El presidente Alejandro Giammattei recibió una dosis de realidad muy cruda con estos acontecimientos. El viernes de la semana pasada se realizó en Pajapita un acto público para inaugurar el primer puesto de control interinstitucional contra el contrabando, el primero de seis que se tiene previsto instalar este año y de doce en total. Para el mandatario se trató de un acto protocolar más, con la presencia del embajador estadounidense, de funcionarios y de otras personalidades. Una muy necesaria quick win política justo ahora que la crisis del impacto de la pandemia del covid-19 empieza a golpear la credibilidad y la popularidad de Giammattei. Pero, una vez que esas personalidades se retiraron del lugar, a solo una semana de la inauguración, la cruda realidad golpeó fuerte, con una victoria para los contrabandistas y una derrota vergonzosa para el Gobierno.
Lo que las autoridades demuestran es que no comprenden que el contrabando es un fenómeno socioeconómico muy complejo, parecido a actividades criminales como el tráfico de personas o de drogas. Sobre esto, mi ejemplo preferido es recordar que Pablo Escobar, antes de ser narcotraficante, fue contrabandista. La complejidad de estos fenómenos criminales no es la banda criminal, un pequeño grupo de delincuentes organizados, sino las razones por las cuales esta recibe apoyo popular.
Los incidentes acaecidos el sábado pasado en Pajapita ilustran esta realidad. Las imágenes muestran que quienes irrumpieron violentamente en el puesto de control no tienen la imagen estereotipada del delincuente organizado con un fusil en bandolera, sino que son pobladores, gente cuya realidad seguramente es que la mejor forma de salir adelante es apoyando a las contrabandistas, ya que las alternativas son la pobreza, el desempleo o la migración.
[frasepzp1]
Es decir, para combatir efectivamente el contrabando es imperativo comprender sus causas estructurales y que el apoyo popular que gozan criminales organizados como contrabandistas, narcotraficantes o traficantes de personas surge de la ausencia de oportunidades y de la presencia poco efectiva del Estado. Porque ¿cuál es la imagen o experiencia que tienen los pobladores de Pajapita de su relación con el Estado? Probablemente es muy cercana a nula, ya que seguramente no han recibido servicios de salud y de educación, infraestructura, apoyo comercial y empleo, así que, para muchas de esas personas, quizá lo primero que ven del Estado es un puesto de control anticontrabando, en contra de su mejor forma de vida.
Para que el combate del contrabando, del narcotráfico y de otras actividades criminales organizadas sea efectivo se requiere una visión integral. Un puesto de control como el que fue atacado el sábado pasado sin duda es necesario, pero evidentemente es insuficiente y, como quedó claro, inefectivo.
Por sus declaraciones con motivo de la inauguración del puesto de control en Pajapita, el ministro de Finanzas Públicas demostró conocimiento de la complejidad de esta realidad toda vez que comentó que se habían recibido amenazas y muestras de rechazo por parte de la población local. Dado que en 2020 piensan instalar puestos similares en Chisec (Alta Verapaz), Tecpán (Chimaltenango), Poptún (Petén), la aldea Entre Ríos (Izabal) y Taxisco (Santa Rosa), ¿también en esos lugares se tiene conocimiento de expresiones de rechazo o de amenazas como las recibidas en Pajapita? ¿Alguien ha hecho un estudio que correlacione la intensidad del contrabando y de otras actividades criminales organizadas en esos municipios con sus indicadores de pobreza, exclusión, migración, desplazamiento forzado, desnutrición o desempleo?
Para revertir esta primera derrota ante los contrabandistas, el Gobierno debe tomárselo muy en serio y preparar una respuesta integral que vaya más allá de puestos de control.
Más de este autor