La bancada del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) propuso modificar el Impuesto sobre la Renta (ISR) con el fin de obtener recursos para el sector de seguridad y justicia. Los cambios aplicarían a las personas que devengan un salario igual o mayor a Q50 mil mensuales y a las empresas con utilidades superiores a Q5 millones al año. “Son 26 mil personas y 630 empresas que pagarían más impuestos”, aseguró Carlos Barreda, diputado de la UNE.
El legislador dijo que la cifra señalada es un cálculo estimado que se basa en datos del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos Familiares (ENIGFAM) y la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos (ENEI). La afirmación de Barreda es “verdadera”, si se revisa los montos que los contribuyentes aportaron a la recaudación tributaria, que suman 28,407 personas y empresas con mayores ingresos, que en 2014 aportaron más de Q50 mil en impuestos.
El Instituto Nacional de Estadística (INE) calcula que 6.3 millones personas conforman la Población Económicamente Activa (PEA), de las cuales, sólo 2,096,877 tienen un empleo en el sector formal. Según información del seguro social, hasta mayo de este año había 1,263,745 personas inscritas, que representan a trabajadores en relación de dependencia con la garantía de un salario, acceso a seguridad social, vacaciones y prestaciones; de ellos, en promedio 990 mil tenían salarios bajos, menores a Q4 mil y están exentos del pago del ISR.
Según un informe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), que desglosa los montos de recaudación tributaria que aportaron los contribuyentes obligados a trasladar el dinero a las arcas, en 2014 había 1,561,105 Números de Identificación Tributaria (NIT) inscritos, de los cuales 1,427,497 pagaron menos de Q5 mil en impuestos, y 28,407 aportaron montos superiores a Q50 mil. La reforma que plantea la bancada de la UNE afectaría a estas personas y empresas que tienen mayores ingresos.
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La propuesta es aumentar a 10% el impuesto del ISR, para las personas que ganan más de Q600 mil al año, y subir a 30% para las empresas que facturan más de Q5 millones, las que en la actualidad pagan una tasa de 25% sobre sus ganancias.
Hugo Maúl, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), opina que la propuesta de la UNE parte de la premisa de responder a la falta de recursos en el sector justicia, pero cree que se requiere una planificación operativa, propuestas de reformas administrativas y legales que permitan fiscalizar en qué se utilizaría el dinero y garantizar que se manejará de una manera eficaz y sin corrupción. “No sabemos exactamente en qué, cómo, cuándo, se van a gastar esos recursos. Para qué van a servir y qué resultados se van a lograr”, asegura.
Maúl considera que se necesita una discusión amplia de una reforma tributaria integral, para que no sólo se hable sobre tasas de impuesto, sino de todos los temas de las finanzas públicas.
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