Mecanismos para burlar los límites de la ley
Por Suchit Chávez / 10 de marzo de 2019
Entre 2009 e inicios de 2018 hubo casi 200 contrataciones directas relacionadas a seguridad y vigilancia que rompieron el límite establecido por la ley: 90 mil quetzales. Algunos de los proveedores son contratados recurrentemente y, además, coinciden con algunos de los nombres de los máximos proveedores de seguridad privada del Estado guatemalteco.
Los mayores proveedores del Estado guatemalteco en el área de seguridad privada se han quedado con millonarias
ganancias, mes a mes, año con año, a través de múltiples contrataciones o concursos que permiten identificar a
una veintena de empresas consentidas, recurrentes a lo largo de 15 años. Esta constancia también es evidente al
momento de efectuar contrataciones directas, que implican no pasar por el engorro de una licitación.
Laberinto del Poder analizó las 4,352 contrataciones directas desde 2009 –año desde el que existen
registros del portal de compras del Estado, Guatecompras– hasta el primer trimestre de 2018.
En 199 ocasiones instituciones estatales sobrepasaron el límite establecido por la ley para una compra directa.
El artículo 43 de la Ley de Contrataciones del Estado establece que la compra directa puede ser usada para
compras entre los 25 mil y 90 mil quetzales. Más allá de esa cifra, es necesario efectuar un proceso de
cotización o licitación, lo que conlleva análisis de ofertas, comisión evaluadora, varios participantes, entre
otros.
La empresa de seguridad privada con la que el Estado más rompió los límites fue Servicio de Seguridad Integral,
S.A., cuyo nombre comercial es Omega 2000. La compañía tuvo 39 contrataciones directas que sobrepasaron el monto
permitido. Esta empresa es una de las que más contratos directos ha obtenido, y también una de las que mayor
cantidad de exmilitares tiene entre sus directivos.
Los 39 contratos fueron justificados con la modalidad de «excepción», pese a que según su descripción se trataba
de la compra habitual de un servicio de seguridad privada. Las dos instituciones que más beneficiaron a Omega
2000 fue el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, en 2010, con 13 contratos directos por 254,200 quetzales
cada uno; y la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, con 12 contratos al 2012, cada uno por un
aproximado de 300 mil quetzales.
El contrato directo más caro, fue con la Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla, por 1.4 millones de
quetzales en 2013; y nuevamente justificado como «casos de excepción», pese a que se trataba de un servicio de
seguridad privada rutinario.
De acuerdo a la Ley de Compras y Contrataciones del Estado, las compras bajo la modalidad de excepción buscan
suplir de manera expedita bienes que el Estado necesita de manera urgente. Por ello, aunque las compras sean de
un volumen monetario de varios millones, no deben pasar por los tiempos y controles que normalmente pasaría una
licitación.
Fuente: Guatecompras, Ministerio de Finanzas
En 2012, durante el gobierno de Otto Pérez Molina, es cuando más contrataciones directas en el área de seguridad
que sobrepasaron los 90 mil quetzales se concedieron, de acuerdo con el análisis efectuado. Los contratos
directos incluyen las consultorías y asesorías en seguridad.
La segunda empresa que más contratos directos pasados de límite obtuvo fue Safari Seguridad, S.A., otra de las
mayores contratistas estatales, y que ganó 20 contrataciones directas de ese tipo, todos en 2010 y con un solo
comprador: el Instituto Nacional de Electrificación. Aunque los contratos directos, mes a mes, fueron
justificados como «casos de excepción», se trataba de servicios ordinarios de vigilancia.
Manfredo Marroquín, expresidente de la organización Acción Ciudadana —dedicada al análisis y fiscalización de
temas de transparencia—, asegura que en cada cierre de período ejecutivo es «muy normal» ver ese comportamiento
en las compras directas, como una manera de asegurar los negocios a determinados proveedores. «Ese abuso siempre
ha existido y en todas las áreas, no solamente en compras de seguridad», dice.
