Acisclo Valladares es condenado en Miami: «Quería ser considerado un empleado valioso»
Acisclo Valladares es condenado en Miami: «Quería ser considerado un empleado valioso»
El exministro de Economía, Acisclo Valladares Urruela, reconoció haber usado el sistema bancario de Estados Unidos para hacer transacciones que terminaron en sobornos. Fue condenado a pasar un año en la cárcel.
«Desprestigiarme, condenarme a través de la prensa como culpable, siendo inocente», escribió Acisclo Valladares Urruela en un comunicado del 13 de febrero de 2020, en el que aseguraba que se pondría a disposición de la justicia tras conocer que el Ministerio Público había solicitado una orden de captura (nacional e internacional) en su contra .
Dos años y medio después, este 17 de octubre de 2022, Valladares Urruela cambió su declaración inicial. Al estar sentado frente al banquillo de la Corte del Distrito Sur de Florida, Estados Unidos, se disculpó por haber transferido 350,000 dólares en pagos de sobornos a políticos guatemaltecos (no identificados), a través de dos empresas con cuentas bancarias en Miami. Además, reconoció que se quedó con 140,000 dólares como pago por mover el dinero sucio y aceptó pagar esa cifra al gobierno de Estados Unidos como multa por cometer el delito.
«Sé que estuvo mal. Sabía que estaba mal. Estaba viviendo una etapa oscura de mi vida. No digo que sea una excusa. Estaba pasando por un divorcio, una separación. Y esto sucedió. No estaba en mi mejor momento (...) Me pidieron que proporcionara dinero en efectivo a los políticos guatemaltecos. Y estaba mal. Y lo sé. Podría haber dicho que no… En cambio, consentí. Y lo hice por mi propio interés porque quería seguir siendo un miembro valioso de mi empresa», dijo Valladares Urruela, en inglés, ante el juez federal José Martínez, quien lo sentenció a permanecer un año en la cárcel y a pasar tres años más bajo libertad supervisada.
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El diario Miami Herald estuvo en la audiencia y reportó sobre las declaraciones de Valladares Urruela y presenció cuando el juez Martínez lamentó que esa ciudad estadounidense tenga reputación de ser «la capital mundial del fraude».
Según la acusación presentada por el fiscal federal Walter Norkin, Valladares Urruela pagó sobornos ilegales en nombre de la empresa de telecomunicaciones para la que trabajaba como ejecutivo, Tigo, una de las más grandes de Centroamérica, con el objetivo de que diputados en el Congreso aprobaran una ley que, entre otras prebendas, le permitiría a la compañía instalar antenas telefónicas en cualquier terreno, sin requerir la autorización de los propietarios. Esta normativa fue aprobada en 2014 y fue conocida como la «Ley Tigo».
Los actos de Valladares Urruela lo beneficiaron a él personalmente y también a la empresa para la que trabajaba, dijo la fiscalía del Sur de Florida. El Miami Herald resalta que, aunque no se menciona su nombre en ningún registro judicial, el presidente de Tigo es Mario López Estrada, primer multimillonario de Guatemala.
¿Cómo pasó esto?
En la acusación inicial, presentada en agosto de 2020, los fiscales federales del Distrito Sur señalaron a Valladares Urruela por hechos más graves: lavar cerca de 10 millones de dólares de ganancias obtenidas del narcotráfico y otros ilícitos. Sin embargo, en su investigación final, la fiscalía estadounidense no mencionó cuál era el origen del dinero que ingresó al sistema financiero de ese país.
Para llegar a este punto, Valladares Urruela negoció con la justicia estadounidense y, tuvo y tendrá que seguir colaborando con los fiscales bajo el compromiso de «no proteger a ninguna persona o entidad», se lee en el acuerdo de culpabilidad.
En julio de 2022, Valladares Urruela llegó a un acuerdo con la fiscalía del Distrito Sur de Florida. Reconoció que ingresó al sistema financiero de Estados Unidos 350,000 dólares, apenas el 3.5% de lo descrito en la acusación inicial y confesó que no actuó solo. En la declaración de hechos presentada junto con el acuerdo de culpabilidad, Valladares Urruela aseguró que antes de convertirse en ministro de Economía, «altos ejecutivos» de la empresa de telecomunicaciones lo dirigieron «a obtener dinero en nombre de su empleador».
