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Wilber Estuardo Castellanos Venegas, magistrado de la Corte de Apelaciones, en una foto, durante una sesión de trabajo, enviada por el propio magistrado

«Quien sí se excedió y con quien sí tengo un conflicto de interés es con el MP», magistrado Castellanos Venegas

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«Quien sí se excedió y con quien sí tengo un conflicto de interés es con el MP», magistrado Castellanos Venegas

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En esta entrevista, Castellanos argumenta que no se inhibió de conocer el antejuicio contra los magistrados de la CC porque no tiene ningún tipo de conflicto de interés, a pesar de que figura en la investigación del MP, y de que es parte de la nómina para ser reelecto como magistrado en la Corte de Apelaciones. Sobre la publicación de la Embajada de Estados Unidos a favor de la jueza Ericka Aifán, dice que si se interpreta como un apoyo a ella frente a la denuncia que presentó en su contra «es algo muy delicado» porque sería un «agente diplomático interviniendo en asuntos internos de justicia».

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Wilber Estuardo Castellanos Venegas es, entre otros, uno de los magistrados de la Corte de Apelaciones señalado por la FECI de haber tenido comunicación con Gustavo Alejos para influir en su reelección. Actualmente preside el Instituto de Magistrados, entidad que aglutina a miembros del Organismo Judicial y que ha publicado informes en el que señala errores cometidos por los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC).

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Castellanos integró la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que dio trámite al antejuicio en contra de tres magistrados de la CC, y recién presentó una denuncia contra el fiscal Francisco Sandoval, la jueza Erika Aifán y la Fundación Myrna Mack.

Usted integró la CSJ que dio trámite al antejuicio contra varios magistrados de la CC ¿cuáles son los argumentos que permitieron que continuara este proceso?

Según la ley en materia de antejuicios, cuando se presenta una denuncia o una querella contra un funcionario que tiene este derecho, el juez penal se debe inhibir y elevar el expediente a la CSJ. Lo que le corresponde a la CSJ no es determinar si se cometió un delito. Eso nosotros no lo analizamos. Su función es verificar si el planteamiento del antejuicio llena ciertos requisitos y presupuestos para trasladarlo o no al órgano que debe conocerlo. Nosotros consideramos que la denuncia que se presentó tenía argumentos razonables. Hay un hecho que es necesario investigar y el planteamiento no es espurio, ilegítimo o político.

Esta semana, la CSJ resolvió por cuarta vez mantener la inmunidad del diputado Felipe Alejos. La resolución fue por mayoría y responde a una orden de la CC que pidió, también por cuarta vez, emitir una resolución respecto a la petición que hizo la FECI, la cual acusa al legislador en el caso Traficantes de Influencias. La solicitud para investigar al diputado viene desde enero 2018, cuando el MP estableció la posibilidad de que Alejos fuera intermediario entra la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y empresarios para agilizar el trámite de crédito fiscal.

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¿Usted tiene alguna relación con Gustavo Alejos?

No tengo ningún tipo de relación con Gustavo Alejos.

El informe de la FECI señala que usted mantuvo comunicación con Gustavo Alejos ¿lo visitó o habló con él por teléfono mientras él se encontraba en prisión preventiva?

La imputación es de lo más amplia. El MP dice que yo mantuve, no recuerdo bien la palabra exacta, porque no dice comunicación sino interacción. Digamos que dice que yo mantuve comunicación por teléfono con Gustavo Alejos con la intención de influir en el resultado de la elección y que por esos hechos me están investigado. No tuve comunicación con él. No traté de influir en la elección de magistrados de la CSJ. Yo participé en el proceso como cualquier otro candidato y quedé fuera de la postulación de la CSJ, que es en la que supuestamente el MP dice que Alejos tuvo injerencia. Yo quedé fuera por calificación y no por votación. No tiene ninguna lógica la imputación que ellos hacen.

Dicen que me investigan por cohecho activo. Eso implicaría que yo le di dinero o algo a un funcionario para obtener un beneficio personal. Lo rechazo categóricamente. Jamás le di nada a nadie en este proceso de elección de Cortes. Fui al MP para saber de dónde sacaron esta información. Me dijeron que yo no soy parte de ese proceso y que todavía lo están investigando y no saben quiénes participaron. Por eso me parece irresponsable dar una conferencia sindicando personas y después decirles que no saben ni siquiera si participaron. Acudí ante la juez y también me negó el acceso al expediente.

La CSJ se integró con magistrados que tienen conflicto de interés porque varios buscan reelección como magistrados, entre ellos se encuentra usted ¿por qué descartó inhibirse de este proceso?

No veo la existencia de un conflicto de interés. La denuncia no se refiere a la postulación que cualquier persona pudo haber hecho al cargo de magistrado. La denuncia lo que indica es que los magistrados de la CC emitieron una resolución que es contraria a la ley. No encuentro ninguna vinculación con el proceso de postulación. Todos los magistrados de alguna manera se postularon para este proceso de elección de nuevas cortes. Seguir este criterio es como decir que nadie podría conocer y que el caso debe quedar sin juzgar, lo cual está prohibido por ley. Ningún caso puede quedarse sin ser juzgado.

