Estas reformas legales no serán ni las primeras ni las últimas, pero su aprobación es necesaria porque permiten que caminemos en la consolidación de un sistema de justicia más técnico y apegado a la justa deliberación de lo que sucede. Reformas de este tipo, destinadas a mejorar el diseño de las instituciones y el ejercicio de sus funciones, deberán estar siempre presentes en el tiempo cada vez que se necesite mejorar algo. Para lograr que sean aprobadas, los diputados tendrán que estar a la altura de las circunstancias, del momento histórico, o al menos deberán sentirse acorralados por el miedo a quedarse solos en el equipo de la impunidad, pues desde hace muchos años no estaban tan cerca de perder el partido como lo han estado desde el 2015. Hay que reconocer que han resistido de forma hábil y a su estilo, ya que tampoco han cambiado radicalmente su forma de jugar, pero ese exceso de confianza también puede convertirse en el error que les haga perder sus corruptos privilegios.
Cárcel para los corruptos fue la principal reivindicación de los ciudadanos que se movilizaron y expresaron su hastío de una u otra forma durante la crisis política del 2015, y el pluralismo jurídico ha sido una de las principales reivindicaciones históricas de los movimientos indígenas y campesinos. Es un clamor popular, entonces, aprobar reformas que combatan el poder de los corruptos para asegurar impunidad y la visión estrecha y homogeneizadora de la búsqueda de la justicia en un país hermoso por diverso, pero que constantemente excluye.
Sin duda es valioso el papel que les corresponde jugar a las instituciones públicas en el desarrollo integral de Guatemala. Una institución de representación política como el Congreso es la concentración de los deseos de quienes han elegido votar. La discusión política y técnica en el Legislativo debería servir para eliminar, modificar o potenciar lo planteado. Pero de eso a botar y burlar el espíritu del paquete de reformas hay una gran diferencia. No se puede obviar lo pertinente, ya que no aprobar es dejar de avanzar y perder una buena oportunidad para fortalecer el sistema de justicia. Entender el rol de las instituciones, en el caso del Congreso esta semana, es importante para una democracia. Pero también es importante para una democracia comprender que las propuestas multisectoriales son valiosas para construir un país más incluyente y participativo, sin obviar que la participación y las formas de participar son reducidas, pues forman parte de los límites organizativos que debemos superar, así como para el debate legislativo es un límite crudo y fuerte un Congreso conformado clientelarmente a partir de las desventajas del sistema político.
El martes 28 nos dimos cuenta de que el debate legislativo (siempre necesario y fundamental para alcanzar una mayor democratización) fue una burla. Durante toda la discusión hubo pocas intervenciones que valieran la pena, pero la que más llamó la atención, y no por notable, fue la del antejuicio, la cual finalmente fue desechada. No pasó el punto más fuerte y popular, aunque con menor peso técnico, del paquete. Entiendo que, en un país institucionalmente débil, las mafias puedan aprovechar que no existe antejuicio para boicotear el buen, efectivo y digno trabajo de los pocos diputados transparentes y comprometidos con su labor legislativa. Pero la reforma, vista integralmente, valía sacrificios, ya que también es cierto que más corruptos se han visto beneficiados que políticos honestos desfavorecidos en la trampa mediática que otorga el antejuicio. Desde los partidos políticos y medios y desde la opinión pública, si le interponen antejuicio a un funcionario público, este se convierte automáticamente en corrupto, lo cual no necesariamente es cierto, ya que la medida también es utilizada como un instrumento de veto. Si el punto más mediático y popular no pasó, ¿cómo pensar que pasará uno de los puntos más técnicos y necesarios, pero confusos (para las grandes mayorías), como el pluralismo jurídico, que de hecho no pasó en su primera lectura y se está a la espera de que con enmiendas se revierta el resultado, aunque el panorama no es alentador?
¿Cómo podemos vernos a la cara y decir que las formas —formales— democráticas siguen valiendo la pena? ¿Cómo podemos decirles a la clase política y a la gente que lo popular no siempre es lo correcto, pero que valdrá la pena una vez que desarrollemos nuestras capacidades políticas y de presión para lograr un equilibro que permita aprobar lo popular en sintonía con lo técnico? Y finalmente, ¿cómo lograr que se apruebe lo popular, pues en este tipo de circunstancias, por las dinámicas del Congreso y la correlación de fuerzas, es una oportunidad para que también pase lo técnicamente valioso, que servirá para fortalecer un sistema de justicia que funcione desde la interoperabilidad y las funciones técnicas para la aplicación de las leyes?
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