En un esquema ideal, las acciones y disposiciones de la Administración, que deberían encaminarse a superar el impacto del mal, han de ser trasladadas en un proceso que forme, informe y escuche. Sin embargo, las unidades de comunicación social en el aparato del Estado se ven como publicistas o propagandistas de un producto que suele ser el funcionario o la funcionaria a cargo.
De esa cuenta, no sorprende la nota que se difundiera en la red de Twitter y que al parecer proviene de la unidad de Comunicación Social de la Dirección Departamental de Educación de Sololá. Mediante una especie de circular en la cual aparecen las firmas y los sellos de Damaris Angelina González Borrayo y Salvador Petezey Cua, coordinadora de Comunicación Social de la Dirección Departamental de Educación y director departamental de Educación de Sololá, respectivamente, se instruye sobre el envío de al menos cinco videos por municipio con un contenido específico.
La nota plantea que dichas grabaciones deben realizarlas docentes que se hayan vacunado, quienes deberán repetir el texto contenido en el documento. Así, además de indicar su nombre y el nivel en el cual laboran, ellos también deberán decir que «el proceso fue rápido y eficiente». Añadirán que se les atendió bien en el centro de vacunación y deberán decir: «Gracias a las instituciones del Gobierno, y en especial al señor presidente, por permitirnos vacunarnos». El cierre será un llamado con la frase «amiga y amigo maestro, te invito a que te acerques a los centros de vacunación».
Una campaña que muestre la masividad de la vacunación contra el covid-19 y que desde las mismas personas vacunadas, en este caso los docentes, llame a sus colegas a inmunizarse es muy positiva. Sin embargo, incluir y hasta convertir en elemento central del mensaje un agradecimiento al gobernante por permitir vacunarse (como si hubiera prohibición para ello) desnaturaliza el contenido. De hecho, lo vuelve un ejercicio más de publicidad para un funcionario, en este caso el presidente Alejandro Giammattei, quien si por algo se distingue es por su incapacidad de garantizar un proceso de vacunación eficiente.
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Con esta directriz desde una unidad del Ministerio de Educación, no solo se tergiversa el sentido de la comunicación social, sino que se malgastan los recursos públicos: el tiempo de quienes graban los videos, lo derivado de la edición de estos y los costos de envío en datos de internet. Al centrar el contenido en agradecer al mandatario por algo que no ha hecho se levanta el ego de un funcionario a quien por diversos medios y desde multitud de espacios se le demanda la renuncia por incapacidad.
Esta orden no parece un hecho aislado. Así lo reveló una investigación de los periodistas Marvin del Cid y Sonny Figueroa, de la asociación Artículo 35, sobre el uso de grupos dedicados a limpiar o mejorar la imagen del Gobierno, en particular del jefe del Ejecutivo. La serie de tres reportajes de dichos periodistas muestra el rol de un personaje que no tiene un cargo público como tal, pero que ejerce poder sobre las políticas de comunicación desde el Gobierno encaminadas a proteger la imagen de la burocracia, y no a informar a la sociedad.
Lejos de que los magros recursos disponibles en el erario público se destinen a difundir mensajes que construyan ciudadanía, el ejercicio pleno de los derechos y una conducta social de protección colectiva, los fondos se emplean en el pago de unas personas dedicadas a lavar la cara de otras cuyo actuar se mantiene en el estercolero. Nuestros pueblos no necesitan alabar a un funcionario inútil y opaco en su actuar. En estos momentos necesitan que se garantice la vacunación masiva, para la cual ya se destinaron recursos. Necesitan que se informe por todos los medios la disponibilidad de las vacunas y que haya personal desplazado territorialmente para llevar la inmunización hasta donde sea necesario.
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