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Un día nacional pendiente
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Un día nacional pendiente

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Tipo de Nota: 
Opinión
27 02 18

Recordar a quien sufrió en una guerra es un imperativo para una sociedad golpeada por la desaparición, por la cárcel injusta, por la intimidación, por la muerte, por el genocidio y por la represión sistemática.

Es ver el horror a la cara y dar por hecho que la justicia es el pilar más importante para una democracia adeudada con el pasado. Es por eso que la Comisión para el Esclarecimiento Histórico recomendó establecer el 25 de febrero como el Día de la Dignidad de las Víctimas del Conflicto Armado Interno. Ese día, en 1999, se presentó el resultado del trabajo de la comisión. Guatemala, memoria del silencio se convirtió en uno de los dos informes de la verdad en el país.

Con mucha razón una amiga me comentaba que, cuando pensamos en lo que las víctimas del conflicto armado interno vivieron en ese tiempo, se nos vienen a la mente la tortura, un familiar perdido, una pánel blanca, un estudiante acribillado en la sexta avenida, cientos de metros de tierra arrasada, vidas enterradas. Pero también hubo un tipo de violencia que sigue manteniéndose vigente en tiempo de paz: hubo violencia sexual, esclavitud sexual y esclavitud doméstica. Miles de mujeres sufrieron antes de morir infiernos inimaginables.

El 26 de febrero de 2016, siete años después, las abuelas de Sepur Zarco encontraron justicia. Entre 1982 y 1983 fueron tomadas de sus comunidades y llevadas a un destacamento militar donde fueron obligadas a servir sexualmente a militares. Además, debían cocinar, lavar y limpiar para ellos. A dos años de la sentencia me alegra saber que la justicia fue también un punto de partida para hacer que la historia valiente de resistencia y de búsqueda de justicia se sepa y se vuelva referente.

En el marco de la reparación digna y transformadora a la cual dio paso la sentencia emitida por el Tribunal de Mayor Riesgo A, que estaba presidido por la jueza Yassmin Barrios, se presentó el pequeño audiovisual La experiencia del camino hacia la justicia: caso Sepur Zarco. Es un diálogo de un niño que le pregunta a su abuela sobre el abuelo ausente, que le pregunta qué ocurrió. Esta vez hay respuestas y son para todos. Hay una historia, y esta vez no la construyen quienes oprimen y han intentado ocultar los hechos, sino quienes la vivieron o fueron testigos.

Hay un pendiente, sin embargo. El pleno del Congreso de la República debe responder a lo que el Estado de Guatemala está comprometido con las mujeres de Sepur Zarco y con tantas otras mujeres víctimas de la guerra. Instituir el 26 de febrero como el Día de las Víctimas de Violencia Sexual, Esclavitud Sexual y Esclavitud Doméstica durante el Conflicto Armado Interno permite visibilizar la realidad que muchas jóvenes y mujeres vivieron en las décadas pasadas. Es la intención firme de no olvidar lo que sucedió, de no dar la espalda a quienes sobrevivieron y de construir una sociedad sobre lógicas de Estado y sociales que respeten la vida. Este año, haciendo caso omiso de la solicitud de la Alianza Rompiendo el Silencio y la Impunidad, no se volvió a agendar su aprobación. Depende del Congreso acatar la justicia y la reparación.

La ley, además, permite generar una reflexión profunda sobre la actualidad. A diez años de haber aprobado la Ley contra el Feminicidio, la violencia contra la mujer es el delito más denunciado en el Ministerio Público. Las mujeres siguen siendo, en tiempos de paz y de democracia, vistas de menos, por lo que cualquier violencia se vale. La lucha de las abuelas y de las organizaciones que las han acompañado hasta ahora —como Mujeres Transformando el Mundo, la Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas y el Equipo de Estudios Comunitarios y de Acción Psicosocial— nos demuestra la relación entre la historia y el presente de las mujeres. Escuchando a las abuelas, otras podemos dejar de callar.

En ese gesto de las abuelas mostrándonos sus rostros se encierra toda la profundidad de la dignidad de quien sabe que otra realidad es posible.

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