Las lluvias intensas de esos días saturaron el suelo. Una humedad de más del 90 % convirtió el cerro en una gigantesca cornucopia de lodo. Luego de un trueno profundo, gutural, la tierra se desbocó y se vino encima de las viviendas construidas en el cerro.
Tras días de excavación, de jornadas intensas de rescate, se recuperaron los cuerpos de 280 personas fallecidas. Otras 300 se reportaron finalmente desaparecidas, prácticamente sepultadas bajo toneladas de tierra. Vidas, querencias, sueños, esfuerzos, esperanzas quedaron truncados, enterrados en un santiamén. Familias enteras fallecieron o quedaron diezmadas. Perdieron todo: el hogar, los recursos, los seres queridos, la esperanza.
Pero ¿qué sucedió? ¿Por qué la catástrofe fue de tal magnitud? ¿Pudo haberse evitado o al menos disminuido el efecto devastador? Todo indica que sí. De acuerdo con los reportes de la Comisión Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), se notificó a las autoridades del riesgo existente. En su momento, cuando fungía como alcalde Antonio Coro, quien estuvo tres lustros al frente de la Alcaldía de Santa Catarina Pinula, se entregó un diagnóstico. En este se indicaba el riesgo que corría el terreno ante el incremento de las lluvias. Advertía de la necesidad de adoptar medidas que protegieran a quienes habitaban en El Cambray II.
Antonio Coro, quien en el último período llegó a la Municipalidad por el Partido Patriota (PP), renunció a la alcaldía en febrero de 2015. Su puesto lo asumió el concejal primero Víctor Gonzalo Alvarizaes Monterroso. Luego, Coro se candidateó para la comuna capitalina por el partido Libertad Democrática Renovada (Líder). Mientras Coro fue capturado en enero de 2016, su sucesor, Alvarizaes, fue detenido hasta en agosto, cuando se dio con lugar el antejuicio.
A un año de la catástrofe, la acción judicial no ha concluido. Apenas se ha procedido en contra de las autoridades involucradas en la negligencia de no atender los requerimientos de la Conred. En contra de las autoridades que también están relacionadas con el otorgamiento de licencias de construcción a las empresas propietarias de las fincas donde se levantaron las colonias El Cambray I y II. Bajo el nombre Proyectos Girasol, S. A., se encuentra registrada la compañía inmobiliaria que vendió los terrenos y lotificó el área de El Cambray II. De acuerdo con investigaciones de prensa, en la dirección que registra funciona otro negocio no relacionado con la entidad. De esa suerte, quienes lucraron con un terreno que no es apto para vivienda permanecen en la impunidad.
Como supuesto alivio a la pérdida material enfrentada, el entonces presidente accidental de la república, Alejandro Maldonado Aguirre, padre del titular de la Conred en dicha fecha, ofreció entregar viviendas a las familias damnificadas. Un terreno expropiado al narcotraficante apodado el Taquero. El terreno, ahora propiedad del Estado, se sitúa en San José Pinula, cuyo alcalde, supuestamente presionado por propietarios de fincas del municipio, objetaba la ubicación de los damnificados.
Además de la desdicha que representó el alud en octubre de 2015, las familias afectadas enfrentaron la discriminación de quienes no las querían como vecinas. Luego vino la inutilidad del Estado, que, habiendo ofrecido entregar las viviendas como presente de Navidad, no solo incumplió, sino que dejó las instalaciones sin concluir. Las calles y casas de Familia Feliz lucen como si también a estas les hubiera caído un alud.
Atender la crisis con la lógica de la burocracia, sin un sentido de humanidad, impone una carga pesada sobre las familias que ya han perdido todo. La esperanza, anidada en esa enorme capacidad de resiliencia de miles de personas que se levantan cada día para sobrevivir en este entorno de adversidad, también alimenta a las familias de El Cambray II. A un año de la debacle merecen el resarcimiento moral y material, acompañado de la justicia ante la estafa empresarial que los dejó en la miseria.
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