Para un grupo que se siente perseguido por la justicia, más importante que capturar los organismos Ejecutivo y Legislativo es meter en su bolsillo a los magistrados de la CSJ y de las salas de apelaciones. Este es el sueño más ambicioso del Pacto de Corruptos, ya que permitiría anular los procesos penales pasados y excarcelar a los implicados, anular los procesos actuales desatando un ataque despiadado en contra del pequeño grupo de jueces honestos e íntegros y anular procesos nuevos obstruyendo las acciones de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI).
Pero, para ese objetivo superior, el pacto de corruptos renovado sin duda necesita primero capturar una porción importante del Congreso de la República para asegurar los votos que necesita para la elección de magistrados. También necesita capturar alguna porción del Ejecutivo, aunque menos cuantiosa y con posibilidades de mayor discreción. Así pues, lograr el máximo nivel posible de impunidad vía la captura de las cortes es una operación de gran envergadura, compleja y costosa, tanto en términos de tiempo como de movilización de dinero sucio.
Tiene la ventaja de que potencialmente es atractiva a numerosos y diversos sectores, tanto como lo fueron los grupos golpeados por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) o que están siendo golpeados hoy por la FECI. Sin duda, ya agrupa a poderosísimos sectores del hampa y del crimen organizado, entre quienes destacan narcotraficantes, evasores de impuestos, corruptos y, en general, todo aquel que ha vivido, vive y quiere seguir viviendo de violar la ley sin ser castigado. Alcanza a todos los sectores de la sociedad, sin excepción: Gobierno, sector privado empresarial, sociedad civil organizada, Iglesias y un largo y vergonzoso etcétera.
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Este mundo bien podría descalificarse como una fantasía muy creativa si no fuese por los indicadores e indicios que evidencian que ya está ocurriendo. Eventos que han sucedido desde que el mandato de la Cicig caducó, que a primera vista parecieran inconexos, pero que resultan estar conectados. La aprobación en septiembre de la Ley de Simplificación, Actualización e Incorporación Tributaria, decreto del Congreso 7-2019, mejor conocida como la ley narcoganadera; la aprobación de la denominada ley anti-Cicig; la introducción de numerosos bolsones de corrupción en el proyecto de presupuesto para 2020; la elección de la Junta Directiva del Congreso para 2020, incluyendo notorios miembros del Pacto de Corruptos; la aprobación de la ley anti-ONG; etc.
Mucho más claras y preocupantes son las denuncias públicas de la bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) sobre el soborno a un grupo de sus diputados a cambio de subordinarse a los dictados de Gustavo Adolfo Alejos Cámbara y alinearse con otros grupos del Congreso que estarían votando para elegir a magistrados para la CSJ y las salas de apelaciones afines al Pacto de Corruptos. ¿Acaso hacen falta más pruebas que esto? Por el momento es la UNE la que se ha pronunciado públicamente, pero cualquier análisis serio apunta a que, si otras bancadas del Congreso hablaran, muchas denunciarían los mismos hechos.
Así, leyes ilegítimas como la narcoganadera, la anti-ONG y la anti-Cicig, así como la elección de la Junta Directiva del Congreso, entre otras acciones, no son otra cosa que los dulcitos para comprar votos en el Congreso y de esta forma asegurar la captura de las cortes. Si esto no se detiene ahora, la captura de las cortes se concretará y el narco-Estado guatemalteco terminará consolidándose como el imperio de impunidad más avanzado del hemisferio occidental.
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