Así, la Iglesia católica facultaba legalmente a los invasores a arrebatar tierras y territorios, a explotar y denigrar vidas humanas y sociedades consideradas no cristianas. Esa es la matriz que justifica que los Estados coloniales de ayer y modernos de hoy monopolicen la ley y la soberanía de los territorios ancestrales.
Margarita Warnholtz Locht (la Tlacuila), etnóloga egresada de la ENAH, afirma que «en pleno siglo XXI hay países que continúan utilizando las bulas de la doctrina aludida como principio jurídico activo para mantener el despojo y la dominación de los pueblos indígenas». Por esa razón, en la visita del papa Francisco a México, la Comisión Continental Abya Yala, representante de diversos pueblos indígenas del continente americano, trató el tema de la doctrina del descubrimiento. En la declaración final solicita al papa una audiencia para dialogar sobre las violaciones de sus derechos y lo conminan a «asumir el desmantelamiento de la doctrina del descubrimiento».
Esa petición se viene haciendo desde hace unos 30 años, ya que a la fecha siguen vigentes las bulas emitidas por el papa Alejandro VI en 1493, en las cuales se les otorgaba a los invasores el derecho a ejercer soberanía sobre los territorios conquistados y a dominar a sus pobladores para reducirlos al cristianismo.
La tierra sigue siendo el problema central de Guatemala, pues está acaparada por una minoría. La oligarquía guatemalteca la defiende hasta con la violencia, controlando el poder político para no ceder ni un ápice en materia de humanizar la tenencia del vital recurso material y simbólico para los verdaderos dueños. Al igual que sus antepasados, los invasores siguen aferrados a la explotación y a la posesión de la tierra avaladas por la Iglesia católica y, recientemente, por el protestantismo, con lo cual se perpetúa el poder colonial a pesar del carácter laico del Estado.
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El uso de la religión como método de dominación plantea una doble moralidad: por un lado, los principios cristianos de humildad, solidaridad y amor por los pobres; y por otro, el mantenimiento del estado de cosas de acumulación y explotación. Prueba de ello es el famoso documento El clamor por la tierra: carta pastoral colectiva del episcopado guatemalteco, del 29 de febrero de 1988.
El documento empieza diciendo: «El clamor por la tierra es, sin duda alguna, el grito más fuerte, más dramático y más desesperado que se escucha en Guatemala. Brota de millones de pechos de guatemaltecos que no solo ansían poseer la tierra, sino ser poseídos por ella. Hombres de maíz que, por una parte, se sienten tan profundamente identificados con los surcos, la siembra y la cosecha y, por otra, se ven expulsados de la tierra e impedidos de hundirse entre sus surcos fértiles por una situación de injusticia y de pecado».
El documento describe con datos estadísticos la gravedad de la concentración de la tierra en pocas manos. Y agrega que, lejos de acercarse a una solución, la situación se torna cada día más dura y dolorosa. Reconoce que las causas tienen su origen en los lejanos días de la Colonia, que continúan «en muchos de sus defectos, vicios y estructuras de desigual e injusta distribución hasta nuestros días». Lo que llama la atención es cuando se refiere a ese origen colonial, ya que no menciona la naturaleza legal que la Iglesia católica le confirió al despojo. Dice: «Durante la época colonial, la política de la tenencia de la tierra estuvo determinada por un doble principio de carácter pragmático: por una parte, la concesión de grandes extensiones de tierra a un grupo de colonizadores favorecidos por la corona española mediante las encomiendas y las realengas…».
Queda claro que, para que el país sea democrático, plural, justo y representativo, debe basar su constitución y construcción en el reconocimiento de los derechos colectivos e históricos de los pueblos indígenas y separarse, de hecho, de la influencia de la religión, situaciones que desde 1524 han impedido construir una sociedad en armonía y con buen vivir. Al contrario, la influencia de la religión se viene acrecentando sobre Guatemala y América Latina.
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