Ellos son, además, los que han hecho revoluciones, cambios en el Estado, delimitaciones territoriales, y llenado la historia y el panteón de personajes heroicos que nos implantan en el imaginario social, de los cuales se excluye a los que no son de su estirpe para consolidar su supuesta superioridad y autoridad patronal al mejor estilo de los dueños de finca. Así consideran a Guatemala.
Esas élites, redes familiares que se han sucedido en la apropiación del Estado y del territorio, han tomado decisiones nacionales por cuenta propia y de acuerdo con sus intereses, sin consulta ni rendición de cuentas al pueblo, menos a los pueblos indígenas. La documentación histórica está plagada de hechos que sustentan lo aseverado. Un ejemplo es la firma del tratado Aycinena-Wyke, en el cual a mediados del siglo XIX se les cedió Belice a los colonialistas ingleses a cambio de una carretera que nunca construyeron. Esa firma la realizó Pedro Aycinena y Piñol, quien además fue presidente provisional, ministro de Relaciones Exteriores, de Gobernación, de Justicia y Hacienda, consejero de Estado y diputado de la Asamblea Constituyente.
Otro hecho histórico es el de José Bernardo Piñol y Aycinena, arzobispo en 1871 y miembro prominente del clan Aycinena, «un grupo de comerciantes acaudalados del país que negociaban directamente con la metrópoli española, poseían el monopolio comercial y eran beneficiados con altos puestos en la administración colonial»[1].
En 1873, Justo Rufino Barrios llegó al poder presidencial y con una Constituyente plegada a sus intereses promulgó la Constitución de 1879. Subastó las tierras comunales indígenas y cedió estas a militares que colaboraron en la reforma liberal de 1871. Implantó un sistema económico-productivo basado en la concentración de la tierra en manos de la élite económica y militar y un modelo de servidumbre de finca que explotaba a los indígenas como mozos colonos. Y, debido al alto nivel de corrupción del gobierno liberal, surgieron nuevos ricos, dentro de ellos Barrios, que se convirtió en el principal exportador de café. Y como guinda al pastel propició, sin beneficios para el país, que México consolidara la invasión y la apropiación de Chiapas y de Soconusco.
Más reciente es la forma como los herederos de esas élites gobernantes han privatizado los bienes del Estado a partir de 1995 y concedido partes importantes del territorio, sin consultar a sus legítimos e históricos propietarios, a empresas transnacionales de vocación extractivista y antiambientalista. Marta Elena Casaús, miembro prominente de esa clase social, reafirma lo que planteo. «Precisamente porque [ella] formaba parte de esa clase dominante», pudo ahondar en el imaginario y en la mentalidad de quienes «se siguen considerando dueños del Estado», superiores a los indígenas originarios de este territorio y a sus descendientes.
En esa lógica, el control político, económico y territorial del Estado se hereda. Basta analizar algunos apellidos que se suceden en los cargos públicos. Valladares, Arzú, García-Granados, Villagrán y muchos más han estado y están en los más importantes cargos políticos, militares, religiosos y económicos del país. No importa qué partido o ideología gobierne al país. No importa la democracia. No importa la crisis permanente en que vive la sociedad. Al final, por múltiples mecanismos formales e informales, ellos nos gobiernan y hacen del Estado, del territorio y de la población su finca.
Estas reflexiones surgen a raíz de la actitud del Cacif y de otros sectores conservadores que actualmente se oponen a cualquier cambio o reforma del Estado del cual se creen dueños. Y la oposición es muchas veces violenta. Abarca la negativa a pagar impuestos, a mejorar la educación, la salud y otros servicios que son derechos humanos del ciudadano. Y para ello cuentan con sus mozos colonos-políticos incrustados en el poder para defender sus intereses. Y por ello es fácil entender qué subyace bajo el eslogan de la Fundación contra el Terrorismo, operadores de los dueños de la finca, que dice: «Guatemala es nuestra. Recuperémosla».
Siempre ha sido así. El problema es que siga así. ¿Lo seguiremos permitiendo?
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[1] Revista Retórica. No. 8. Quetzaltenango, 2017. Página 5.
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