Ya se han publicado análisis del proyecto de presupuesto, los cuales han encontrado y denunciado anomalías y problemas graves tanto en la propuesta original del Ejecutivo como en el dictamen favorable emitido por la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda (CFPM) del Congreso de la República. En términos generales, las peores anomalías son que, pese a un recorte que golpearía al Ministerio Público, al Organismo Judicial y a la Universidad de San Carlos, se le estaría incrementando el presupuesto al Ejército, lo cual evidencia un orden de prioridades inaceptable.
Sin embargo, el análisis de los rubros presupuestarios revela el detalle de verdaderos robos y desfalcos. Por ejemplo, dentro del presupuesto del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) se han incluido 57 millones de quetzales destinados a organizaciones no gubernamentales, uno de varios focos de corrupción. Entre las oenegés que serían beneficiadas destaca la Fundación Esperanza de Vida con un aporte de 30 millones de quetzales. Dicha oenegé es propiedad del zacapaneco Carlos Vargas, quien se benefició del presupuesto público durante el gobierno de Otto Pérez Molina y es mejor conocido por el donativo de medicamentos vencidos que Jimmy Morales recibió al inicio de 2016. Es bien conocida la amistad de Vargas con Jimmy Morales, así como con diputados de distritos orientales del país.
También dentro del presupuesto de administración del MSPAS, la CFPM incluyó en su dictamen una asignación de 120 millones para la «adquisición de material para mejora y remozamiento de hospitales regionales», que se restringiría a los hospitales de Ixcán, Cobán y Cuilapa. Lo malo es que los proveedores de esos materiales de construcción están vinculados con diputados distritales de Quiché, Alta Verapaz y Santa Rosa.
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Dentro del presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), la CFPM incluyó 25 millones para el subsidio del transporte del adulto mayor, de manera que continúan las anomalías heredadas de la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos, del prófugo de la justicia Luis Gómez, solo que ahora con las empresas de la competencia. Además, incluyó 280 millones para «plantas de tratamiento de aguas residuales y desechos sólidos», un negocio que les interesa tanto a un grupo de diputados de la CFPM como a Alfonso Alonzo Vargas, el vergonzoso ministro de Ambiente y Recursos Naturales de Jimmy Morales, famoso por el uso indebido de fondos públicos para contratar un helicóptero privado con el fin de ir a votar el día de la consulta popular.
Al igual que en el caso del Ejército, la CFPM incluyó en su dictamen incrementos injustificados en los presupuestos del Registro de Información Catastral (15 millones más) y de la Escuela Nacional Central de Agricultura (un aporte extraordinario de 25 millones), en el entendido de que las autoridades de ambas entidades faciliten el control ilícito a diputados. Además de incrementos injustificados, la CFPM aseguró en su dictamen, en los presupuestos del Mides y del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, asignaciones para la contratación de personal temporal para los partidos afines al pacto de corruptos, de modo que estos puedan beneficiar a sus correligionarios durante la campaña del proceso electoral de 2019.
Para cerrar las negociaciones en el Congreso, el pacto de corruptos está transando las adjudicaciones de los contratos de obra pública en el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda con un incremento de 1,664 millones de quetzales (34 %) respecto al presupuesto vigente de 2018, claramente la principal prioridad presupuestaria.
Con semejantes desmanes, a Guatemala le queda exacta aquella cita bíblica que advierte: «El que tenga ojos, que vea. El que tenga oídos, que oiga».
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