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Radio y TV en Guatemala: pocas manos concentran muchas frecuencias (1/9)
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Radio y TV en Guatemala: pocas manos concentran muchas frecuencias (1/9)

“Empezamos a descubrir que durante el ejercicio del poder se empezó a recibir pauta de manera opaca, descontrolada, y con un evidente pago de favores"
En frecuencias televisivas son dos grupos religiosos los que acumulan juntos el 18.38%: el de Ministerio de Motivación Cristiana, y el grupo del pastor Job Eliú Castillo Zan.
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/ Ilustración: Sandy Revolorio

Cinco grandes grupos mediáticos dominan la radio y la televisión en Guatemala. Estos grupos, en su mayoría emporios familiares, han acaparado el espectro radioeléctrico y han aplastado a posibles competidores. Para ello se han favorecido de sus relaciones con el poder político. Los grupos Albavisión, Emisoras Unidas, Radio Grupo Alius, Radio Corporación Nacional (RCN) y Nuevo Mundo son usufructuarios del 39.77% del espectro en Frecuencia Modulada (FM), según datos del inventario de radiofrecuencias de la Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT), actualizado al 12 de junio de 2017. En ese porcentaje se concentran la mayoría de frecuencias de radio y televisión comerciales del país.

Un estudio publicado en 2009 por las organizaciones Trust for the Americas y el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), denominado “Los monopolios de la verdad: descifrando la estructura y concentración de los medios en Centroamérica y República Dominicana”, concluía de forma tajante: “En pocos países se encontrará un nivel tan alto de concentración de la propiedad de los medios de comunicación como en Guatemala”. Poco ha cambiado desde entonces.

Laberinto del Poder investigó la propiedad de los medios radioeléctricos en Guatemala y su relación con el Estado a través del otorgamiento de múltiples contratos por publicidad y otros rubros. Para ello se tomó en cuenta los medios tradicionales de radio y televisión cuyas familias propietarias tienen larga data en dicho rubro. Los resultados del análisis de bases de datos de contratos con el Estado, inventario de radiofrecuencias de la SIT y archivos del Registro Mercantil es clara: la concentración de medios que estos grupos empresariales han logrado en los últimos 50 años, ha sido posible por la distribución antojadiza del usufructo de frecuencias del espectro radioeléctrico por parte de los gobiernos de turno. Casi cuatro de cada 10 frecuencias son explotadas por los mismos grupos empresariales: Albavisión, del mexicano Ángel González; Emisoras Unidas, de la familia Archila; Alius, de la familia Liu; Nuevo Mundo, del empresario Miguel Alfredo González Gamarra; y RCN, de la familia Alcázar Solís. (ver herramienta interactiva).

El espectro del país cuenta con un total de 4,431 frecuencias, de las cuales 4,420 son destinadas a la radiodifusión, según los parámetros técnicos de la Unión Internacional de Telecomunicaciones UIT. 1,543 son usadas para la transmisión de televisión por cable, y 1,183 para radio y televisión (UHF y VHF): 457 para televisión, 174 para radio AM y 552 para radio FM. El resto son frecuencias de enlace de punto fijo, necesarias para enlazar la transmisión de datos entre dos antenas, pero que no necesariamente implican difusión.

El apetecible dial de radio y televisión lo representan esas 1,183 frecuencias.

El grupo Albavisión es usufructuaría del 33%; una tercera parte del mercado total. Es decir el grupo Albavisión goza del 46.6% de las frecuencias otorgadas para televisión. Según documentación interna de la SIT relacionada a la adjudicación de títulos de frecuencias, hacia el año 2000 las empresas que integran el grupo Albavisión (Radio Televisión S.A., Tele Once S.A., Trecevisión S.A. y Televisiete S.A.) (ver fichas) poseían los títulos de las frecuencias de los canales 2, 3, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 26, 41, 44, 48, 49, 51, 55, 60 y 64. Esos títulos de usufructo fueron renovados después de la reforma de 2012, que los amplió de 15 a 20 años, y la propiedad de estos se mantuvo en las mismas manos. Es decir: el grupo es usufructuario de casi todos los canales de televisión abierta (sin suscripción), aunque no haga uso de todos ellos. Las frecuencias de los canales 26 y 68, por ejemplo, le fueron asignados a Televisiete S.A. y a Radio Televisión de Guatemala S.A., respectivamente, por “falta de interés” cuando se llevaron a subasta".

