En todo lo ancho del espectro ideológico, uno de los factores inequívocos que distinguen a los regímenes legítimos y democráticos de los dictatoriales y antidemocráticos es la forma en que se relacionan con sus críticos y con la oposición política. Un gobierno legítimo tiene la capacidad política suficiente para saber convivir con la oposición, pues reconoce que justamente la médula del sistema democrático es garantizar la posibilidad de pensar distinto, así como la madurez política suficiente de escuchar las críticas y de extraer de ellas los aspectos constructivos, especialmente a sabiendas de que no se es perfecto ni infalible.
Es en esta línea en la cual los constituyentes guatemaltecos seguramente se fundamentaron cuando redactaron el artículo 35 de la Constitución Política de la República, que establece el derecho fundamental de la libertad de emisión del pensamiento. El segundo párrafo de este precepto constitucional debe ser una de las bases y pilares importantes de nuestras aspiraciones democráticas: «No constituyen delito o falta las publicaciones que contengan denuncias, críticas o imputaciones contra funcionarios o empleados públicos por actos efectuados en el ejercicio de sus cargos». Sentencia además que «la actividad de los medios de comunicación social es de interés público».
Es claro que esta no es la directriz de Alejandro Giammattei y de su pandilla. El pacto de corruptos liderado por el mandatario con la complicidad activa de Consuelo Porras, de las mafias reinantes dentro del Organismo Judicial y de la alianza oficialista de narcodiputados en el Congreso se perfila cada vez más afín al estilo dictatorial de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua o al de Nayib Bukele en El Salvador. En Guatemala se están agudizando los ataques en contra de periodistas y de generadores de opinión independientes, a quienes de manera explícita se ve como enemigos molestos que se deben silenciar, si no eliminar físicamente, más que como un baluarte democrático que debe ser no solo tolerado, sino también respetado y protegido.
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El régimen de Giammattei también está enviando mensajes cada vez más claros y peligrosos de reprimir a quienes critican, se oponen o protestan. Ese es el mensaje que transmiten las capturas efectuadas la semana pasada de Nancy Paola Chiriz Sinto y de Juan Francisco Monroy Gómez, quienes ya fueron ligados a proceso penal señalados de cometer el delito de depredación de bienes durante las protestas en contra del Congreso de la República por la aprobación del presupuesto para 2021, que se produjeron hace un año y que fueron violentamente reprimidas por las fuerzas de seguridad.
Insulta la inteligencia de la ciudadanía que se hayan capturado a estas dos personas en tanto que no avanza la investigación sobre lo que realmente pasó en el incendio del palacio legislativo, toda vez que existen indicios y pruebas que apuntan a que el incidente fue planeado y ejecutado desde el Congreso aprovechando la vehemencia de las protestas. Tampoco han avanzado las investigaciones para deducirles responsabilidades a los agentes de policía que usaron de manera excesiva la fuerza al golpear a Kenneth López y a Carlos Manuel González al punto de que ambos perdieron el ojo izquierdo como resultado de la brutal golpiza policial. Insulta también la inteligencia ciudadana la entrega de cinco agentes de la Policía Nacional Civil, quienes enfrentan delitos cometidos durante esas protestas. El hecho apesta a una pantomima fabricada, típica de los regímenes autoritarios y dictatoriales.
Nuestros vecinos de Centroamérica nos están mostrando con claridad trágica qué nos ocurrirá si no detenemos ya esta ola represiva y autoritaria. Cuando sea demasiado tarde, hasta quienes pragmáticamente apoyan a Giammattei sufrirán las consecuencias.
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