no solo la intervención del Estado, sino la de todos los sectores involucrados: empresas privadas, instituciones, universidades, personas individuales, etc.
Así pues, quienes tengan acceso a la creación de una ley del libro deben tener presente que, en nuestro país, esta no puede reducirse al factor meramente económico y a defender el pago del IVA de los libros. Tal ley debe ser global e involucrar una serie de lineamientos tendientes, sobre todo, a favorecer a las grandes mayorías de los guatemaltecos, que a lo largo de su historia han vivido en la exclusión y la discriminación, sin los mínimos elementos para llevar una vida digna, incluidos los conocimientos que se adquieren, precisamente, a través de los libros.
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