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En Guatemala, según la SIT, no existen las frecuencias nacionales y si alguna empresa de radiodifusión quiere llegar a todos los departamentos, necesita frecuencias repetidoras. En este caso, al tratarse de televisión abierta, Albavisión ha utilizado dichas frecuencias como repetidoras. Por eso la repetidora de canal 3 en las zonas departamentales es el canal 10; canal 6 para el canal 11, y así sucesivamente, en los que los segundos canales son repetidores de los primeros.

En el espectro radioeléctrico hay frecuencias que no sirven para transmitir datos, si no solo para conectar un punto y otro. Por ejemplo, dos torres-antenas, llamadas de punto fijo. Algunos de esos enlaces, sin embargo, sí sirven para transmitir datos en un espacio reducido: un municipio, por ejemplo. Esas frecuencias también son subastadas. “La mayoría de radioemisoras tiene sus estudios o cabina en la capital, pero la antena de transmisión está allá arriba, en el cerro Alux, o en Montebello”, explica un técnico de la SIT. Si se toma en cuenta este dato, resulta que Albavisión en realidad posee el usufructo del 11.07% de frecuencias que sí sirven para transmitir datos. Los análisis pueden seguirse engrosando si se depuraran las frecuencias que son de uso exclusivo para telefonía, satélite, radiocomunicación y otras.

En el caso de la radio, la tendencia de concentración es similar. De las 726 frecuencias de radio registradas, el Grupo Emisoras Unidas es usufructuaria del 10.6%. Albavisión ocupa el 15.9% del FM, Grupo Alius el 3.8%, Grupo Nuevo Mundo el 5.4%, y el Grupo Radio Corporación Nacional (RCN), el 3.2%. En total, estos cinco grupos copan el 38.9% de las frecuencias, según datos oficiales.

No es posible conocer con exactitud de cuántas frecuencias goza un usufructuario en concreto, ya que las frecuencias pueden realquilarse, según admite la misma SIT. En el listado proporcionado por la SIT a Laberinto del Poder constan los usufructuarios oficiales y no los beneficiarios finales. El 88.9 del FM (en Guatemala y Sacatepéquez) está a nombre de Radio Fórmula. En la práctica lo usa Radio Fabulosa, que forma parte del Grupo Nuevo Mundo.

Poder y dinero

La investigación “Monopolios de la verdad” llama a esto “un virtual monopolio económico de la televisión”. En números crudos, esto significa que, de las 457 frecuencias existentes para difundir televisión, 213 están bajo el poder de González. El informe “Financiamiento de la Política en Guatemala” publicado en 2015 por la Comisión Internacional contra la Impunidad (Cicig), lo llama “monopolio” a secas. Y denuncia su relación con la política: “El monopolio de televisión abierta pacta con candidatos y/o líderes políticos costos especiales de publicidad, así como espacios gratuitos o créditos (incluyendo cobertura en los noticieros) con miras a mantener la concesión y la adjudicación de publicidad gubernamental”.

La importancia de la naturaleza de la propiedad de los medios de comunicación en Guatemala radica entre otras cosas en las relaciones que establecen con el poder político, las cuales trascienden los intereses económicos. La Cicig lo planteó así en 2015: “Las campañas electorales se basan cada vez más en los medios de comunicación”. “Con la expansión de los medios masivos de comunicación, sobre todo la radio y la televisión, se impuso su utilización”. La relación también se impone a la inversa, dice el periodista e investigador de medios, Gustavo Berganza: “un medio aquí no crece si no está de acuerdo con el poder”.

