El diagnóstico de los problemas del país no debería ser muy complejo. Guatemala es una de las sociedades más violentas porque comparte con ese grupo de rincones del planeta características como la desigualdad, la frustración por falta de oportunidades para la superación económica y profesional, la desconfianza entre los ciudadanos por relaciones interétnicas fracasadas o la alternativa del dinero fácil a costa de todo que brinda el crimen organizado. Sudáfrica, Centroamérica, Colombia, Venezuela, Jamaica, partes de Brasil y de México son el estandarte a nivel mundial de esta combinación explosiva e irracional.
No se ha planteado en esta campaña electoral cómo abordar el tema de la desigualdad –y Guatemala es uno de los cinco países más desiguales del mundo–. Por la vía de los salarios no se redistribuye. Estadísticas oficiales muestran que pese a que el país es cada año más productivo, los salarios de los trabajadores se reducen por la pérdida del poder adquisitivo de la moneda y las ganancias de las grandes empresas aumentan año con año. El mito de la necesidad de aumento de salario por productividad se queda en eso, un mito.
Por la vía de la educación tampoco se redistribuye en este país. No hay educación inicial y preprimaria públicas, ni se garantiza que el 39% de niños y niñas ahora desnutridos puedan tener acceso a una alimentación decente en guarderías infantiles estatales o municipales. Hemos alcanzado el acceso universal a la educación primaria, pero sólo el 15% de la educación secundaria es público; y con sexto primaria nadie puede acceder a un nivel de vida digno en esta sociedad. Invertimos desde el Estado en educación superior, pero no en educación secundaria, con lo que llegan a la universidad nacional quienes estudian en secundarias y diversificados privados, no públicos.
Esta sociedad no se queda de brazos cruzados y lentamente se va haciendo de oportunidades y se va creando una frágil clase media. Hay más celulares que habitantes, un millón de Blackberries, tres millones de internautas y un millón y medio de usuarios de Facebook. Pero esa nueva clase media baja está a un accidente de tránsito de bajar a la pobreza y tener que renunciar a enviar a sus hijos a la educación secundaria o superior. En nuestro país hace falta más dinamismo del mercado y hace falta más respaldo del Estado para los ciudadanos.
Mientras en otros países se discute la universalización de la seguridad social bajo fórmulas como los aportes autónomos de ciudadanos que no tienen un trabajo formal, aquí la única propuesta es la populista del bono 15 –cuando es una minoría la que en esta economía recibe catorce sueldos al año–. La certeza de que la familia de uno no se morirá de hambre en el caso de un accidente o una muerte es crucial para que podamos vivir una vida mucho más tranquila y feliz.
La política –ese oficio que puede servir para cambiar el destino de los países– es todavía un mercado que se disputan los grandes empresarios tradicionales y los grandes empresarios emergentes. Y los poderes criminales. Sin una fiscalización de los financistas y una democratización de los partidos, esto no cambiará. Los políticos deberían aprender que representan a los ciudadanos para defender sus intereses frente a grupos poderosos que, sin el contrapeso de instituciones públicas eficientes y respetables, terminan por aprovecharse de la debilidad del resto de la sociedad.
Y no es que sea imposible en Guatemala poner la carreta detrás de los bueyes. En la lucha contra la impunidad y contra las mafias en el sistema de seguridad y justicia, el país empieza a seguir una hoja de ruta liderada por el Ministerio Público, el Ministerio de Gobernación, la CICIG, la sociedad civil, la academia y la opinión pública.
Quedan 40 días de campaña. Y así como el panorama de debates es desolador en la carrera presidencial, los candidatos a diputados y alcaldes podrían empezar a somatar la mesa para que la democracia y la política recobren un sentido para los votantes.
