Hace apenas unas semanas, un tráiler fue hallado abandonado en una carretera vecinal en Texas. Dentro, cerca de un centenar de personas quedaron encerradas bajo un calor por encima de los 40 grados. 52 fallecieron por asfixia, entre ellos 16 guatemaltecos. Eran parte de esa interminable cadena de seres humanos que, por razones muy diversas, se sienten conminados a dejar atrás su patria y sus vínculos más entrañables.
La odisea migratoria conlleva riesgos inimaginables: atravesar el territorio mexicano, minado de organizaciones criminales dedicadas al tráfico de personas; enfrentarse a las autoridades migratorias de los Estados Unidos donde muchas familias han sido separadas e inclusive muchos niños no han logrado ser reunificados con sus padres; todo con tal de, finalmente, obtener esa presea que se dibuja con manida ilusión: el sueño americano.
La frontera de los Estados Unidos separa con un grueso muro, elaborado de distintas materias, el primer mundo, donde se puede soñar y prosperar, de ese otro donde la pobreza, la inseguridad frente al crimen y la ausencia de opciones terminan convirtiéndose en muros mucho más impenetrables y temibles. Prueba de la dura verdad de la desesperanza es que una masiva diáspora de centroamericanos se despliega sin parar por el territorio mexicano, anhelando llegar a la frontera del norte.
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Para los traficantes, los seres humanos (cerca de un centenar) que abordaron el tráiler que terminó abandonado en Texas dejaron de ser personas desde que se entregaron, sin defensa posible, a su implacable poderío. En manos de estas organizaciones criminales, los migrantes son una mercancía de la cual pueden disponer de distintas maneras. Algunos, son transportados hasta su destino en condiciones infrahumanas mediante el pago de altas sumas de dinero que los dejarán endeudados por años. Ocurren muchos accidentes en el trayecto, o bien, son abandonados a su suerte, sin ninguna misericordia, como ocurrió en la más reciente tragedia.
A pesar del trato vejatorio, quienes logran arribar a su destino pueden considerarse con suerte. A muchos otros les espera un destino que puede llegar hasta el horror. Los traficantes pueden optar por vender a los migrantes a grupos criminales que se dedican a reclutarlos para trabajos forzados: prostitución, labores del campo, minería, construcción. Los niños son utilizados para la pornografía o para pedir limosna a cargo de sus captores. Muchas organizaciones de derechos humanos o de investigación de crimen organizado han reportado la existencia de campos de trabajo forzado en México, una suerte de esclavismo contemporáneo que no es investigado.
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Los incontables testimonios de migrantes dan cuenta de que hay regiones donde los carteles de narcotráfico secuestran a los migrantes con el propósito de extorsionar a sus familias. Grupos enteros son desviados de su ruta para retenerlos por largos períodos, veinte, cuarenta, o más días interminables, mientras los delincuentes logran amedrentar a los familiares lo suficiente para recaudar sumas de dinero adicionales. Mientras dura el cautiverio, son torturados de forma física y emocional hasta extremos inimaginables. Algunos logran salir con vida. Otros, son asesinados de la manera más cruel. Muchos han terminado en fosas comunes y sus familiares nunca vuelven a saber de ellos.
Muy pocos de estos crímenes salen a la luz. Sin embargo, algunos sí han logrado convertirse en noticia. Uno de los más significativos sucedió en agosto del 2010 en Camargo, Tamaulipas. Las víctimas fueron 72 migrantes de diversos orígenes en tránsito por México con rumbo a los Estados Unidos. Este hecho es uno más en la lista de crímenes no resueltos por el Estado mexicano pues hasta esta fecha continúa impune. De los asesinados, 13 eran guatemaltecos. Según el testimonio del único sobreviviente, fueron agentes de la policía quienes los entregaron al grupo criminal.
Un año después, hubo una segunda masacre en el mismo lugar. 193 personas fueron sacadas de los buses en los que viajaban, asesinadas y enterradas en fosas comunes. En este suceso, sí se realizaron investigaciones. Se descubrió que la policía ayudó en tareas de vigilancia y en el secuestro de algunas víctimas. Más recientemente, el 22 de enero del año 2021 la tragedia se repitió: 19 migrantes fueron asesinados de nuevo en Camargo, 14 de ellos eran guatemaltecos. Este último caso, generó la detención de 12 policías por su presunta participación en el asesinato. La reiteración de estos eventos se debe a que se trata de una zona que es territorio en disputa entre cárteles por el tráfico de droga y personas. Sin embargo, las regiones afectadas por el predominio de las organizaciones criminales ya no se ubican solamente en el área norte de México. Se han extendido a Chiapas, Oxaca, Veracruz.
