Cada nueva legislatura enfrenta un clamor ciudadano de depuración más o menos fuerte dependiendo de las circunstancias. Esto, porque el Congreso es una de las instituciones en las que menos confían los guatemaltecos y porque los diputados, a su vez, son los funcionarios públicos más rechazados por la población. Una reciente encuesta del National Democratic Institute, capítulo Guatemala, revela que el 46.4 % de los consultados no tienen ninguna confianza en el Congreso y que el 33.2 % le tienen poca confianza. Siendo el Congreso una institución clave para la profundización democrática de cualquier país del mundo, su fortalecimiento desde la transparencia es un reto que no puede seguir postergándose en Guatemala.
Para aterrizar en la solicitud de depuración que presentaron las autoridades indígenas por medio de un comunicado debemos preguntarnos cuál es el Congreso que se quiere depurar. Es un Parlamento que le ha apostado al inmovilismo en medio de la batalla que se desató en 2015 entre la restauración del sistema corrupto y las reformas legales. Un Congreso que les otorga privilegios fiscales a los ganaderos (un sector con capacidad económica), pero que nunca ha pensado en reducirles impuestos a los sectores marginados que no tienen capacidad de ahorro. Uno cuyos diputados de la anterior legislatura votaron a favor de Odebrecht. Ese Congreso que bloquea las reformas para fortalecer el sistema de justicia desde que se quedó sin la excusa del pluralismo jurídico. Ese que tiene uno de cada seis diputados perseguidos por corrupción y por otros delitos. Ese es el Congreso que se quiere depurar, ya que desde hace mucho tiempo los diputados vienen realizando acciones en detrimento de las mayorías y no han asumido su responsabilidad política, que incluye dar explicaciones a la ciudadanía sobre sus decisiones y hasta dimitir de sus cargos.
Hay que aclarar también que depurar el Congreso por medio de consultas populares o de instrumentos legales y democráticos utilizados por la sociedad civil y por las distintas fuerzas políticas no es romper el orden constitucional, pues el espíritu de la Constitución y la soberanía residen en el pueblo. Son los ciudadanos quienes tienen la potestad legítima de decidir el rumbo y el destino de su país. Por eso son falsas las declaraciones de Linares Beltranena sobre que depurar el Congreso rompe el orden constitucional. También significan que a él le importa poco la voluntad popular. Cuando eso ocurre, no podemos esperar que él y los demás diputados con ese mismo discurso que defiende a los corruptos de forma oficiosa y con el mismo modus operandi respondan a las grandes necesidades de la población mediante sus acciones legislativas.
El voto a favor de los nuevos servidores públicos no es un pase de impunidad y de libertinaje político por cuatro años. Si bien existe la dimensión judicial de control de las acciones de estos funcionarios, también hay una dimensión política en la cual los ciudadanos y los partidos políticos tienen la potestad de limitar o darles continuidad a sus funciones. Por ello es antidemocrático que los ciudadanos no tengan a su alcance mecanismos revocatorios para decidir la permanencia de los funcionarios electos en el cargo cuando se considera que responden a intereses ilegítimos o corruptos en cualquiera de sus formas: secretismo en la función pública, tráfico de influencias, conflictos de interés y cabildeo político opaco, entre otros.
La depuración, por tanto, es viable legal y democráticamente. Por ejemplo, la cancelación del Partido Patriota (PP) y del partido Libertad Democrática Renovada (Líder) se dio porque se demostró que utilizaron financiamiento ilegal, es decir, no respetaron las reglas del juego. Si se demostró que violaron la Ley Electoral, ¿por qué siguen ejerciendo funciones los diputados que ganaron con esos partidos y que ahora se encuentran en el Movimiento Reformador (MR), la Alianza Ciudadana (AC) y el Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación)? En las Olimpiadas, cuando se demuestra que un competidor hizo trampa recurriendo al dopaje, se le retira su premio. Por ende, sería saludable para nuestra joven democracia que se retirara de sus curules a los diputados que hacen trampa o que pertenecen a un partido que hace trampa en las elecciones.
Para que la depuración del Congreso o el nuevo Congreso que se conforme como resultado de las próximas elecciones no signifique reciclaje y restauración del sistema corrupto es importante lograr las reformas electorales de segunda generación con atención especial al modelo de financiamiento y a los mecanismos de rendición de cuentas dentro de los partidos. Pero esto no será posible sin cierto grado de depuración del Congreso actual. A la par de ello hay que buscar la ampliación de la participación política y la generación de nuevas formas de hacer política que se caractericen por promover la igualdad en la competencia política y la transparencia en el cabildeo parlamentario. En estas reformas y prácticas reside la oportunidad de madurar nuestra cultura política y de crear institucionalidad democrática.
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