Un pacto que requiere de una discusión amplia

Ya se conoce quiénes son los responsables de cada cartera y de cada secretaría presidencial. Por supuesto que eso trae aparejado una serie de rumores o chismes respecto a los orígenes, el pasado o la pertenencia de cada una de las personas designadas.

Eso no es de extrañar en Guatemala, especialmente en aquellos sectores que tienen un fuerte asidero de pensamiento en teorías conspirativas o de complot. Siempre existe el tiempo y la dedicación para la generación de escenarios complejos que permiten encontrarle lógica a las cosas que discurren en el ejercicio del poder.

Los temas que conforman la agenda pública poco a poco se están gestando. No obstante, la cotidianidad demuestra que el discurso no se ha modificado. Las lógicas de la institucionalidad, de unidad nacional y de Estado no han sido capaces de vencer las lógicas discursivas de la competencia electoral. Sin embargo, hay que retomar todo aquello que se quedó en el tintero a raíz de las elecciones y comenzar a promover su deliberación pública.

Uno de estos temas que puede ser a todas luces muy importante es lo referido a la pretendida reforma constitucional. Creo que no se puede obviar la discusión referida a todas aquellas cosas que se pretenden modificar. De hecho, la ronda de presentaciones que se hizo en su oportunidad en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso fue muy enriquecedora. No obstante, hay cosas que merecen la pena reflexionar. 

En primer lugar, una reforma constitucional no es una cosa baladí. Al contrario,  estamos hablando de la norma que recoge el gran pacto social. Desde esta perspectiva y debido a su importancia para la vida colectiva, este gran pacto no debe ser únicamente votado de manera general para buscar su aprobación y legitimación, sino se deben encontrar mecanismos amplios y democráticos de deliberación en su diseño. La constitución de la constitucionalidad no puede ser un ejercicio de discusión de élites, la historia lo ha demostrado.

En segundo lugar, echo de menos una discusión seria que me permita reflexionar sobre la conveniencia o no de la reforma. Pero no quiero caer en el lugar común o poco serio de que discutir si este Congreso está legitimado o no para ello, pues eso trae consigo una respuesta obvia. La conveniencia está en la reforma misma y lo que ello implica y pretende. No hay evidencia suficientemente válida y sistematizada que justifique la pretendida reforma.

Es decir, la pregunta sobre que si las cosas pueden cambiar vía modificaciones de leyes ordinarias y la búsqueda de la consolidación de la institucionalidad del Estado no se ha agotado. Considero que repetir la experiencia de 1994 sería nefasto. Ceder a la tentación de presiones políticas de grupos de élite simplemente conducirá a la generación de una constitución que tarde o temprano evidenciará más sus falencias que beneficios. 

A lo largo de América Latina y en otras latitudes europeas existen ya ejemplos que deben servir de base para generar una discusión al respecto. En política no hay nada nuevo, todo lo que se ha propuesto ha sido experimentado en otros países. Y es que el hecho de que un modelo particular haya funcionado en otros lugares no es garantía de que funcione en Guatemala. La razón es simple, la discusión de una norma no implica únicamente la copia de su diseño, es necesario tomar en cuenta el contexto, el entramado institucional y el comportamiento de los actores. Ojalá que la academia y los centros de pensamiento se tomen en serio la discusión de este tema, pero partiendo desde la convocatoria misma de la discusión. Un acuerdo de élites no es un buen presagio para la constitucionalidad de este país.