Sin embargo, cuando el Estado deja de velar por el bienestar de la mayoría de la población, privilegiando a una élite a través de la manipulación discrecional del entramado institucional y la agenda de políticas públicas, incluidas las fiscales, se gestan las condiciones para el secuestro de la democracia. La captura del Estado es entonces el ejercicio de influencia indebida por parte de las élites para que las leyes y las políticas funcionen de acuerdo a sus intereses particulares y, en consecuencia, en detrimento del interés general —el bienestar— de la población. De esa cuenta, el efecto neto de la política pública tiende a mantener e incluso aumentar la desigualdad, así como la pobreza, lo cual observamos en el caso de Guatemala.

Cucharas y olla de una familia en Purulhá, en mayo 2014. Simone Dalmasso

Son múltiples los mecanismos de captura que diversos estudios han identificado. Oscilan entre lo legal pero ilegítimo (puertas giratorias, altos presupuestos para lobby, campañas mediáticas con mensajes manipulados) y lo abiertamente ilegal (como el pago de sobornos y el financiamiento electoral ilícito). Es evidente que para este segundo mecanismo la impunidad representa un factor clave que posibilita la captura.

La evidencia que ha generado el estudio de la economía de captura, un elemento de la captura del Estado, demuestra que la ilegalidad le es indispensable, basándose como lo está en los beneficios derivados de la impunidad —ese saber o dar por supuesto que no habrá castigo por acciones que abiertamente violen la ley.

En el contexto guatemalteco, este tema ha sido destacado por Oxfam, junto con la plataforma ciudadana Paraíso Desigual, mediante un estudio macro desarrollado por Harald Waxenecker. El autor explica los mecanismos de la economía de captura, cuantificando los daños producidos al Estado, en detrimento del bien común y a favor de agentes privados, personas o empresas, que se apropian indebidamente de parte del presupuesto público.

Harald Waxenecker, en una entrevista en febrero 2019. Simone Dalmasso

La economía de captura implica que ciertos actores relativamente poderosos —cúpulas empresariales y élites políticas— alteran la competitividad, y aplican mecanismos, algunos lícitos, la mayoría ilícitos, que (re)producen «excedentes extraordinarios»: ganancias que las empresas no habrían acumulado si no hicieran uso indebido de su poder para sacar ventaja.

El origen del excedente extraordinario es el Estado, pero sus formas de materialización son difusas. Puede provenir de la sobrevaloración de obras, bienes y servicios. De esta manera, el propio incremento presupuestario asume el costo del excedente extraordinario. También puede resultar del detrimento de la calidad de la ejecución, lo que reduce la inversión real para costear el excedente extraordinario. En todo caso, el excedente extraordinario proviene de recursos estatales, pero es generado por las empresas captoras. La totalidad de los recursos pasa por los actores económicos que —después— se reparten los excedentes indebidos.

Además del enriquecimiento ilícito, el excedente extraordinario tiene una función política en la medida en que contribuye a perpetuar las estructuras de poder y su impunidad. El financiamiento electoral ilícito, la influencia política indebida y el sostenimiento de estructuras de impunidad son elementos estructurales del continuum de la economía de captura.

Felipe Bosh y otros empresarios, durante un receso, en el estacionamiento del organismo judicial, durante la primera audiencia por el caso de financiamiento electoral ilícito, en junio 2018. Simone Dalmasso

En este sentido, la perpetuación del poder político que se sirve de la economía de captura distorsiona el sistema electoral y aun la democracia. En la actualidad, el elemento más disputado para sostener la economía de captura es la impunidad.

«Disidencia y Disciplina», el libro presentado por la antropóloga Alejandra Colom, examina justamente esta dimensión de la captura del Estado guatemalteco, a saber: la importancia medular que tiene la impunidad judicial para que un segmento poderoso de la élite económica pueda seguir ejerciendo una influencia indebida sobre el devenir político y económico del país, incluyendo la agenda de políticas públicas del Estado.

A nuestro criterio, este libro complementa de manera elocuente el estudio macro citado arriba. Desde una aproximación etnográfica y mediante testimonios personales, Colom saca a la luz la forma concreta en que los mecanismos de captura se manifiestan en la vida cotidiana de empresarias y empresarios que en su momento asumieron una postura crítica —disidente— frente al statu quo.