El investigador Silvio Gramajo opina que los medios de comunicación en Guatemala no solo se aliaron al poder, sino que entraron en su misma dinámica. “Empezamos a descubrir que durante el ejercicio del poder se empezó a recibir pauta de manera opaca, descontrolada, y con un evidente pago de favores. Pero lo peligroso acá no está solo en recibir la pauta como pago al hecho que me hubieran dado dinero de la campaña. Sino en que la pauta implica el restringir o el mediar o el condicionar ciertos mensajes a favor del gobierno de turno”, dijo.

Gramajo identifica matices en esta relación de financiamiento de partidos por parte de algunos medios versus la pauta publicitaria de varios ceros que se pueda recibir. “Hay mutua conveniencia: tú me das y no es que no te joda, pero como dirían en México, ‘te voy a joder no más tantito’, como para lavarme la cara. El gobierno puede decir: ‘me vas a joder no más en el momento, hay dos opciones: te cierro la llave de la publicidad o te cambio la ley”. Es decir, quitar frecuencias o promover una ley restrictiva.

Si bien para algunos medios de comunicación su relación con el Estado ha resultado más beneficiosa que para otros, en términos económicos ha sido bastante desigual. De acuerdo con el análisis de fondos recibidos por la SIT en concepto de subastas y pagos administrativos de parte de los medios de comunicación investigados, el Estado guatemalteco ha recibido 8,9 veces menos de lo que les ha pagado a estos en contratos de publicidad oficial.

Gramajo tira una pregunta al aire: “¿por qué a la actividad extractiva se le piden regalías y a las frecuencias no?”.

Desde 1996 a 2017, los pagos recibidos por la SIT de los medios de comunicación investigados por Laberinto del Poder han sumado Q74,941,148 –en concepto de subastas y pagos administrativos-, frente a los Q669,084 que ha pagado a esos medios en contratos con el Estado, a través de sus empresas matrices, u otras que funcionan bajo su sombrilla, pero con otros nombres comerciales. La cantidad solo implica a aquellos que explotan radiofrecuencias y no todos los medios investigados, que incluyen medios impresos y de difusión a través de internet.

Las cantidades, sin embargo, no son equiparables, ya que los pagos efectuados por los medios a la SIT implican el período de tiempo de 1996 hasta 2017. Los contratos de publicidad analizados por Laberinto del Poder sólo pudieron hacerse dentro del rango que los contratos con el Estado están disponibles, o sea desde 2004. Esto implica un desfase de nueve años.

Medios y democracia

La relación entre Estado y medios de comunicación también es evidente al analizar los datos publicados por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) sobre las elecciones generales de 2015. El TSE, en cumplimiento a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, solicita un pliego tarifario a los medios de comunicación, para establecer los espacios de propaganda electoral.

El TSE publicó a quiénes les solicitó las tarifas, pero no las tarifas remitidas. Los cinco principales grupos de medios de Guatemala figuran en dichos registros, así como otros con mayor presencia en el interior del país. En total, son 327 medios de comunicación –hasta el 22 de julio de 2015– que el TSE tenía en consideración para pauta electoral. Estos incluyen radio, televisión, medios escritos, electrónicos, mensajería telefónica, vallas publicitarias y mupis. Sin embargo, la mayor porción del pastel publicitario –por abundancia de existencias– es para las radios: el 80% de los medios que remitieron el pliego tarifario son radios.

Antes de las reformas electorales de mayo de 2016, un medio de comunicación que no hubiese remitido sus tarifas al TSE no podía transmitir propaganda electoral. Con las reformas se eliminaron los tratos directos entre partidos y medios; y el TSE quedó establecido como el intermediario entre los partidos y los medios de comunicación.

Así, el Grupo RCN remitió tarifas para 15 radios; Grupo Albavisión para 13 radios y sus 4 canales de televisión abierta; Grupo Alius para 27 radios; Grupo Nuevo Mundo para 52 radios; y Grupo Emisoras Unidas para 13 radios. Tres de estas últimas están listadas con un área de influencia de “toda la república”, es decir, son nacionales.

