Siete preguntas sobre la crisis de los normalistas

1.- ¿Buscan los normalistas aportar a una verdadera reforma educativa o solo pretenden reivindicaciones de carácter socioeconómico?

Si bien en las últimas dos semanas los normalistas iniciaron reuniones internas para analizar técnicamente la Propuesta de modelo del subsistema de Formación Inicial Docente (FID) del Gobierno –en la última, este sábado en Huehuetenango, estaban invitados representantes de las 87 instituciones del Estado-, la raíz del problema fue el incremento de dos años en los estudios magisteriales y el costo que esto conlleva.

Las voces de alarma por el aumento en los años de estudio se escucharon entre los normalistas en noviembre de 2011, pero no fue sino hasta este año, en que el Ministerio de Educación (Mineduc) inició el proceso de socialización de la propuesta, que empezaron las medidas de hecho, como tomas de establecimientos, bloqueos y marchas. La descoordinación en el movimiento fue tan evidente que no pudieron organizar las tomas de los institutos normales en la capital junto a la de los institutos en el interior, de donde habían salido las primeras propuestas de hacerlo. Junto a ello, hasta ese momento, no existía la mínima discusión técnica de la propuesta y solo se planteaban como contrapropuesta el no echarla a andar en 2013, como fue anunciado, por afectar la economía de los estudiantes.

En teoría, el magisterio posibilita a muchos estudiantes salir del diversificado con un título que les permite incorporarse al mundo laboral de manera inmediata y contribuir al gasto familiar, si no pertenecen al grupo de estudiantes que ya trabajaban mientras estudiaban. Sin datos oficiales, los mismos normalistas organizados calculan números de su realidad. Por ejemplo, el 40 por ciento de los estudiantes de magisterio en el Instituto Normal Mixto “Alejandro Córdova”, en Huehuetenango, combinan sus estudios con trabajos a medio tiempo, ocasionales o de temporada para poder mantenerse activos.

La realidad es que graduarse de una normal no asegura obtener un empleo en el sistema. Según los datos del Mineduc, solo 61.75% de los profesores de preprimaria graduados de 2004 a 2009 fueron contratados. En primaria, esté porcentaje decayó al 27.68%, dejando por fuera a 65 mil 977 maestros graduados para este nivel. Es decir, de 2004 a 2009, sólo tres de cada diez profesores graduados de educación primaria y preprimaria obtuvieron trabajo en el sistema educativo (34 mil de 105 mil).

Así, el origen de la protesta estudiantil no fue aportar a una verdadera reforma, sino oponerse al nuevo pensum por reivindicaciones de carácter socioeconómico. Reivindicación que puede ser cuestionada porque sólo el 32 por ciento de graduandos obtiene una plaza de maestro. 

2.- ¿El nuevo pensum de la Formación Inicial Docente, por sí solo, permitirá tener mejores profesores en Guatemala?

Por sí solo, no. El éxito dependerá del proceso profesionalización para los docentes formadores de los nuevos maestros, que se iniciaría junto al diseño de nuevos materiales educativos para la etapa de especialización en 2013 según la propuesta. Junto a ello, estará mejorar las condiciones de infraestructura y cuestiones técnicas para los nuevos estudiantes.

Nadie –ni autoridades de educación, especialistas en el tema, sindicatos de maestros, padres de familia ni los mismos normalistas- discute la importancia de cambiar el pensum de formación de los nuevos docentes. Por un lado, ésta responde a una deuda histórica –más de 50 años de no tener una reforma integral al sistema de educación en el país- y político-social –adquirida en los Acuerdos de Paz de 1996 y que pretendía visibilizar una sociedad multicultural y diversa- del Estado guatemalteco–.

Aun cuando el Ministerio de Educación ha establecido que el pensum todavía es una propuesta, especialistas como Carlos Aldana, ex viceministro de Educación y asesor de los normalistas, critican que se aumenta la cantidad de información que debe conocer el futuro maestro, materias didácticas, pero no se ahonda en materias y herramientas pedagógicas. Según la propuesta, en cuarto año (de secundaria), de materias pedagógicas, los futuros maestros recibirán seis sesiones de 40 minutos a la semana –Orientación vocacional y Fundamentos de pedagogía-; y dos sesiones de Orientación Vocacional en quinto año, solamente. Estas críticas van en el sentido de que esta fase preparatoria no capacita a los maestros sobre cómo enseñar a sus futuros alumnos. De igual forma, se critica la falta de materias humanísticas; solo tres en dos años.

