Se trató de un acto sencillo, en el cual se rememoró la historia de dicho centro ante un público no muy grande: algunos estudiantes apáticos que solo llegaron, vieron y se fueron, en contraste con un sector interesado en la marcha de su casa de estudios, que a nivel nacional enfrenta una crisis económica y política que amenaza su desarrollo.
Se recordó la lucha de la alcaldía indígena para la autorización del centro universitario. Sin embargo, esta no estuvo en el acto de celebración. Asimismo, entre el público estudiantil se veía poca gente indígena, a pesar de que Sololá es un municipio de alta presencia maya. Ante esa inquietud personal, tuve acceso a la importante tesis sustentada por el joven historiador sololateco José Celestino Guarcax González. Su lectura me conmovió la conciencia al constatar el profundo racismo de Estado, el alto nivel de militarización, la apatía social y el carácter centralista y monocultural de nuestra alma mater.
Según dicha tesis, la demanda de estudios universitarios emerge con fuerza a partir de 1996, con la firma de los acuerdos de paz y por la toma de conciencia del pueblo kaqchikel de que la ausencia de educación incidía en la pobreza, la exclusión y el racismo. Además, las comunidades de Sololá fueron víctimas de la represión militar en el período de la guerra interna. Así, cuando se suprimió la Zona Militar 14, la población demandó que las instalaciones fueran destinadas a la posible extensión de la USAC para evitar la privatización impulsada por Arzú, lo cual no fue posible porque al final dichas instalaciones fueron cedidas a la Universidad del Valle de Guatemala, que allí funciona actualmente para su propio beneficio y con poca proyección al pueblo maya.
En el ínterin, Ejército y Gobierno se opusieron tajantemente a la demanda y para detenerla propusieron instalar allí el Instituto Adolfo V. Hall o una escuela militar de agricultura. En tanto, la USAC no cumplió con su responsabilidad de apoyar al pueblo sololateco para la instalación del centro universitario estatal, a lo cual la población se opuso tajantemente. Ante esa demanda, el comandante militar sí exigió que se hiciera la consulta comunitaria, la cual se llevó a cabo en todas las comunidades. También se llevó a cabo un cabildo abierto convocado por la Municipalidad y presidido por Pedro Iboy Chiroy, que contó con la participación de unos cinco mil pobladores, y se hicieron marchas con seis mil participantes, así como bloqueos de carreteras, para que el derecho a la educación universitaria fuera atendido por el Estado racista.
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Igual que hoy, se criminalizaron las justas protestas y se negaron derechos. La tesis académica señala: «Se recuerda que muchos ladinos escolarizados (y el mismo viceministro de la Defensa) criticaron a los indígenas que participaron en las marchas, el cabildo y la obstaculización de la carretera aduciendo que el analfabetismo de los mayas kaqchikel constituía impedimento para exigir un centro universitario […] “Ustedes son ignorantes. Quieren una universidad, pero ni siquiera saben hacer carteles de protesta”, habría dicho el militar. Los líderes locales replicaron que las pancartas mal escritas y con faltas ortográficas demostraban claramente la necesidad de una universidad. “Para que podamos desarrollarnos y aprender a leer y escribir”, [dijeron]».
Es hasta en 2012 cuando se inicia legalmente el Centro Universitario de Sololá, pero sin instalaciones propias, hoy víctima del centralismo y del olvido de la USAC y con un presupuesto pírrico (no mayor de 5 millones, contra los 676 para el campus central, los 67 para Quetzaltenango y los entre 15 y 30 para Chiquimula, por ejemplo).
Sirvan estas letras para recordar y agradecer al comité pro centro universitario de 1997, conformado por Julián Cumatz Pecher, Ricardo Sulugüi Juracán, Luis López, Fausto Iboy, Antonio Chiroy, Anastasio Guarcax, Anselmo Bixcul y Alfonso Guárquez, y a la Municipalidad Indígena, rostro y eje de la petición. Seguramente no serán recordados ni homenajeados y los actuales alumnos no lo sabrán. Sus fotos no estarán a la par de la del obispo Francisco Marroquín o de las de los rectores, decanos y directores de la USAC. Tampoco los medios dejarán de criminalizar las luchas y las justas demandas, especialmente las de pueblos indígenas, como se sigue haciendo actualmente. Por ejemplo, la siguiente cita: «Muchos de los grupos cuyas acciones de protesta implican cometer delitos escudan atropellos contra terceros y la consecuentes violación de la ley bajo el derecho de protesta». Así es el colonialismo.
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