La historia de la urbanización está íntimamente ligada al curso de la historia de la humanidad. Iniciada hace más de 4 000 años en Mesopotamia, donde por primera vez modestas comunidades rurales se unieron para formar las primeras ciudades conocidas, la urbanización ha acompañado el desarrollo de las civilizaciones egipcia, griega, romana y occidental, pero también china y africana. Más cerca de nosotros, la civilización maya fue también en buena medida urbana, organizada alrededor de las ciudades-Estado, verdaderos centros de poder religioso, económico y cultural de la región.
Desde el inicio del siglo XXI, más de la mitad de la población mundial vive en las ciudades. Se estima que cada día más de 190 000 personas vienen a sumarse a la vida urbana, principalmente en los países en vías de desarrollo. Hace 40 años solo se contaban 3 megalópolis de 10 millones de habitantes. Son más de 30 el día de hoy y serán más de 100 en los próximos 20 años. Si las virtudes de las ciudades son conocidas en términos de dinámicas económicas, de dotación de servicios públicos y de innovación, entonces la contaminación, la segregación social, la inseguridad y el riesgo climático plantean una serie de desafíos para las actuales ciudades del mundo.
Para acompañar la emergencia de un nuevo modelo urbano, el concierto de las naciones incluyó en la nueva agenda de desarrollo el Objetivo de Desarrollo Sostenible 11 (ODS 11), que pretende, al horizonte 2030, «lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles». Si dentro de 20 años más del 60 % del mundo será urbano, es en las ciudades donde se juegan hoy los objetivos de erradicación de la pobreza y la garantía de una vida saludable. Es en las ciudades donde se determina si el crecimiento económico será inclusivo o más desigual. Es en las ciudades donde se decide la depredación de los recursos del planeta o un camino al desarrollo más sostenible. Es en ellas también donde se plantean las reivindicaciones sociales de lo más pobres y necesitados a un «derecho a la ciudad».
Para Guatemala, ese ODS tiene una importancia particular. El proceso de urbanización apenas está empezando en Guatemala. Con una tasa de crecimiento urbano anual de 3.3 %, derivado principalmente de la migración interna (del campo a la ciudad), se estima que el país puede alcanzar un porcentaje de población urbana del 65 % en 2030 (actualmente en 52 %), lo cual conlleva la llegada de más de 6 millones de habitantes a los centros urbanos principales del país. La transición rural-urbana del país conlleva una serie de desafíos tanto para el campo como para los centro poblados: el abandono de las áreas rurales de una población joven que no encuentra en el campo las oportunidades y el estilo de vida al que aspira, la necesidad de formación de capital humano para preparar la migración hacia las urbes, la dificultad de la llegada a la ciudad y el crecimiento exponencial de las demandas vinculadas a la urbanización (energía, agua, servicios básicos). Así, la transición urbana es más que una transición estadística: es un cambio en el funcionamiento y la organización de los territorios, en su gestión y en el estilo de vida de los ciudadanos que allí viven.
Esa transición es también una enorme oportunidad para el país. Los efectos de la urbanización en el crecimiento económico y en la prestación de los servicios básicos por efectos de la aglomeración han sido demostrados. Las ciudades son extraordinarias maquilas para la generación de empleo, gigantesca tarea que le espera a la Guatemala de mañana debido a nuestra demografía pujante.
Para lograr esa transición se requieren políticas públicas contundentes. El Plan Nacional de Desarrollo K’atun: Nuestra Guatemala 2032, formulado por Segeplán en el marco del Conadur, plantea un primer conjunto de acciones y metas a alcanzar para el país en su eje «Guatemala urbana y rural».
Para dar cumplimiento al ODS 11 en Guatemala será necesario abrir la discusión sobre la institucionalidad de desarrollo urbano (no contamos con un ministerio de desarrollo urbano), reconectar los partidos políticos con una agenda urbana de cambio y plantear mecanismos institucionales de observación y gobernanza de las ciudades y de construcción de plataformas de incidencia ciudadana para promover, desde la sociedad civil, las mejoras necesarias en la vida urbana del país (Iniciativa Urbana de Guatemala y asociaciones como Creamos Guate). Será crucial plantear políticas territoriales que permiten hilar la relación entre el campo y la ciudad y valorar el rol de los ecosistemas y sus servicios en la perspectiva de la construcción de ciudades sostenibles. También será fundamental generar experiencias de planificación y de ordenamiento territorial de las principales ciudades que están creciendo a ritmo acelerado, así como plantear proyectos de infraestructura urbana en materia de espacios públicos, transporte masivo limpio, manejo de desechos y vivienda. Finalmente, un enfoque de construcción de la resiliencia a nivel local con la participación de la población y sobre la base de intervenciones verdes permitiría consolidar una cultura urbana sostenible.
Los retos son grandes y las perspectivas alentadoras para la Guatemala urbana del 2030.
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