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«Cuando esto sucedió, este país presentó cargos penales en mi contra, no hubo un solo momento de indecisión ... Sabía que tenía que venir aquí y ponerme de pie ante ustedes porque no había hecho lo correcto antes, cuando me pidieron que participara en estos actos», dijo el exministro en su declaración ante el juez Martínez.
Dan Gelber, abogado de Valladares Urruela señaló al diario Miami Herald que en cuanto se enteró de los cargos, el exfuncionario guatemalteco viajó inmediatamente a Estados Unidos para someterse a la justicia». En sus últimas palabras ante el juez José Martínez, Valladares dijo que llegó al país con un coyote.
«Entonces, en algún momento me encontré con mi hermana y mi camino aquí (viajando por México con un coyote). A veces nos sentimos en peligro. Pasamos por algunas cosas feas. ... No sabíamos si íbamos a llegar aquí con vida. ... Sabía que trabajar para la empresa más poderosa e influyente de Guatemala crearía algunas consecuencias para mí y mi familia, que habría algún peligro para mí y mi familia. Sabía que iba a haber consecuencias, y ya las ha habido», señaló Valladares, según reportó el Miami Herald.
El equipo de defensa del exministro hizo énfasis en que su cliente se diferencia de los otros acusados en este caso, Manuel Baldizón, excandidato presidencial y Álvaro Cobar Bustamante, directivo bancario, quienes recibieron condenas de más de dos años de prisión.
«A diferencia de ellos, Valladares Urruela se entregó voluntariamente a las autoridades estadounidenses en 2020, después de viajar con un coyote por México, porque «creía que era lo correcto», dijo al Miami Herald el abogado Gelber.
Según el Miami Herald, Valladares habló durante 10 minutos, tiempo en el que se disculpó con el juez, con el sistema de justicia de Estados Unidos y con su familia. Aseguró que actuó por interés propio y que no recibió «ningún dinero extra además de su salario corporativo».
También dijo que ha hablado con sus cuatro hijos sobre su crimen para «enseñarles sobre el bien y el mal». «Lamento estar enseñándoles con mi propio fracaso».
El tiempo de cárcel de Valladares Urruela iniciará en enero de 2023. Al finalizar su condena, puede optar a una visa norteamericana si comprueba que su vida correría peligro si decide regresar a Guatemala.
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¿Qué dice esta condena sobre las investigaciones de la Feci?
Aunque en la acusación contra Valladares Urruela no se mencionaron detalles sobre el origen del dinero para pagar los sobornos, ni se identificó a los congresistas que lo recibieron, en Guatemala la antigua Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) adelantó una investigación sobre el mismo caso.
Juan Francisco Sandoval, exjefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, que investigó a Valladares Urruela, recordó a Plaza Pública que intentaron procesar al exministro pero que se toparon con una estela de protección: en el Congreso los diputados se negaron a retirarle el antejuicio; en un juzgado de primera instancia, un juez intentó detener la investigación y en el mismo Ministerio Público, la propia Fiscal Consuelo Porras intentó retrasar la presentación de este expediente.
«Había elementos sólidos en el caso, se disponía de elementos que confirmaban cómo en el Congreso había diputados que recibían una manutención bimensual, con el propósito de favorecer a la empresas con leyes», dijo Sandoval. Según la investigación de la antigua Feci, los diputados sobornados con este sistema recibían pagos bimensuales de 50,000 quetzales y eran conocidas como las «champurradas» de Baldetti, en referencia a la exvicepresidenta Roxana Baldetti, quien habría sido la encargada de coordinar las entregas en el Congreso.
El exfiscal señaló que, con esta condena y la de Baldizón, la justicia estadounidense «le dio la razón» al equipo de la Feci que los investigó.
Mientras tanto, en Guatemala hay una orden de captura activa contra el exministro por el caso conocido como Red de Poder, Corrupción y Lavado, y tiene otro expediente abierto por supuestamente utilizar los sistemas de telecomunicaciones de Tigo para intervenir teléfonos sin autorización judicial.
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