Lo cerca que estuvo el narcojuez y alfil de la corrupción Mynor Moto de tomar posesión de una magistratura en la CC es una advertencia muy seria y clara de cuán real y grave es esta amenaza. Si los narcotraficantes, los corruptos y la enorme diversidad de sectores y actores que con desesperación buscan impunidad logran capturar la CC, se estaría cerrando el círculo que sumiría a Guatemala, ahora sí, en un Estado fallido.
La CC ha demostrado detentar una cuota de poder posiblemente excesiva, muy por encima de la mayoría de las instituciones del Estado. Algunos estudios consideran que, durante las décadas de 1990 y 2000, la CC emitió sentencias alineadas a los intereses del sector privado empresarial, especialmente en materia tributaria. También durante la década de 2000 la CC emitió sentencias alineadas a intereses político-partidarios. Quizá el caso más notorio fue haberle permitido a Efraín Ríos Montt ser candidato a la presidencia de la república pese a la prohibición explícita en el artículo 186 de la Constitución Política de la República.
La mayoría de las magistradas y de los magistrados que integran actualmente la CC, cuyo período concluye en abril próximo, marcaron un cambio muy importante en estas tendencias, ya que emitieron fallos alineados a la ley y a la justicia, y no a los intereses del sector privado empresarial o de los partidos políticos. Independientemente de la posición que se tenga, lo que quedó muy claro es que la CC es el estamento más poderoso de Guatemala.
Por ello es que hoy las presiones son inmensas sobre las cinco instancias que el artículo 269 constitucional faculta para designar magistrados a la CC: la Corte Suprema de Justicia, el Congreso de la República, el presidente de la república en consejo de ministros, el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala y la asamblea del colegio de abogados. El caso del narcojuez Moto es solo una muestra inicial de la ferocidad de la lucha sin cuartel, y ojalá no literalmente a muerte, en estas cinco instancias por colocar a juristas que respondan obedientemente al sector que los apadrine.
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Sin embargo, posiblemente el peor problema para Guatemala no sea la ferocidad con que las mafias y el pacto de corruptos están actuando para capturar la CC, sino la apatía, el desinterés o la pasividad de la ciudadanía ante un asunto que ve y siente ajeno. Temo que el ciudadano de a pie desconoce la importancia crítica de los procesos de designación de las magistraturas titulares y suplentes a la CC, toda vez que las angustias por las graves dificultades cotidianas superan, por mucho, la atención que pueda dedicarle al asunto.
O, mucho peor aún, aquellos que conocen y entienden la importancia y relevancia de la CC están convencidos de que la lucha ciudadana por evitar la captura de esta ya está perdida a priori. Y dentro de este sector, los juristas honestos y dignos, no importa si de izquierda o de derecha. Pero los que Guatemala realmente necesita como magistradas y magistrados de la CC se niegan a participar en los procesos de selección, convencidos también de que es una batalla perdida.
Dar por perdida la batalla por evitar la captura de la CC es una gran tragedia para Guatemala. Toca generar energía ciudadana renovada, movilizarse para denunciar la captura y alentar a los juristas honestos, que creo que son la mayoría, a presentar sus candidaturas para que CC signifique Corte de Constitucionalidad, no corte capturada.
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