En estos últimos días han sucedido cosas que han puesto a muchos a preguntarse por la libertad de expresión en Guatemala, y cuando decimos «estos últimos días» nos referimos concretamente a los dos siglos más recientes.
Para no irnos muy lejos.
La Independencia, que se gestó para preservar los privilegios políticos y económicos de las élites locales y proteger el statu quo, pretendía también contener el avance de valores liberales.
En cierto modo, como explica Silvio Gramajo en su tesis doctoral, lo mismo sucedió con la transición a la democracia. Aquí, por emplear el hallazgo verbal de Edelberto Torres Rivas, diremos que la democracia salió de la boca del cañón: llegó doce años antes el cambio de régimen que la firma de la Paz, como en muy pocos lugares más, y eso preparó el terreno para una legalidad de fachaleta: la Constitución decía una cosa y el ejercicio diario del poder, la contraria. Las lógicas de los gobiernos militares se habían deslizado en el nuevo orden, y lo cimentaban. Teníamos, escribió Bernardo Arévalo, el hardware de la democracia pero el software del autoritarismo.
Tenemos.
En el fondo siempre, casi inmutada, late la voluntad de apropiarse o usar en beneficio propio los recursos públicos: el dinero del Estado, sus bienes, sus servicios, su tierra y lo que está debajo de la tierra (como el agua, como los minerales o los metales), o encima (como las frecuencias radioeléctricas), las leyes, la policía, el ejército, los símbolos: todo.
Lo que llaman patrimonialismo.
Y siempre el deseo de taparlo todo—tapar la información, tapar la corrupción, tapar las preguntas— con la bandera.
También tapar la boca.
Que es otra forma de imponernos una Verdad, cualquiera, la que ellos quieran.
Que es la forma de hacer más fácil el expolio y el dominio.
Contra eso ha habido avances recientes, más en el hardware que en el software. Guatecompras, por ejemplo. La Ley de Acceso a la Información, por ejemplo. Y es cierto que aunque flotan en el mismo mar, unos un poco más arriba y otros un poco más abajo, no todos los gobiernos han sido iguales, ni todos los legislativos. (Al menos no sus cúpulas; la burocracia boya con sus propios ritmos.)
El martes, día de la Independencia, el presidente Giammattei advirtió que el límite de la libertad de expresión es la Verdad, y eso no es verdad: es otra manera de decir «ojo con lo que dicen, ojo con lo que publican». De ser cierto lo que insinúa Giammattei, estaría prohibida la literatura, el cine, la pintura, y equivocarse. De ser cierto, estaría prohibido el debate, que es uno de los métodos más antiguos de conocimiento.
Los límites de la libertad de expresión, en realidad, están descritos, igual que los mecanismos de juicio y sanción, en distintas leyes y normas locales e internacionales: la calumnia, la injuria, algunos relacionados con el orden y la salud públicas… La Verdad no es uno de ellos. La Verdad es una aspiración y un ideal, no un requisito para manifestarse. Toda expresión es una aproximación, y por lo tanto una imprecisión.
Como dice una Carta de Ausjal, «el acercamiento a la verdad es siempre asintótico, nos acercamos cada vez más, pero nunca la poseemos por completo.» Incluso nuestras mejores respuestas sobre el mundo temporal, como nos enseña la ciencia, son siempre provisionales. En 1984, la distopía totalitaria que escribió Orwell, existe un ministerio de la Verdad cuya misión consiste en hacer que los hechos, y el registro de los medios de comunicación, se acomoden a la doctrina y la propaganda del Partido. A la verdad oficial, a la Verdad.
De aceptar lo que dice Giammattei, accederíamos inadvertidamente a sacrificar la independencia de la investigación y de criterio ante un ministerio de la Verdad que seguramente lo encarnaría el Estado y que terminaría designando no solo lo que es Cierto, sino también lo que es Bueno y Deseable. A ese régimen en el que el Estado decreta los fines y objetivos legítimos de cada uno de sus miembros se lo conoce como Estado Totalitario.
Si queremos ser benevolentes, podemos pensar que lo del Presidente no fue más que un desliz aunque se tratara de uno de sus discursos más signados del año. Pero hay dos problemas con esa interpretación.
El primero es que pese a haber gozado todos estos meses de una magnanimidad poco habitual en la prensa, no han parado desde la campaña de emitir señales de incomodidad y hasta desprecio por la libertad de información, ni él ni su equipo.
El segundo es que lejos de emplear su alocución para reflexionar con hondura y desvanecer las sospechas de represión a los periodistas de investigación que se cernían con mayor peso sobre su gobierno desde la semana anterior, sus palabras no hicieron sino apuntalarlas.
Apenas tres días antes, un juez había liberado por falta de pruebas en su contra al periodista Sonny Figueroa, apresado en circunstancias poco claras y víctima de un trato ilegal e intimidatorio por parte de la policía en las horas que siguieron. A Figueroa lo había tratado con desdén Giammattei en múltiples ocasiones, molesto por sus trabajos, y la captura había detonado toda clase de preocupaciones y alarmas.
En el momento de su discurso tampoco habían pasado siete días desde que Miguel Martínez, su hombre de mayor confianza y una especie de superministro al frente del Centro de Gobierno, había anunciado con gran estridencia y eco de todo el aparato de propaganda oficial (medios incluidos) que su familia denunciaría a Plaza Pública por haberla extorsionado, amenazado y acosado, delitos graves que decía ya haber padecido antes.
Nos solidarizamos con Martínez por las intimidaciones que su familia haya podido sufrir antes, y al mismo tiempo aprovechamos para expresar nuestra preocupación por sus acusaciones hacia nuestro equipo. Hay una brecha desmedida entre lo que le atribuye y la conducta de nuestros periodistas: no solo nadie extorsionó, amenazó o acosó a su familia, sino que ningún miembro de Plaza Pública ha tenido contacto con ella hasta donde nuestro equipo puede saber.
En casi una década, nuestra redacción se ha caracterizado por ceñirse a los más altos estándares éticos de la profesión y por desarrollar sus trabajos con gran meticulosidad y apego a protocolos de investigación públicos y claramente definidos al punto de que, pese a las revelaciones que ha ofrecido, nunca ha dado fundamento para una demanda.
Ese es el trabajo que seguiremos haciendo, con libertad de movimiento e independencia de criterio, sorteando las trampas autoritarias del país, y amparados en su hardware democrático, que nos impele a vigilar e investigar los motivos y las actuaciones de los grupos de poder en la sociedad, y en particular los de aquellos que son representantes de los ciudadanos o funcionarios públicos.