El emporio de la fe

Aunque el grupo Albavisión es el que indiscutiblemente domina el panorama de medios radio eléctricos en Guatemala, hay otras compañías que pueden hacerle frente en términos numéricos: el de todas las emisoras y canales de televisión que aglutinan sectores religiosos cristianos. De acuerdo con el inventario de radiofrecuencias de la SIT, 33 personas naturales y jurídicas que se identifican bajo una denominación religiosa cristiana, son usufructuarios de 235 frecuencias. En algunos casos son reconocidos pastores evangélicos, como Harold Osberto Caballeros López, quien según el listado de la SIT tiene bajo su nombre dos frecuencias de FM y 21 más bajo nombre de la Iglesia El Shaddai, de la que fue su pastor principal y propietario. Caballeros también fue señalado por haber usado y movilizado dinero en paraísos fiscales con el bufete Mossack Fonseca.

En frecuencias televisivas son dos grupos religiosos los que acumulan juntos el 18.38%: el de la Iglesia Ministerio de Motivación Cristiana, dirigida por el pastor Luis Fernando Solares; y el grupo del pastor Job Eliú Castillo Zan, con las entidades Fundación Enlace y Audio Video de Guatemala S.A. Cada grupo posee, según el listado de la SIT, 42 frecuencias para rango televisivo.

El poder económico de los grupos –y sus áreas de interés– no son solo visibles en la concentración de los medios de comunicación. Laberinto del Poder también tiene datos acerca de las representaciones de las personas que forman o han formado parte de las juntas directivas de las empresas de medios. Si se toma como ejemplo el grupo Albavisión, las personas que han tenido algún cargo en algunas de sus compañías también han estado vinculadas a un total de 138 empresas.

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Otro ejemplo es el Grupo Emisoras Unidas, cuyos directivos y exdirectivos han formado parte de más de 60 empresas. En por lo menos 40 de ellas, Francisco Rolando Archila Dehesa ha fungido como administrador único, presidente, gerente y otros cargos.

Las empresas de medios no son las únicas con las que sus directivos han mantenido contacto con los gobiernos de turno y los fondos públicos. Estas otras compañías, alejadas del rubro informativo y que en algunos casos tienen que ver con servicios de comida, cafetería, publicidad y asesoramiento, también han participado de los negocios estatales. Un ejemplo clave de ello son los más de 170 procesos –167 de ellos contrataciones directas– de empresas en donde ha sido o es directivo Francisco Rolando Archila Dehesa, del Grupo Emisoras Unidas, entre los años 2006 y 2014.

Las contrataciones han significado Q 8.6 millones para compañías que no se dedican en su mayoría a la difusión de noticias, sino a la contratación de publicidad para sus mismas empresas, triangulando de esta manera los fondos: el gobierno le compra pauta a una agencia publicitaria del Grupo Emisoras Unidas, la que a su vez contrata a medios de comunicación –radios en su mayoría– del mismo grupo para transmitir la pauta. El dinero rebota dentro de la misma red.

La profesión de abogado de algunos mandatarios de empresas de medios de comunicación puede inducir al error en el caso de sus vinculaciones con múltiples compañías. Por ello no fueron tomados en cuenta como ejes fundamentales de análisis; al contrario que a los directivos.

Laberinto del Poder se basó en los datos públicamente accesibles –del Registro Mercantil y Guatecompras–, y en solicitudes de información a la SIT –inventario de frecuencias y pagos históricos de subastas–, además en la Tabla de Atribución de Frecuencias de la SIT para poder determinar la concentración de usufructos, tipo de frecuencias, rangos, propietarios de las empresas.

Esta publicación forma parte de una investigación periodística sobre la propiedad de los medios de comunicación en Guatemala, realizada por Laberinto del Poder, una plataforma diseñada para conocer las relaciones de poder en Centroamérica a partir de redes, personajes, datos y contratos. La metodología sobre este especial puede ser consultada aquí.

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