De atropellos humanos y otros males

El espíritu de la iniciativa no es algo nuevo, ya que es bien sabido que Guatemala es un país profundamente conservador y religioso, cuyos funcionarios y representantes se limitan a un discurso simplista y cuadrado que simplemente no concuerda con la realidad.

Esta iniciativa demuestra dos cosas: una profunda ignorancia acerca de los derechos humanos por parte de los diputados del Congreso, pero también que grandes sectores de la sociedad y la mayoría de los diputados no han entendido (o se niegan a entender) la naturaleza plural de Guatemala. Ello explica en parte algo tan desconcertante como esta iniciativa. Después de todo, resulta complicado servir a un Estado al que no se comprende, a un Estado que pareciera ser muy complejo para su asimilación. No encuentro otra justificación posible, además del hecho de ignorar la realidad misma.

Hace algunos días, durante una entrevista para el programa de formación periodística de Plaza Pública, el diputado Amílcar Pop me dijo acertadamente: «En el Congreso existe una ignorancia total de los derechos humanos, ¡absoluta! Es más. Las percepciones que hay son equivocadas. Sería difícil identificar a cinco o diez diputados que conozcan el tema de los derechos humanos, y quienes lo conocen responden a una visión ideológica contraria a los derechos humanos». Hoy esto se hace evidente al presentar una iniciativa que niega a los guatemaltecos algo tan fundamental como sus derechos humanos primordiales. El derecho a la libre opinión y la libertad de conciencia son solo algunos de los que se violentarían de ser aprobada. Es más. Esta iniciativa no solo viola derechos humanos, sino que pretende despojarnos de la posibilidad de construir nuestra identidad personal y negar la existencia de la diversidad basándose en algo tan difuso y relativo como lo normal.

Siglos han transcurrido desde que se inició el debate acerca de lo que debería ser cuestión de Estado y lo que no, de lo que se debería regular o no. Mi postura respecto a ello resulta irrelevante en este momento, pero si de algo estoy seguro es de que nuestra identidad es lo único tan personal como cada uno para sí mismo. Y ninguna ley debería siquiera atentar contra ello.

La iniciativa está tan llena de contradicciones que suscita varias preguntas. Pero hay una que resalta entre todas las demás. ¿De verdad pretenden legislar aduciendo que lo que algunos miles creen es normal? Parece que han olvidado que Guatemala es un Estado laico (el preámbulo de la iniciativa habla de la necesidad de la ley por la existencia de grupos minoritarios con prácticas incongruentes con la moral cristiana) y que cada individuo posee libertades a título personal.

Aunque no se pretenda perseguir penalmente a quienes consideren la diversidad sexual y la ideología de género como algo normal (¡y vaya que no!), la imposición de un modelo de sociedad heteronormado y homofóbico puede fácilmente conducir a mayores niveles de violencia contra grupos minoritarios de la diversidad sexual y construir más prejuicios negativos contra estos, quienes, por cierto, ¡son tan humanos y tan guatemaltecos como cualquier otro! Además, esto puede contribuir a reforzar el carácter machista y la persistente violencia que tanto mal nos han hecho. La aprobación de un proyecto como este constituye un acto de violencia (estructural, en contra de la diversidad sexual y de las mujeres) en sí mismo.

Solo espero que esta vez los conductores no puedan acelerar.