En contraposición, la propuesta pretende revertir los malos resultados académicos que obtienen los maestros graduados en el país. Según los datos de Empresarios por la Educación, los maestros que buscan una plaza en el sistema reflejan deficiencias en su formación: sólo un 40 por ciento logra el nivel esperado en matemática y el 45% en comunicación y lenguaje. Para 2010, sólo el 22 por ciento de los graduados tenía el nivel de logro en lectura; en matemática, el porcentaje bajaba al 5 por ciento. En 2011, estos bajaron a 19.80 por ciento en comunicación y lenguaje; y 3.74 por ciento en matemática.

Sería en los tres años de estudios universitarios en donde se darían más herramientas pedagógicas y prácticas docentes que mejoren las habilidades de enseñanza de los maestros, como se hace en otros países que desde hace años dan sus profesorados desde universidades. En la actualidad, en todo el continente sólo en Guatemala y Haití no tienen educación universitaria.

De igual forma, la propuesta del Estado no prevé un sistema de exámenes que evalúen las habilidades, aptitudes y actitudes vocacionales dirigidas a la carrera del magisterio al momento del ingreso de los nuevos alumnos al diversificado. Según la reforma, este proceso se daría hasta la etapa de especialización profesional.

Para los normalistas que se oponen a la propuesta, el pensum no se acopla a la realidad que se vive en muchos de los institutos públicos y privados del país: infraestructura inexistente o insuficiente y la falta de herramientas tecnológicas, entre otros aspectos. Así, aseguran, los cambios académicos serán poco efectivos. De nuevo, la principal crítica desde el alumnado es que el diversificado no dará las suficientes herramientas para incorporarse al sistema laboral y la mayoría de estudiantes no podrán sostener el costo económico de los dos años de profesionalización, no sí ésta mejorará la enseñanza en los primeros años del sistema educativo. 

3.- ¿La reforma educativa empuja a los estudiantes a decidirse por bachilleres más técnicos y tecnológicos que por el magisterio?

Los normalistas que se oponen a la propuesta de reforma aseguran que el aumento en los años de estudio busca crear técnicos, lo que solo beneficia “la creación de mano de obra barata” afín a los planes del Comité coordinador de asociaciones agrícolas, comerciales, industriales y financieras (CACIF), al obligar a los alumnos a inclinarse por bachilleratos industriales o tecnológicos con menos tiempo de estudio. Según los normalistas, la participación activa de organizaciones como Empresarios por la Educación es una muestra de ello.

Lo que es sí es cierto es que existe una preocupación real entre el empresariado por la falta de fuerza laboral calificada. En 2012, un estudio de Manpower, compañía internacional de colocaciones de personal, arrojó que Guatemala es el quinto país del continente por el porcentaje de empresarios –el 27% de los encuestados- que manifestaron grandes dificultades satisfacer sus necesidades de empleador. De los diez puestos que se citaban entre los más requeridos, siete eran técnicos: representantes de ventas, secretarias o asistentes administrativas, choferes con alto nivel de educación, operadores de producción, personal de contabilidad y finanzas.

La postura oficial del Cacif ha sido que no se puede posponer la reforma educativa y que el primer paso, como está en la propuesta en discusión, es transformar el modelo educativo actual aumentando la capacidad de los docentes, quienes serán los encargados de sentar las bases de la educación en preprimaria y primaria.

Los empresarios concuerdan con otro punto: con un sistema que solo posibilita la absorción de tres de cada diez graduados de primaria y preprimaria, se deber ofrecer otras alternativas educativas que sí les posibiliten ingresar al mercado laboral. Desde Empresarios por la Educación se habla de promover “carreras técnicas y bachilleratos con orientación laboral”. El punto sería dar conocimientos para que los graduados no ingresen al sector de subocupados de la Población económicamente activa (PAE), que alcanzó el 57% según los datos de la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos 2011.

A finales de la semana pasada, la ministra de Educación, Cynthia del Águila, dijo ante el Congreso de la República que la Propuesta de modelo del subsistema de Formación Inicial Docente busca mejorar las aptitudes de los futuros maestros y, al mismo tiempo, cambiar el hecho de que se haya convertido al magisterio en la única opción para miles de estudiantes del ciclo diversificado. Sin embargo, para ello, tendría que aumentarse la oferta de bachilleratos técnicos, que no están distribuidos de igual forma a nivel nacional. Para esto último, todavía no existe un plan. 

4.- ¿Por qué el movimiento magisterial no está apoyando a los normalistas?

Contrario a lo que sucede en este momento, el magisterio fue uno de los principales críticos a propuestas de cambiar el pensum del subsistema de Formación Inicial Docente (FID) en años anteriores. Si bien el diseño de la reforma educativa se viene trabajando desde 1996, con una comisión paritaria, y a partir de 1998 a través de una mesa técnica, ésta siempre fue vista como un proyecto de gobierno más que como una prioridad de Estado y los esfuerzos por hacer cambios siempre terminaron con entrampamiento con los maestros.