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Sucesos como el más reciente del tráiler abandonado en Texas son recibidos en Guatemala con pesadumbre. Compartimos el dolor de las familias que, en lugar de tener la feliz noticia de que sus seres queridos han hallado lo que anhelan, los reciben en un ataúd. Otros, menos afortunados, jamás vuelven a saber qué pasó con sus seres queridos. Quizá son parte de los miles de cadáveres que yacen en fosas comunes en el territorio mexicano. Quizá languidecen en una cárcel como sucedió con Juana Alonzo Santizo, acusada de forma injusta y sin el apoyo del Estado guatemalteco.
Pero ¿es suficiente el condolerse? Crímenes de lesa humanidad se están cometiendo ante nuestros ojos y, sin embargo, la exigencia social para resolver el problema de la migración es mínima. De hecho, cada año cuando se recibe la noticia del aumento en las remesas la algarabía se manifiesta. El propio presidente, principal responsable de la vida y seguridad de los guatemaltecos, hace alarde de la buena marcha de la economía del país. Resulta irónico que la única buena noticia que el mandatario tiene para mostrar es una engañosa bonanza que está ligada al creciente número de guatemaltecos que el país expulsa a causa de la miseria y el abandono del Estado.
¿Cómo se pueden afrontar estos crímenes que trascienden las fronteras? Pareciera ser que, una vez los migrantes salen del país ya no existe ninguna garantía para la protección de su vida y de sus derechos humanos. Según los reportes emitidos por las agencias estadounidenses, el gobierno mexicano ha fracasado en cumplir con los esfuerzos mínimos para la eliminación del tráfico de personas. Pareciera ser que no es un tema de interés para la agenda nacional ya que existe una virtual ausencia de políticas públicas para reaccionar a lo que está sucediendo.
También se ha evidenciado que, en los distintos casos que se han hecho públicos, hay oficiales de la policía y departamentos de migración coludidos con líderes de los traficantes o son ellos mismos los autores del crimen. El Departamento de Estado ha declarado que México no ha investigado, enjuiciado y sentenciado a los culpables y eso hace que los crímenes contra los migrantes queden impunes.
En cuanto al gobierno de Guatemala si alguna preocupación tuviera, los funcionarios responsables no se limitarían a recibir los restos fúnebres de migrantes cada vez que ocurre una tragedia. Sus acciones se encaminarían a una negociación internacional que no esté centrada exclusivamente en los intereses de “seguridad nacional” de Estados Unidos, como sucedió durante el régimen de Donald Trump cuando, tanto México como Guatemala se convirtieron irónicamente en “Tercer país seguro, con obligación de recibir migrantes pendientes de peticiones de refugio y, además, se comprometieron a “cazar” migrantes que atravesaran su territorio para impedirles el paso.
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La obligación de los funcionarios de gobierno es poner sobre la mesa de negociación una agenda de trabajo transnacional que dé prioridad a la protección de los derechos humanos de los migrantes guatemaltecos mientras atraviesan territorio mexicano y cuando llegan a la frontera norteamericana. También tratar a los migrantes extranjeros con dignidad y protegiendo sus derechos.
Pero antes de eso, el gobierno tiene la misión pendiente de propiciar la verdadera seguridad humana que está afincada en la libertad de vivir sin miseria y la libertad de vivir sin miedo para que los guatemaltecos puedan quedarse en su país. Juan Wilmer y Johnny eran dos jóvenes guatemaltecos que tenían el impulso vital de transformar sus vidas mediante el esfuerzo propio, sin embargo, no pudieron confiar que esto lo lograrían en Guatemala. Ahora están muertos. Y su historia es una grave acusación ante el abandono del Estado y el sistema económico que nos domina. ¿Podemos seguir consintiendo el horror humanitario que sucede ante nuestros ojos sin hacer nada para impedirlo?
