Vientos de implosión en Centroamérica

Uno de los principales hallazgos de la reciente investigación del IDGT [[1]] de la Universidad Rafael Landívar sobre la política antinmigratoria del presidente Donald Trump es que a las políticas vigentes de deportación, detención y aumento de seguridad fronteriza se suman las que pretenden reducir la migración documentada y legal. Por ello cerramos el año con la supresión del Estatuto de Protección Temporal (TPS) en definitiva para los nicaragüenses, probable para los hondureños (hay un plazo de seis meses para tomar la decisión) y en espera de notificaciones oficiales para los salvadoreños.

El programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) también fue suspendido. Este beneficiaba de forma temporal a jóvenes llegados de niños a Estados Unidos, que sin ser residentes o ciudadanos gozaban de ciertos derechos. Será el Congreso el que decida el destino final de más de 800 000 jóvenes en esta situación.

Otra ley propuesta en febrero de 2017 es la Raise Act, conocida ahora como la ley de inmigración en cadena, que busca reducir a la mitad las visas otorgadas a padres, cónyuges, hijos y hermanos de familiares residentes en Estados Unidos. Significa suprimir una importante ley vigente desde 1965 para permitir la reunificación familiar de inmigrantes. Hoy esta medida se suma a la de Menores Centroamericanos (CAM, por sus siglas en inglés), que generó buena parte de la oleada de niños migrantes no acompañados en 2014 llegados a la frontera Estados Unidos-México y que permitía a padres con residencia en Estados Unidos reclamar a sus hijos en Centroamérica si se demostraba que estos se encontraban en contextos de violencia. Estas nuevas leyes también reducen a la mitad la cantidad de otorgamiento de asilo político.

Con estas medidas, los centroamericanos, especialmente los del llamado Triángulo Norte, empiezan a ver truncadas todas sus posibilidades de escapar de los contextos de pobreza, exclusión y violencia de sus países.

Para ponerle la guinda al pastel, en los últimos meses del año pasado explotó en Honduras una de las peores crisis de su historia, producto de un claro fraude electoral que quiere mantener en el poder al actual presidente, Juan Orlando Hernández, cuya reelección ya tenía visos de ilegal, pues la misma Constitución la prohíbe. Las diferentes anomalías en el proceso electoral hondureño fueron reconocidas por la Organización de Estados Americanos (OEA) y por la Unión Europea, pero no así por el Gobierno de Estados Unidos.

¿Qué podemos esperar para la mayoría de la población desfavorecida de estos países si su presente y su futuro dependían en buena medida de la posibilidad de migrar al norte?

No lejos de la situación de Honduras están las de Guatemala y El Salvador. Guatemala, aunque con matices respecto a la situación hondureña, al igual que aquel país depende de que la embajada estadounidense se mantenga del lado de la buena política, es decir, de la lucha a fondo contra la corrupción, la impunidad y el desgobierno. Mientras tanto, la situación de El Salvador está en función de la permanencia de sus connacionales en Estados Unidos y de que las maras no terminen apoderándose de las estructuras del Estado. Pero al final ambos países corren el riesgo de seguir el ejemplo de Honduras, donde, contra toda norma de la democracia representativa, se imponen gobiernos a la medida de las élites político-económicas para dar continuidad a las políticas neoliberales, patrimonialistas y de acaparamiento del Estado.

Con estas condiciones, Centroamérica puede llegar a situaciones de implosión cuando las remesas dejen de fluir como hasta ahora, cuando los miles de deportados que ya están llegando no encuentren opciones laborales y cuando los Estados sigan siendo inexistentes para las grandes mayorías. O es la implosión, o se incrementarán las desobediencias civiles y será mayor el éxodo de indocumentados. A no ser que lleguen la cordura y el sentido común a los gobernantes estadounidenses y a las élites de nuestros países para cambiar radicalmente sus métodos y apoyar de forma decidida los procesos de transformación democrática de la región. Porque de todos dependen el bienestar, la seguridad humana y la paz social.