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Según el informe de la FECI usted se comunicó por teléfono con Gustavo Alejos, mientras él se encontraba en el Sanatorio Ciudad Nueva, entre el 12 y 16 de febrero.

La mención en el informe de la FECI es un tema más complejo. De los 280 candidatos a magistrados el MP señala o menciona, no sé qué palabra utilizar, a 179 aspirantes, dentro de los cuales están todos los jueces. Ahora la pregunta es, ¿haber sido señalado en un informe del MP impide que no pueda conocer de los casos que me son asignados conforme a la ley? Considero que no, porque ese señalamiento no tiene ningún sustento. Lo datos que presenta el MP son simples errores. Quisiera pensar que son eso y no mala fe. Se refieren a denuncias que en su mayoría fueron desestimadas, o peor aún, presentadas hace años y que el MP incumplió su obligación de investigar. Si el solo hecho de señalar a una persona hace que ya no deba cumplir con sus obligaciones legales, nadie en Guatemala podría conocer ningún caso. Obviamente sí existiría un conflicto de interés si el MP ya hubiera hecho una investigación, si la hubiera conocido un juez y éste hubiera determinado que había fundamento para ligarme a proceso. Ahí sí hay conflicto de interés, pero los señalamientos se deben investigar. Lo más importante es que el antejuicio no era en contra del MP por el informe, sino en contra de magistrados de la CC por haberse excedido en su resolución. No veo el conflicto de interés si no fue la CC que hizo este informe.

¿Aunque la resolución de la CC se refiere a este informe del MP?

La CC le dijo al MP que le presentara un informe al Congreso. Cuando emitió esa resolución la CC no sabía a quiénes iba a mencionar. ¿La CC tenía algo en contra mía cuando emitió esa resolución? Yo entiendo que no. Quién sí se excedió y con quien sí tengo un conflicto de interés es con el MP. Tan así es que, al haberme mencionado ilegalmente, porque no tienen ninguna prueba porque yo no participé en los hechos que ellos señalan, yo los denuncié. Públicamente presenté una denuncia contra el fiscal (Fransico Francisco Sandoval) porque considero que en la elaboración del informe y en su publicación cometió varios delitos. Yo sí tengo un conflicto en contra de él.

La FECI entregó el informe al Congreso de la República el 27 de mayo de 2020. Puede consultarlo aquí. La resolución de la CSJ que dio trámite al antejuicio contra los magistrados de la CC se emitió el 26 de junio.

Otro de los argumentos en contra de la integración de esa CSJ es que no se convocó a los magistrados suplentes tal como establece la ley. ¿Qué opinión le merece esta apreciación?

No es cierto que la CSJ se haya integrado de manera indebida. Consta que los magistrados titulares se inhibieron y luego se envió un oficio de convocatoria a los magistrados presidentes de las Salas de Apelaciones. La ley lo que señala es que, en caso de impedimento, excusa, inhibitoria o ausencia de los magistrados titulares se llamará a los magistrados presidentes empezando por los de la capital en orden numérico y, si no fuera suficiente, a los demás. La Secretaría General de la CSJ es la que convoca. Normalmente lo hace por teléfono. Llama a los presidentes para informarles que hay un pleno. A veces los presidentes dicen que no lo pueden conocer o que no pueden integrar porque tienen otras audiencias. El registro lo tiene la Secretaría General.

Plaza Pública intentó obtener las convocatorias e inhibitorias de los magistrados suplentes, sin embargo, no se obtuvo respuesta ni de Comunicación Social ni de la Secretaría General de la CSJ. Como se mencionó anteriormente, en la resolución de la CSJ únicamente aparecen 24 inhibitorias.

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¿En qué se basa la denuncia que usted presentó en contra del fiscal de la FECI, Francisco Sandoval?

Cuando el Ministerio Público (MP) presentó el informe en donde señala a personas de comunicarse o interactuar con Gustavo Alejos, nos sorprendió muchísimo en el Instituto de Magistrados. La conclusión del MP es que todo el proceso está viciado. La gente cree que solo se señaló a ciertas personas, pero no. En su amparo, el MP le pidió a la CC que anulara todo el proceso porque, a su criterio, todos los aspirantes no deben participar y no son idóneos.

Cuando estudiamos el informe identificamos una gran cantidad de falsedades, errores y deficiencias. El MP informa datos que no son ciertos, investigaciones contra magistrados o jueces que no existen o presenta procesos que ya fueron desestimamos y cerrados porque se determinó que no había delitos. Lo que hay son homónimos. El MP solo buscó en su base de datos y relacionó las denuncias con los nombres de los magistrados. También dice que existen investigaciones que empezaron hace cuatro o cinco años. Eso no puede ser.

Si el MP dice que desde hace cinco años tiene denuncias contra un juez y no ha investigado, incurre en incumplimiento de deberes. Otra posibilidad es que la haya recibido y lleva todo ese tiempo investigando a una persona que tiene el derecho de antejuicio. Eso es un delito.

