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A ver si vamos…

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Opinión
6 06 18

No es la primera tragedia. Tampoco será la última. El huracán Mitch, la tormenta tropical Agatha, los terremotos de San Marcos y los derrumbes de El Cambray son un recordatorio permanente de la fragilidad que caracteriza a un país como Guatemala.

Enfocado de forma sistémica, se esperaría que el sistema fuera capaz de absorber los estímulos, procesarlos y producir el output de política pública, es decir, de desarrollar protocolos, definir presupuestos (lógicos) y dotar a las instituciones responsables de los insumos necesarios.  Las medidas y los planes que se deberían aplicar antes de que ocurran las tragedias naturales (evacuación, alojamiento, atención y reparación de daños) obligan a que las instituciones encargadas desarrollen un proceso continuo de planeación, revisión, ajuste, etc. Esto es perfectamente posible, pero otra cosa es que en Guatemala las prioridades sean las equivocadas.  Por ejemplo, el Ejército mexicano, caracterizado desde siempre por el famoso plan DN-III-E (Plan de Auxilio a la Población Civil en Casos de Desastre), pasa al menos un año (antes de la temporada de lluvias y huracanes) entrenándose. El plan, que tiene tres fases, permite en la primera el despliegue de 8,700 efectivos, 335 vehículos, 20 aeronaves y 23 embarcaciones. El plan ha sido tan efectivo que incluso participó en tareas de rescate, salvamento, reconstrucción y cocinas comunitarias en Estados Unidos durante el huracán Katrina. Claro, lo anterior no viene ni de gratis ni vía la cooperación internacional: se necesita un compromiso de tipo fiscal por parte de la ciudadanía para dotar al Estado federal de los recursos y un compromiso institucional para usar estos de forma efectiva. Si en Guatemala la eterna discusión sobre el Ejército fuese seria, tendría sentido plantearse si no sería lógico que, en un contexto posconflicto, el estamento militar construyera una versión chapina del DN-III-E y así asegurara su existencia en una sociedad democrática en lugar de seguir con la cantaleta de la seguridad ciudadana.

A ver si vamos teniendo discusiones inteligentes y menos orientadas a la defensa de dogmas ideológicos.

Es aterrador pensar que, a pesar de los desastres que permanentemente azotan a Guatemala, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) no tiene un presupuesto que esté a la altura de las necesidades. Y no digamos la capacidad para evaluar, coordinar y activar los protocolos en el momento adecuado. Ya ni qué decir de los bomberos mendigando recursos cuando son el primer cuerpo de contacto con las zonas afectadas. A ver si vamos entendiendo que jactarse de tener un Paseo Cayalá, pero tener cuerpos de bomberos sin recursos, es tener invertidas la prioridades.

«Esperar lo mejor, pero planear para lo peor» debería ser el lema de la administración pública guatemalteca, pero la tendencia es a cruzar los dedos y a esperar que las tragedias simplemente no sucedan. Y si suceden, pues a aprender sobre la marcha. Algunos medios de comunicación mexicanos y españoles me consultaban el lunes pasado sobre la decisión del Gobierno de Guatemala de no hacer patente, efectiva y expedita la solicitud de ayuda. La pregunta no venía de gratis, pues varias ONG e instancias estatales extranjeras afirmaban que la ayuda estaba lista para trasladarse a Guatemala, pero que no había ni solicitud formal ni información alguna. ¿A qué juega la administración actual? ¿A la carta de la soberanía y de la autosuficiencia? Pero ni siquiera los israelíes (hoy tan de moda en Guatemala) han podido hacerles frente sin ayuda internacional a los brutales incendios forestales a los que permanentemente se enfrentan.

Aquí entonces una lección lapidaria.

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Desgracias como esta (sobre la cual aún no se ha hecho completa la matemática de la muerte) se vuelven mayores en un país donde las maquillistas, los odontólogos y los diputados amiguis se convierten en cónsules o embajadores. O donde los puestos que requieren conocimiento técnico son dulces que se reparten pasando por encima de la meritocracia. Un sistema que recluta outsiders no puede obtener sino el resultado de la improvisación y resolver como Dios dé a entender.

Y del outsider mayor (el presidente) ni se diga. En un régimen presidencial, por lo general, el estilo de gestión del presidente impacta sobre toda la administración pública, que depende directamente del Ejecutivo. La improvisación, la falta de conocimiento y la falta de olfato político para saber que ahora es necesario salir y abrazar a la gente (y no esconderse en círculos de guardaespaldas) demuestra que el presidente no es capaz ni de fingir lo mínimo que cualquier político —con algo de sentido común— haría. Fue así durante la tragedia del hogar seguro: el presidente no se apersonó, desapareció, no delegó ipso facto la conformación de la comisión presidencial para investigar, y el día de la conferencia de prensa no hubo espacio para preguntas. Hoy la ciudadanía lo mira en la televisión y espera dos cosas: que cuente una moraleja y que diga «bendiciones».

Por mucho tiempo en Guatemala se vendió la idea de que lo púbico contaba poco y de que los procesos de mercado aseguraban perfectamente todo lo demás casi por añadidura. Por eso se privatizó sin marco regulador. Por eso se incentiva a los sectores económicos sin marcos de competencia. Por eso se habla de generar desarrollo sin plantearse los bienes públicos. Por eso se piensa que, si los empresarios saben vender automóviles, igual saben administrar la cosa pública.

Y por eso la fragilidad que se tiene —entre otras razones—. Allí está el error de votar por un outsider. A ver si va quedando claro que la silla presidencial, el manejo de la presidencia —en particular durante las crisis—, no es lo mismo que vender condones, hacer comedia o decir «bendiciones».

A ver si vamos aprendiendo.

A ver si vamos entendiendo que jactarse de tener un Paseo Cayalá, pero tener cuerpos de bomberos sin recursos, es tener invertidas la prioridades.
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