Las restricciones de movilidad han significado merma en ingresos para empresas y personas. Guatemala, afectada por la enfermedad, no es ajena a sus consecuencias, pues, de hecho, ha tenido una estructura de exclusión a lo largo de sus dos siglos de vida como Estado-nación.
Pero volvamos a su efecto en empresas y personas. Las primeras, sobre todo las grandes empresas, aquellas cuyos propietarios han concentrado el ejercicio del poder político y económico en el país, no tienen excusa para alegar pérdida continuada ante el cierre. El relato social instalado por dichos sectores ha sido que la gestión privada siempre resulta mejor que la pública. Han vivido de saquear los recursos del presupuesto y, a la vez, cuando los servicios alcanzan un nivel de competitividad, han encontrado los mecanismos para privatizar y quedarse con los bienes nacionales construidos con nuestros impuestos. Así fue con el servicio de telefonía, con la energía eléctrica, con la construcción de obra gris. Así fue con los silos del desaparecido Instituto de Comercialización Agrícola (Indeca), creado para mitigar las condiciones de hambruna que luego de su privatización se dispararon en el corredor del hambre y la miseria, eufemísticamente llamado Corredor Seco.
Sin embargo, el relato de la gran empresa monopólica y oligopólica del país es que se necesita mano privada para manejar los recursos nacionales. Pero, como se ve ahora con la crisis, resulta que, a la hora de rajar ocotes, siempre no podían resistir en tiempos de crisis pero ni unas dos semanas, mucho menos dos meses. Pareciera que tienen mejores condiciones de sobrevivencia aquellas personas que viven de su trabajo diario o aquellas pequeñas o medianas empresas que sí cumplen con todas las condiciones laborales y fiscales. Los grandes, los eternos parásitos, ahora se valen del permiso estatal para suspender contratos y de la laxitud de las autoridades para evadir el pago de prestaciones.
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La crisis de miseria enmascarada que vivía entre nosotros antes del covid-19 ha golpeado más gravemente no a las empresas privilegiadas de siempre, sino a quienes sobreviven a puro esfuerzo personal o familiar. Pequeñas y medianas empresas, personas del comercio o servicios por cuenta propia, incluida la labor agrícola en el campo. Ellas son las verdaderas afectadas, y a ellas no han llegado ni el auxilio acordado con los fondos destinados para la atención de la crisis ni las medidas de mitigación del impacto económico.
Por ello, la medida planteada como señal de necesidad de alimento en lugares de cuarentena forzada empieza a ser visible en rutas habituales de transporte. Izar una bandera blanca para pedir comida es una práctica que muchas personas realizan a orillas de puntos clave en la ciudad. Como dice en un comunicado el colectivo Rayuela, «esa fila estaba allí hace años y no la veían». Ahora, con las banderas de pedido de auxilio, de rendición ante la necesidad, es visible y patente. Y será más visible —ojalá que no— aunque se reabra toda la actividad comercial.
Por eso es que las medidas de mitigación económica resultan indispensables y tan vitales como las de prevención sanitaria. Esto se ha dicho hasta la saciedad, pero esas voces no llegan al oído del presidente Alejandro Giammattei, mucho menos al del grueso de los diputados, a quienes parece que la tragedia de la pandemia solo sirve para acumular riqueza y sostener estructuras de corrupción.
Contrario a la indolencia social, la solidaridad ciudadana cobra luces y energía. Por todo el país, desde diversos espacios se multiplican las acciones de apoyo hermanado, horizontal y sostenido. Al avistamiento de banderas blancas, sin necesidad de desplegarse o exhibirse como propaganda, en cada mirada de apoyo, en cada jornada de trabajo por las otras y los otros, en cada pan o tortilla compartido, se alza, como permanente primero de mayo, la bandera roja de ternura proletaria. ¡Viva el 1o de mayo! ¡Vivan las trabajadoras y los trabajadores del mundo!
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