En febrero de este año, la FECI informó sobre el hallazgo de una serie de visitas que Gustavo Alejos recibió del 12 al 16 de febrero, mientras se encontraba en el Sanatorio Ciudad Nueva, de la zona 2 de la ciudad, y en prisión preventiva por varios casos de corrupción. Según la fiscalía, además de las visitas, Alejos atendió llamadas telefónicas con personas interesadas en influir o beneficiarse con la integración de la CSJ y Corte de Apelaciones. Entre ellas se encuentran comisionados, políticos, representantes de grupos de interés y candidatos.


La denuncia también es contra la Fundación Myrna Mack y la jueza de mayor riesgo, Erika Aifán. ¿cómo establece la relación?

Una de las cosas más llamativas es que el MP fundamentó su investigación en estudios que había hecho la Fundación Myrna Mack. Ellos presentaron un informe o estudio, no sé cómo llamarle, en donde dice estos son los grupos de interés que participan en la elección de magistrados y son delictivos.

El fiscal toma este informe y lo da por sentado. Esto es una indebida delegación de las funciones del fiscal que, en lugar de cumplir con su obligación que es investigar, se sustenta en publicaciones de la Fundación. En cuanto a la jueza Aifán, el fiscal indica que el expediente surgió en febrero del año 2020 y que está bajo el control de ella. Eso nos llamó la atención porque ella es jueza de Mayor Riesgo y los delitos que el fiscal dice que investiga no pueden estar bajo el control de estos juzgados. Además, la ley establece que para que estos juzgados puedan conocer un caso, el MP debe acudir a la CSJ y pedirle que sea declarado de Mayor Riesgo. Pero no se hizo este procedimiento.

El fiscal llevó directamente el caso con la jueza Aifán y ella lo integró a un expediente del año 2016. No sabemos cuál es porque la jueza también nos negó el expediente. Aquí vemos abuso de autoridad. El fiscal le solicitó autorización a la jueza para investigar números telefónicos y cuentas bancarias de jueces y magistrados. Existe suficiente información que amerita ser investigada.  

La jueza Erika Aifán autorizó investigar a Gustavo Alejos, quien a pesar de encontrarse en prisión preventiva en un hospital de la zona 2 de la ciudad, recibió visitas y se comunicó con varias personas relacionadas con el proceso de elección de las nuevas Cortes. Con estas acciones, el MP halló que varios candidatos a magistrados de sala se comunicación con Alejos.  

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¿Qué opinión le merece que la CSJ haya dado trámite al antejuicio contra la jueza Aifán?

Es un trámite normal de antejuicio. Cualquier juez está sujeto a eso. Nuestro trabajo así es. Cada resolución que uno emite deja inconforme a una parte. Por eso la ley garantiza que el juez no sea juzgado por motivos espurios. El gran problema es que hay grupos de poder que lo han tomado como si fuera algo político, y no entran a ver el fondo del asunto. En mi conciencia, lo que hicimos es lo que correspondía hacer. Vemos una actuación del fiscal donde hay abuso de poder y él mismo nos dice en el informe que todo fue autorizado por la juez Aifán. Nosotros no sabemos si fue así o no porque ni siquiera nos han dado acceso al expediente.

La Embajada de Estados Unidos en Guatemala publicó en redes sociales fotografías de una reunión del embajador de ese país, junto con el de Alemania, Inglaterra, Italia y la Unión Europea en la que le manifiestan su apoyo a la jueza Erika Aifán ¿cómo interpreta este gesto de la Embajada?

Lo que veo en la publicación es que dice que hubo una reunión con la jueza Aifán para dar a conocer el trabajo de los juzgados de Mayor Riesgo y manifestar apoyo. Entiendo que la reunión no tiene nada que ver con el antejuicio que se promovió en su contra. Si es así me parece magnífico que la comunidad internacional se preocupe por apoyar al sistema de justicia de Guatemala, pero es lamentable que solo se hayan reunido con una de las juezas. Debieron darles apoyo a todos los jueces de Mayor Riesgo.

Si de la reunión y la publicación se interpreta que ellos apoyan a la jueza Aifán frente a la denuncia que se presentó en su contra, es algo muy delicado, porque sería un agente diplomático interviniendo en asuntos internos de justicia. Quiero pensar que eso no es así, porque eso sería una intromisión ilegal por parte de los agentes diplomáticos.

Existe una duda sobre la integración de la CSJ que conoció y dio trámite al antejuicio contra tres magistrados de la CC. El artículo 77 de la Ley del Organismo Judicial establece cómo debe conformarse esta corte ante la ausencia de los magistrados titulares, como en este caso. Primero se debe llamar a los presidentes de las Salas de Apelaciones, empezando por los de la ciudad, luego los vocales y, por último, a los suplentes. Sin embargo, esa vez la CSJ se integró con varios presidentes y vocales de salas de los departamentos y vocales de la ciudad. Hay constancia de solo 24 magistrados que decidieron no conocer el caso, entre ellos 10 titulares de la CSJ y otros 14 de salas, lo que podría representar una ilegalidad.

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