Marvin Flores, también de Acción Ciudadana, comenta que existe la posibilidad que las contrataciones directas
sean justificadas por instituciones que tienen distintas oficinas en todo el país. «Pero tampoco aplica, porque
hay empresas de seguridad grandes que tienen la capacidad de brindar el servicio a nivel nacional», valora.
Para Flores, el tema del abuso de la modalidad bajo casos de excepción es común, y persigue beneficiar a
proveedores determinados, además de asegurarse la opacidad.
Los otros proveedores que obtuvieron mayores contratos directos, por encima del límite legal, también son de los
mayores contratistas del Estado en seguridad: Seguridad y Vigilancia El Ébano, S.A. y Alarmas de Guatemala,
S.A., con 11 y 10 contratos respectivamente.
El favorecimiento de la empresa El Ébano es más claro que los casos anteriores por una razón: siete de sus 11
contratos que sobrepasaron el límite de los 90 mil quetzales fueron con el Ministerio de Educación entre 2009 y
2011, por un monto de 1.2 millones de quetzales por servicios de seguridad privada que abarcarían seis meses de
prestación. Hacia 2011, el Ministerio de Educación únicamente prorrogó el contrato y siguió optando por El
Ébano, sin tener que licitar. Una de las prórrogas, incluso, fue procesada como «casos de excepción», aunque era
la misma empresa que Educación venía contratando desde dos años atrás.
En el caso de Alarmas de Guatemala, S.A. es uno de los contratos el que más llama la atención. Se trata del que
obtuvo con el Instituto Técnico de Capacitación y Productividad, en 2012, por 4.5 millones de quetzales.
De acuerdo con la información proveída por el Ministerio de Finanzas, su descripción hace referencia a que
se trata de una licitación, pero quedó registrada como una compra directa. La petición era servicios de
seguridad privada, pero fue justificada como “casos de excepción".
¿Qué pasa cuando los rangos de compra no sobrepasan el límite? Los nombres de la ecuación cambian.
Laberinto del Poder efectuó el análisis de compras directas tomando en cuenta los montos desde los 50
mil quetzales, dentro de lo permitido por la ley para ejecutar una contratación con un único candidato.
Así, la empresa Security Professional Systems, S.A. fue
contratada por Registro Nacional de las Personas en diciembre de 2013 para ejecutar 25 contratos de
seguridad privada, para sus distintas oficinas a nivel nacional. Cada uno de los contratos directos
rozaban el límite permitido por la ley, ya que fueron por 88 mil quetzales, evitándose así una
licitación formal.
Un caso similar ocurrió con la empresa V.I.P. Security, S.A., que fue contratada por el Ministerio de
Economía en mayo de 2011 para brindar seguridad en una de sus oficinas. Esa cartera optó por elaborar
dos contratos directos, cada uno por 85,800 quetzales, evitándose la evaluación de otras ofertas.
Otra institución que utilizó una estrategia similar fue el Ministerio de Cultura y Deportes, en 2013.
Aunque el contrato directo pretendía la prestación de servicios de seguridad privada por los primeros 15
días de marzo de ese año, la fecha de creación del evento en el portal Guatecompras fue hasta septiembre
de 2013. Cada contrato buscaba el resguardo de un local deportivo distinto y tenía un valor de 89,540
quetzales. Los contratos fueron adjudicados a la empresa Grupo Escorpión, S.A.
El exrepresentante legal de esta empresa, Miguel Ángel Martínez Solís, fue acusado en el caso Cooptación
del Estado y el año pasado confesó delitos para convertirse en colaborador eficaz. Entre los detalles
revelados por Martínez Solís, quien también se desempeñó como titular de la Secretaría de Asuntos
Administrativos y de Seguridad de la Presidencia, están haber pagado
sobornos a cambio de obtener contratos para su empresa de seguridad.