El gobierno de Alejandro Giammattei ha empezado con estados de prevención en los municipios de Mixco, San Juan Sacatepéquez y Villa Nueva. También con tres iniciativas de ley que proponen declarar las pandillas como terroristas, disolver la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia (SAAS) y reformar la ley penal referida a la legítima defensa.
Esta última iniciativa amplía las circunstancias en las que se justifica la legítima defensa tanto en particulares como en integrantes del Estado.
En conjunto, estas medidas muestran la orientación autoritaria del Gobierno. ¿Cuáles son los criterios técnicos que fundamentan dichos actos? Sobre todo, cuando se considera que un municipio como San Juan Sacatepéquez no es de los más violentos y que dichas medidas no necesariamente reducen la delincuencia, pero sirven para controlar la disidencia local.
Declarar las pandillas como grupos terroristas tampoco resulta una medida razonable y técnicamente justificada, sobre todo después de las experiencias de mano dura de El Salvador y Honduras, que propiciaron más violencia, y no menos. Esto, porque la génesis, la estructura y los objetivos de las pandillas no son de grupos terroristas.
La reforma del Código Penal también levanta sospechas. Estamos en un contexto en el que se manipulan las leyes y se benefician los intereses de los grupos de poder. Podría servir como justificación para medidas represivas aunque muestren ejemplos exitosos de defensa.
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Sin embargo, son medidas que despiertan apoyo público. Aunque su eficacia se puede debatir con cifras y ejemplos, son percibidas como necesarias por amplias capas de la población. Cuando existe tanta delincuencia y violencia (pese a que las cifras y los índices de homicidios han disminuido sistemáticamente desde 2009) [1], las medidas que ofrecen solucionar de forma rápida el problema reciben apoyo. Hay que recordar que el mensaje de mano dura fue bien recibido cuando Otto Pérez Molina y el Partido Patriota hicieron campaña y llegaron a la presidencia.
Este autoritarismo de derecha coincide con otro elemento que muestra la degradación política: la anunciada, vista y muy comentada pelea entre el alcalde de Mixco, Neto Bran, y el de Ipala, Tres Kiebres.
Por lo que se pudo apreciar, dicha pelea llegó a una audiencia significativa. Puso en el top of mind a ambos alcaldes. Fue la comidilla del momento y generó una cantidad de comentarios y memes en torno a estos políticos.
En conjunto: medidas populares para combatir la delincuencia (no necesariamente eficaces, pero sí respaldadas por el sentido común) y peleas de boxeo.
Son acciones que le gustan a la gente, que reciben respaldo, por lo menos en el corto plazo. La cuestión política es cómo se dan respuestas eficaces a esta situación. ¿Cómo se hace fuerza social que permita percibir que las acciones represivas coyunturales, sin un horizonte estratégico y sin acompañamiento de otras medidas, no resuelven el problema (y hasta pueden ser contraproducentes)? ¿Cómo se hace fuerza social para que se aprecien medidas distintas a una pelea de boxeo entre dos alcaldes (como mejorar índices de salud, educación, vivienda…)? Aquí se tiene un reto político muy difícil.
Mientras, esto es circo sin pan, pero con garrote.
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[1] Pese a este descenso, todavía son cifras altas, muy por encima de la media mundial. Además, otros delitos se siguen cometiendo, con lo cual se refuerza la percepción de un entorno violento.
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