Fue el magisterio, a través de Asamblea Nacional del Magisterio y de la Comunidad Nacional de la Comunidad Normalista, el principal opositor de cambios en el período presidencial de Óscar Berger (2004-2008). Entonces, ambas organizaciones aseguraron que el incremento de un año de estudios a los normalistas iba en detrimento de la economía familiar de los estudiantes. La presión ejercida por el magisterio en ese momento terminó con un sistema flexible que permitió a cada institución educativa decidiera si aumentar o no un año de estudios y manejar cada una de ellas su propio pensum.

El cambio en el discurso del magisterio se dio con la entrada del gobierno de Álvaro Colom (2008-2012), con el que el sindicato de maestros tuvo un mayor acercamiento. Hoy, en retrospectiva, la dirigencia de la Asamblea asegura que se logró entablar un proceso en el que todos los sectores fueron tomados en cuenta y que esto posibilitó la participación activa de los maestros y de alumnos normalistas. Como muestra de este apoyo del sector, 31 mil maestros habrán recibido cursos de actualización de conocimientos para equipararse con el nuevo pensum a finales de este año. Según Joviel Acevedo, dirigente magisterial, el mayor beneficiado de esta profesionalización será el maestro mismo y “quien deberá devengar un salario mayor porque tiene estudios superiores”.

5.- ¿Es válido que los normalistas entrampen el proceso de socialización de la propuesta cuando estuvieron representados en la elaboración de la misma?

Para los normalistas opositores a la propuesta, sí. Según explican ellos, el proceso estuvo viciado desde un inicio y no existió una verdadera representatividad de los estudiantes en la Coordinadora Nacional de la Comunidad Normalista. En ella se incluyó alumnos a punto de egresar que no socializaron la información que se manejó durante las 87 reuniones en las que se adquirieron insumos para la mesa técnica que elaboró la propuesta o simplemente no representaban los intereses del resto de normalistas. Pare ellos, tampoco son representativos los miembros de la Asamblea Nacional del Magisterio (ANM) y del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG).

No son los únicos que critican el proceso por no haber participado en el mismo. El jueves pasado, durante las sesiones ante la Comisión de Educación del Congreso, la Cámara Guatemalteca de Educación (CGE), asociación que aglutina a colegios e institutos privados –el 68% de las instituciones que brindan los servicios de bachillerato diversificado-, y el Grupo de Educadores por Guatemala respaldaron la negativa a la propuesta. Según ambos grupos, ellos no fueron tomados en cuenta en la mesa que hizo la propuesta y ésta no se basó en la realidad del sistema de educación nacional. Diana Brown, representante de la CGE, por ejemplo, propuso echar a andar un plan piloto para el nuevo pensum y, con base a los resultados que arroje, hacer los cambios necesarios de manera general.

El discurso de los normalistas se contrapone a la posición del Gobierno, que sostiene que los tres años que duró el proceso de gestación de la propuesta fueron suficientes para lograr los consensos necesarios. La misma ministra de Educación, tras las sesiones en el Congreso, afirma que si bien se mantiene abierta a tomar insumos de las presentaciones realizadas por estudiantes, padres de familia, maestros y sociedad civil, el proceso de socialización de la reforma educativa continuará.

Para otros sectores, como los rectores de las Universidades de San Carlos, Rafael Landívar y Del Valle, que tampoco tuvo representantes durante la elaboración de la propuesta, en lugar de romper con el proceso de socialización se debe aportar datos técnicos y tratar de incidir positivamente en él. Según explicó Roberto Moreno, rector de la Universidad del Valle, se trata de dejar de lado la discusión política del cambio de pensum y de la reforma educativa en general y empezar a hablar con base a criterios técnicos y pedagógicos. 

6.- ¿Cuál es el costo de la reforma educativa?

El Ministerio de Educación no ha dado a conocer los costos públicamente. Cynthia del Águila se ha limitado a decir que espera tener el apoyo del Congreso de la República para aumentar el presupuesto asignado a su cartera para cuando se eche a andar los cambios necesarios. Desde el Congreso, Mario Torres, diputado por la UCN y ex ministro de Educación durante el gobierno de Alfonso Portillo (2000-2004), dice que “existe la voluntad política” para su aprobación una vez éste se conozca y sea enviado por el Ejecutivo.

Números, ni uno solo.

