Ellos perderán la inmunidad y algunos enfrentarán procesos legales

En Guatemala los funcionarios públicos gozan del derecho de antejuicio. Esto significa que debe realizarse un proceso previo antes de poder ser detenidos o involucrados en procesos penales. Si es presentada una denuncia ante el Ministerio Público (MP) o esta misma entidad tiene sospechas de acciones ilícitas de un funcionario, debe trasladar la solicitud de antejuicio ante la Corte Suprema de Justicia, Congreso de la República o Salas de Corte de Apelaciones.

¿Quiénes tienen derecho de antejuicio? 

• Presidente y Vicepresidente 
• Presidente y Magistrados de:
  • Corte Suprema de Justicia
  •  Tribunal Supremo Electoral 
  • Corte de Constitucionalidad. 
• Ministros y viceministros
• Secretarios de la Presidencia 
• Diputados al Congreso de la República
• Diputados al Parlacen
• Jueces y Magistrados
• Alcaldes
• Procurador de los Derechos Humanos
• Fiscales y Fiscal General del Ministerio Público
• Contralor General de Cuentas 
• Superintendente de Bancos
• Candidatos a la Presidencia, Vicepresidencia, Alcaldías y diputaciones. 

Los número del Congreso y Parlacen 

De los 160 diputados que conformaron la IX Legislatura, 64 consiguieron su reelección, 58 no fueron reelectos, 35 optaron por otros cargos, pero no fueron electos o no compitieron por un cargo público. Algunos de ellos optaron por la reelección o por otros cargos aunque ya habían perdido la inmunidad durante la IX Legislatura. 

Además, tres personas obtuvieron cargos distintos: Karla Andrea Martínez Hérnandez y Carlos Alberto Barreda Taracena fueron elegidos para el Parlacen. Además, César Bernardo Arévalo de León fue electo como presidente. 

Ana Ingrid Bernat Cofiño de Palomo del partido Valor y Juan Gerardo Guerrero Garnica del Movimiento Semilla fueron reelectos para el Parlacen. Mientras Nadia Lorena de León Torres, hija de Sandra Torres, fue electa como diputada por la lista nacional por el partido Nosotros. 

Un cuenta atrás que está por alcanzar a algunos

El 14 de enero se terminará el derecho de antejuicio para algunos funcionarios públicos. De esa manera se podrá dar paso a investigaciones o extradiciones en su contra. 

Ese es el caso de Adán Pérez y Pérez, para quién el MP solicitó el derecho de antejuicio por el caso « Toma de la USAC: Botín Político». Pérez y Pérez es señalado por depredación de bienes culturales de manera continuada, usurpación agravada, asociación ilícita, tráfico de influencias y sedición en el caso que intenta criminalizar las protestas contra Walter Mazariegos Biolis. 

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El diputado Alberto Sánchez perderá también la inmunidad. Él fue mencionado por la fiscal Cinthia Monterroso en el «Caso Semilla» el 16 de julio, en una lista de posibles personas por las que se solicitaría el proceso de antejuicio. Sánchez fue desconocido por el partido el 7 de diciembre de 2021, por traición sistemática a los valores, votantes y afiliados de Semilla. En noviembre del mismo año, Semilla informó de un proceso interno hacia Sánchez por un señalamiento por acoso sexual, además de una llamada de atención por votar a favor de la concesión de la rehabilitación de la carretera de Palín-Escuintla. 

Hay casos menos mediáticos como el de Julio Francisco Lainfiesta Rímola, cuya solicitud de antejuicio fue por una denuncia por violencia contra la mujer. 

En ocasiones el proceso del retiro de antejuicio sí ocurre mientras siguen desempeñando cargos públicos. Al igual que Lainfiesta, el diputado Héctor Manuel Choc Caal fue acusado de violencia contra la mujer, pero en su caso la CSJ sí autorizó continuar con la investigación. 

Otro caso es el del diputado José Armando Ubico Aguilar, cuya postulación para reelección fue rechazada por la petición de extradición solicitada por Estados Unidos por los delitos de tráfico de drogas y conspiración. En junio de 2023 le fue retirado el antejuicio y en diciembre del mismo año la Corte de Constitucionalidad le negó un amparo, por lo que el proceso de extradición podrá continuar. 

En el caso del Parlacen, el ex presidente Jimmy Morales podrá ser investigado por varios antejuicios que presentó el Ministerio Público por los casos del libramiento de Chimaltenango y por  financiamiento ilícito del partido FCN-Nación. También ha sido  señalado en el caso del incendio en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, donde murieron 41 niñas y 15 más sufrieron quemaduras graves mientras se encontraban bajo tutela del Estado. 

Otros perderán su inmunidad al no alcanzar suficientes votos para la reelección o por haber intentado su elección en otros cargos públicos como: Manuel Conde, Lecsan Mérida y Armando Castillo quiénes eran presidenciables de los partidos Vamos, Humanista y Valor respectivamente. 

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**Al cierre de esta nota, la Corte Suprema de Justicia retiró la inmunidad del diputado Sergio David Arana Roca, del partido Vamos, por violación y violencia contra la mujer. Arana Roca había sido reelecto por el distrito de Escuintla. Vamos emitió un comunicado, expulsándolo de la agrupación política por esta misma razón el 13 de enero de 2024.