La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) es precisamente una variación efectiva de esta necesidad de acompañamiento a las instituciones de justicia y de seguridad en el país, por lo que denunciar su supuesta violación a la soberanía nacional, como ocurre actualmente, resulta un despropósito. Si la idea es construir un Estado de derecho, que actualmente no existe, las partes deberían enfocarse menos en desprestigiar a la comisión y más en asegurar que contribuya al traslado efectivo de capacidades a las instituciones locales.
Estados débiles y seguridad
La debilidad histórica del Estado de Guatemala ha estado acompañada, desde siempre, por la participación de expertos extranjeros invitados por políticos y por élites locales a aportar a la modernización de las fuerzas de seguridad. Ya Justo Rufino Barrios y Manuel Estrada Cabrera, poco después de la fundación de la Policía Nacional en 1881, reclutaron a un par de agentes estadounidenses para hacer más eficiente el cuerpo policial. En esa época, el propósito era usar la Policía como herramienta coercitiva a favor del proyecto de élite de la reforma liberal. Pero, con períodos de mayor y menor intensidad, siempre ha existido una tutela de Estados Unidos como parte de sus esfuerzos por garantizar la seguridad hemisférica y preservar sus intereses geopolíticos.
Recordamos principalmente el golpe de Estado a Jacobo Árbenz, pero fue en los años posteriores (durante la Guerra Fría) cuando Estados Unidos mantuvo y llegó a institucionalizar su acompañamiento a la labor policial. La obsesión de los gobiernos entre Kennedy y Ford por combatir el comunismo internacional garantizó el apoyo constante a las operaciones contrainsurgentes en Guatemala y, en el clima ideológico de la época, le permitió a la élite guatemalteca enmarcar sus problemas locales en una narrativa de seguridad hemisférica. Y cuando la administración Carter amenazó con terminar la ayuda militar a Guatemala a raíz de la continuidad de los abusos de las fuerzas policiales y militares, las élites mismas buscaron expertos más radicales en Argentina e Israel, un proceso que contribuyó al escalamiento de la violencia contrainsurgente, como documenta Roddy Brett, de la Universidad de Saint Andrews en el Reino Unido.
En la época posconflicto, actores civiles internacionales (Naciones Unidas, la Guardia Civil Española, la Unión Europea) acompañaron un proceso de desmilitarización de las fuerzas policiales, y Estados Unidos tomó nuevamente el liderazgo. Ante la dificultad de fortalecer instituciones locales únicamente con estrategias de contrainsurgencia, sin embargo, la comunidad internacional de expertos en seguridad ha añadido un componente de empoderamiento de los actores locales. La Iniciativa Regional de Seguridad para América Central (Carsi, por su sigla en inglés), por ejemplo, nace para establecer seguridad en comunidades en riesgo, pero se suma a un enfoque preventivo y más orientado a la comunidad en años más recientes.
El rol de los actores locales
En este contexto, la Cicig es una iniciativa más completa, que reconoce seguridad y justicia como elementos igualmente importantes para frenar los cuerpos ilegales y los aparatos clandestinos de seguridad. Como cada vez son más claras la ineficiencia de las estrategias basadas en tácticas contrainsurgentes (recuerden las políticas de mano dura) y la insostenibilidad de los enfoques de arriba abajo, la Cicig interviene con un énfasis en fortalecer las capacidades locales.
De ahí que en años recientes la comisión ha traspasado técnicas y conocimientos de primer orden a los funcionarios locales del Ministerio Público (MP). Pero el rol que este juega en la persecución penal es insuficiente si no hay también un sistema de justicia fuerte e independiente que emita condenas con apego a derecho. También es un papel que escasamente habría tenido el impacto de los últimos dos años sin el apoyo y la vigilancia constante de la población. Y es por ello que haber abanderado el proceso de discusión de las reformas constitucionales (junto con el MP, la Procuraduría y los tres poderes del Estado) era una tarea necesaria para cumplir con los objetivos de la comisión.
La intervención de la Cicig debe terminar en algún momento, pero es precisamente por su estatus incompleto que debemos atender el fortalecimiento del Organismo Judicial y cumplir con una lista importante de temas aún por saldar (lean la lista de Dina Fernández). Estados Unidos, sobre todo, mantiene interés en vigilar su área natural de influencia geopolítica. Pero para el país es la oportunidad de aprovechar el ímpetu actual de la lucha contra la impunidad para desarticular las mafias y fortalecer las instituciones del Estado. Que no venga la cantaleta de intervencionistas a frenarnos.
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