Lejos de perseguir una agenda radical, estos empresarios buscaban fortalecer las instituciones y la administración pública, el cumplimiento de la ley y la garantía de reglas claras para competir en igualdad en el mercado (denunciando y renunciando a los juegos políticos que perpetúan relaciones empresariales asimétricas).

Sin embargo, mediante la coacción simbólica y material fueron sancionados, sometidos al orden o al ostracismo—efectivamente silenciados—desde «la maraña» del poder gremial y sus redes de parentesco.

Durante el acto inaugural del I Congreso Industrial Nacional, 1985. De izquierda a derecha: Ing. Eduardo Sperisen, Sr. Fraterno Vila Girón, Ing. Víctor Manuel Suarez Valdés, Ing. Julio Campos Bonilla, Ing. Carlos Torrebiarte (presidente), Ing. Álvaro Castillo Monge (vicepresidente), Sr. Pascual Méndez, Sr. Manuel Yarhi, Ing. Emilio Santano e Ing. Fernando Arimany. Fuente: Regina Wagner, Cámara de Industria de Guatemala, 50 años de Historia. Simone Dalmasso

El estudio de Colom que aquí nos presenta Plaza Pública es una intervención valiosa que contribuye a los estudios de las élites, pues llena un vacío testimonial que nos permite acercarnos a las voces de quienes rara vez escuchamos y que abona la comprensión del ejercicio del poder oligárquico en Guatemala.

Se trata de un ejercicio valiente por parte de las mujeres y los hombres que prestaron sus testimonios, permitiéndonos al resto ver detrás de la cortina del poder para conocer los mecanismos (a veces sutiles, a veces burdos) mediante los cuales fue sofocado un auténtico impulso modernizante y democratizador dentro del mismo sector empresarial entre los años 2015 y 2017.

La lectura nos ha dejado con sentimientos encontrados: por un lado, nos desconcierta ratificar la enorme dificultad que supone para las empresarias honestas y los empresarios honestos acuerpar procesos reformistas en el país, por modestos que sean. Por el otro, nos llena de esperanza constatar que existen empresarias y empresarios disidentes dispuestos a sacrificar al menos una parte de sus privilegios para vivir en un país más justo y en una sociedad más solidaria, en la que haya menos hambre y más democracia.

Creemos que el empresariado es mucho más que los pequeños grupos que tienen capturado el Estado, constituyéndose en una mafia de cuello blanco que se beneficia de mantener una cultura de silencio y de temor al disenso. Se trata de una absoluta minoría (poderosa, sí) que busca mantener cooptado el sistema de justicia para garantizarse impunidad y privilegios, haciendo de Guatemala un Estado casi fallido. Pero sabemos que la mayoría de empresarios del país —micro, pequeños y medianos— desea un clima de negocios más democrático y moderno que les garantice condiciones para participar y competir en igualdad de condiciones.

La autora del estudio Disidencia y Disciplina, Alejandra Colom, en una entrevista de agosto 2017. Simone Dalmasso

No existe sociedad alguna en cuyo devenir el empresariado no desempeñe un papel central. En Guatemala, el sector privado podría constituirse en un actor importante en el proceso de transición hacia una sociedad más democrática con un Estado más moderno, capaz de reducir las extremas desigualdades que se traducen en pobreza, violencia y una pérdida constante de capital humano, tanto por los altísimos niveles de desnutrición crónica infantil y la pobre calidad y cobertura de la educación y la salud públicas, como por la emigración masiva de quienes ya no encuentran esperanza de superarse en el país.

Para poder desplegar todo su potencial como hombres y mujeres de negocios, como ciudadanas y ciudadanos, los cientos de miles de empresarios, ejecutivos y empleados que seguramente se verían reflejados en los testimonios de «Disidencia y Disciplina», y que representan una disidencia latente dentro del sector privado guatemalteco, tarde o temprano tendrán que contribuir a la depuración y el rescate de su gremio.

Ana María Méndez Libby es Directora de país de Oxfam
Susana Gauster es Responsable de Investigación e Influencia de Oxfam
Daniel Perera es Oficial de Public Engagement de Oxfam