En las tertulias privadas había opiniones divergentes, y la defensa de cada una resultaba floja y subordinada a variables desconocidas.
Con la convocatoria del Tribunal Supremo Electoral (TSE) el 18 de enero, las cosas se aclararon un poco, pero al mismo tiempo surgió una nueva serie de interrogantes.
Cuando el presidente clamaba por elecciones libres, cabía fruncir el ceño. ¿A qué se refería? Veamos algunas claves para comprender lo que se nos viene encima.
La mayor amenaza para el sistema gobernante era la inminencia de que se hiciera justicia contra quienes robaron el sueño de las elecciones democráticas para convertirlas en un baratillo sin higiene moral, carente de políticas públicas incluyentes.
El montaje electoral ha conseguido algo de cierta manera envidiable: crear un equilibrado ecosistema donde los intereses de una parte del capital hegemónico, del narcotráfico, del mercantilismo, del crimen organizado y de la burocracia cleptómana se pisaran ocasionalmente la cola, pero no se arrancaran la cabeza. Algunos analistas le llaman a esto «cooptación del Estado». Los de menos luces intelectuales le llaman «Estado de derecho» y hasta «soberanía». ¿Por qué es envidiable? Porque las ideologías partidarias son incapaces de acuerdos semejantes tan solo en su sector. Si no lo cree, revise la cantidad de partidos y de aspirantes a la presidencia representando a no más de tres miméticas corrientes ideológicas.
Así que desaparecida la amenaza (personalizada por la Cicig, un Ministerio Público empoderado y protegido para ejercer su papel y algunos jueces independientes igualmente resguardados), el día se aclaraba para que amaneciera el proceso eleccionario 2019.
El eufemismo elecciones libres significaba que los partidos políticos corruptos no fueran eliminados, que los depredadores milico-público-privados no fueran identificados ni castigados y que ningún político delincuente resultara perjudicado por jueces y magistrados dignos, el TSE o la Contraloría General de Cuentas. ¡Así de peligrosa es la influencia de la Cicig!
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Ahora tendremos elecciones libres de cualquier amenaza de tutelaje pro democracia legítima y representativa. Queda por conocerse cómo se librarán los partidos de las regulaciones al financiamiento y a la publicidad. Nos dirán, en principio, que la ley no es clara y que todos somos libres de hacer lo que esta no prohíbe. Ofrecerán ingeniosas interpretaciones pseudolegales y al final actuarán cínicamente, sabiendo que, si esto fuera un partido de futbol, están jugando siempre de locales, no responden por lo que hagan sus barras bravas, el árbitro ha sido seleccionado a dedo, no hay VAR que valga y la portería contraria ha sido agrandada en la misma medida en que se achiquitó la propia. Cualquier acusación de juego sucio será fake news e infames campañas de desprestigio.
Un mecanismo irregulable de propaganda será la provocación. Hay que decir burradas, sandeces y grandes mentiras para atraer la atención pública. Hay que provocar escándalos para tener los reflectores encima. Y nada podrá ser llamado campaña. Dirán que promocionar una marca de ropa es una actividad comercial legítima, pese a que todos sabremos que se trata de un acto de propaganda política encubierta aunque no pueda demostrarse ante un árbitro embelesado con su reloj en vez de con la jugada.
Decía un político antiguo (¿habrá sido Aragón Quiñónez, quizá citando a otros?) que lo importante es que los medios de comunicación repitan tu nombre. Si son buenos comentarios, perfecto, pero no está nada mal que los comentarios sean negativos. ¡Lo importante es que te mencionen!
Así que mucho cuidado. En nuestro afán de evidenciar a los malos candidatos, podemos convertirnos en cajas de resonancia al comentar, reenviar y citar sus palabras o acciones o al despotricar contra estas. Ustedes y yo podemos ser los agentes gratuitos para sacar del anonimato a candidatos que, con suerte, conseguirían poco más de la mitad de los votos de su familia.
Por falta de espacio no se comentan otros tres actores principales de la iniciada campaña: el atascamiento de las vías de judicialización (urge acabar con la Corte de Constitucionalidad independiente) la descalificación del oponente a puro plomazo y el auge del terrorismo netcentero. No tendremos elecciones libres, sino en caída libre.
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