Marroquín fue asesinado a balazos la mañana del 9 de mayo en una librería de San Luis Jilotepeque, Jalapa. El hecho se produce luego de al menos dos acciones contra la organización provenientes de igual número de poderes de Estado.
El primero se produjo el 24 de abril. En esa oportunidad, con la firma de las y los congresistas Luis Hernández Azmitia, Julio Lainfiesta, Fernando Linares Beltranena, Felipe Alejos, Javier Hernández, Estuardo Galdámez y Delia Bac, se propuso que el Legislativo integrase una comisión especial de investigación. La solicitud se basó en el inciso m del artículo 171 constitucional, que posibilita la integración de estas unidades en función de la necesidad de investigar asuntos de interés nacional. En un trámite accidentado (pues la moción tenía fecha de 2016, cuando estamos en 2018) y sin indicar el motivo de interés nacional para integrar la comisión, los ponentes no obtuvieron los votos necesarios. Sin embargo, sí informaron al final que la intención era que dicha entidad investigara al Codeca.
Apenas ocho días después de este intento fallido, el presidente de la república y cabeza del Organismo Ejecutivo, Jimmy Morales, aludió negativamente al Codeca en un discurso frente al Palacio Nacional. El gobernante se refirió a la organización cuando atendió a las y los manifestantes comerciantes del mercado La Terminal, a quienes se movilizó para mostrar apoyo a los Gobiernos central y municipal.
En enero, durante una ocupación de carreteras en rechazo del informe presidencial del día 14, el piloto de un camión de carga atropelló a un manifestante del Codeca, que murió en el lugar. En sus más de 25 años de existencia, el Codeca tiene un registro de cientos de ataques a sus bases en 20 de los 22 departamentos del país. Dichos ataques incluyen, como el de esta semana, el asesinato de sus integrantes.
A estos hechos se suma la campaña permanente de criminalización en declaraciones públicas, notas de prensa y redes sociales. De esta han sido parte los mismos actores del sector privado, como el Comité de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) y la empresa distribuidora de energía eléctrica Energuate, cuya socia mayoritaria es la firma británica Actis Capital.
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En este caso, las empresas de distribución de energía han denunciado a la organización con base en un artículo del Código Penal relativo al «robo de fluidos», incorporado por medio de reformas a la medida para favorecer a las distribuidoras de energía. Estas empresas resultaron las principales beneficiarias del proceso de privatización de la energía eléctrica, cuestionado por irregularidades y que fuera realizado durante el gobierno de Álvaro Arzú Irigoyen. Los cobros excesivos de miles de quetzales mensuales por consumo de energía han sido el punto de partida de las protestas del Codeca, el cual ha desarrollado mecanismos de resistencia al pago a entidades privadas.
La tipificación establecida del robo de fluidos (que lleva a las denuncias penales) y la estigmatización por protestas con bloqueos han sido la base para generar rechazo social contra el Codeca. Con ello y con las declaraciones y acciones de autoridades de Estado se levanta el viento del clima en el cual se instala el discurso de odio, un contexto que nutre acciones de rechazo que lamentablemente justifican, para muchas personas, la agresión física como el atropello vehicular y, en los casos de Luis Marroquín y de otros, el asesinato.
El dirigente ejecutado este miércoles era originario de San Pedro Pinula, también del departamento de Jalapa, y a finales del 2017 había estado participando en un proceso de diálogo para la reinstalación del servicio de energía eléctrica en tres comunidades de Santa María Xalapán. Es decir, se trata de un líder empeñado también en procesos de diálogo y con amplio reconocimiento entre las bases de su organización. De tal suerte, el esclarecimiento de este crimen amerita constituirse en una tarea prioritaria de las autoridades. La identificación y el procesamiento de los autores materiales e intelectuales son una obligación a fin de que la impunidad por crímenes contra personas defensoras de derechos humanos deje de ser la norma.
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