Según la propuesta, el cálculo de los recursos necesarios deberá hacerse en el transcurso del primer semestre del año 2012, que terminó hace quince días. Ésta se haría partiendo de que ya todas las escuelas e institutos normales “tienen la infraestructura mínima necesaria para iniciar la implementación de la etapa preparatoria y cuentan con la capacidad para impulsar el Bachillerato en Ciencias y Letras con Orientación en Educación”.

El monto asignado, según el nuevo pensum del magisterio, tendría que, incluir inversión en equipo y paquetes informáticos para todos los institutos diversificados del Estado, por ejemplo; y mejoramientos en la infraestructura. Además, a mediano plazo, al menos, debe incluir la creación de nuevos bachilleratos técnicos, secretariales o industriales –incluyendo inversión en tecnología y pago de maestros- en lugares en los que tradicionalmente las únicas opciones estatales fueron la formación de maestros y peritos contadores. El costo final de todo ello dependerá de cómo, cuándo y en qué plazo se quiere echar a andar el nuevo pensum y de estas otras “opciones” de las que habla la ministra Del Águila.

Se prevé hacer una inversión adicional para desarrollar un proceso de actualización docente en el nuevo modelo, dotar de materiales de apoyo curricular y presupuestar recursos para contratar personal docente, técnico y administrativo. A ellos, según la Asamblea Nacional del Magisterio, a mediano plazo tendría que tomarse en cuenta un aumento salarial general a los maestros por ser ya “profesionales” de nivel superior. Según sus propias cuentas, un maestro no podría estar ganando menos de Q8 mil al mes. Según datos facilitados por miembros de gabinete durante la discusión de la reforma fiscal de febrero de 2012, sólo diez por ciento de los guatemaltecos gana más de Q8 mil al mes.

Por otra parte, si se pretende que la implementación de la profesionalización a nivel superior de los maestros de preprimaria y primaria corra exclusivamente por cuenta del Estado, se deberá aumentar el presupuesto asignado a la Universidad San Carlos y sus capacidades de recepción de estudiantes. Actualmente, la formación superior de maestros de tercer ciclo corre por cuenta de la Escuela de formación de profesores de enseñanza media (EFPEM), adscrita a la Universidad, con un presupuesto de Q9 millones 174 mil 709 en 2012, apenas el 1.25 por ciento del plan de funcionamiento de la Usac en este año y que tuvo una reducción porcentual con respecto al año anterior. En la propuesta, éste sería quien supervise los institutos que se transformen en Escuelas Normales Superiores.  

7.- ¿Quién asume el costo de la reforma educativa?

Todavía no queda claro. En el Ministerio de Educación se habla de diferentes planes que van desde cuotas preferenciales hasta becas, parciales o totales, según desempeño académico. De dónde saldrán los fondos es otro misterio. Pero en la práctica esto implicaría aumentar la inversión para el ciclo diversificado, que tradicionalmente es el que menos inversión recibe del Estado: 3.83% de presupuesto anual de la institución en promedio en los últimos nueve años. Datos de establecimientos educativos privados que cuentan con todas las herramientas pedagógicas en Ciudad de Guatemala muestran que el mayor porcentaje de su presupuesto se destina a las áreas de preprimaria y diversificado, que requieren de mayor especialización; el Estado hace lo contrario y prioriza primaria.

Desde 2004, según datos del Sistema de Contabilidad Integrada del Ministerio de Finanzas, el Ministerio de Educación es la cartera con un mayor presupuesto dentro del Estado; representa casi el 16 por ciento. El aumento en el presupuesto del Mineduc está ligado al aumento de salarios de maestros. La institución pasó de tener un aporte estatal de Q3.9 mil millones en 2004 a casi triplicarse en ocho años hasta alcanzar los Q10.2 mil millones para 2012. El incremento de fondos para el Ministerio da un salto de 2008 a 2009, cuando aumentaron Q2.4 mil millones. Esto se explica por la entrada de 14 mil nuevos maestros de preprimaria y primaria después del aumento de la demanda de educación pública producto de la gratuidad del servicio y la contratación de maestros del Pronade.

La formación de nuevos maestros apenas supuso el 1.98% del presupuesto anual promedio del Mineduc de los últimos nueve años. El rubro, si bien casi se triplicó, pasó de Q86.4 millones en 2004, a Q223.9 millones en el plan de gastos de este año para educar docentes a nivel público.

El otro punto en debate es si el Estado estará dispuesto a subsidiar a los estudiantes a nivel superior, un ámbito que está fuera de las obligaciones del Mineduc. Ahí podrían entrar las universidades privadas, que originalmente no aparecen en la propuesta de Formación Inicial Docente pero que ya adelantaron su anuencia para brindar las carreras técnicas de profesorado.