La minería es vital para las sociedades. El desarrollo humano hace uso creciente de metales y de diversos minerales. Desde la aparición del cobre hace 9 000 años hasta los elementos hoy conocidos como estratégicos (coltán, niobio, torio —futuro sustituto del petróleo—), la historia de la humanidad va de la mano de la investigación minera.
¿Qué es lo cuestionable entonces? La forma como se hace la explotación, el descuido y desprecio de las poblaciones, la búsqueda de lucro empresarial a cualquier costo. En Guatemala, el caso de la mina Marlin lo evidencia de modo patético.
La empresa Montana Exploradora de Guatemala, S. A., subsidiaria de la transnacional canadiense Goldcorp, es propietaria del proyecto minero Marlin. Inició exploraciones en territorio mam y sipakapense en 1996 (municipios de Sipacapa y San Miguel Ixtahuacán, departamento de San Marcos) con una licencia del Ministerio de Energía y Minas. En 2003, el Ministerio de Ambiente aprobó el estudio de evaluación de impacto ambiental y social presentado por la empresa. Dos meses después, Energía y Minas le otorgó licencia a la minera para explotar oro y plata. Ambas resoluciones carecen de validez, pues no se realizó una consulta ciudadana para consensuar el proyecto en cuestión, tal como lo estipula el artículo 15.2 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que también es ley guatemalteca y que obliga a hacer un referéndum para tomar este tipo de decisiones. La mina Marlin comenzó operaciones en el 2005 saltándose estas regulaciones legales.
En Sipacapa se hizo una consulta popular en 2005, en la cual el 99 % de la población dijo no a la actividad minera en su territorio, pues sabía de los severos daños medioambientales y sanitarios que esta podría acarrear, tal como sucedió en otros puntos del planeta (de lo que ya existe copiosa información). El resultado del plebiscito fue ignorado por el Gobierno y por la empresa.
La explotación minera implica la desaparición de 142 hectáreas de bosques y de suelos en los primeros dos años de operaciones y una eliminación de cobertura boscosa de 289 hectáreas al final de las actividades. La operación genera 170 barriles de desechos mensuales (una tercera parte son desechos orgánicos), con una estimación total de entre 23 y 27 millones de toneladas de residuos al final del proyecto.
Los desechos generarán una escombrera de 38 millones de toneladas de material de desecho. Dicha área se extenderá a 157 hectáreas, y el depósito de lodos, a 150 hectáreas, con una alta probabilidad de liberación de aguas ácidas del material depositado en la escombrera en época de lluvias, así como de ocurrencia de derrames con consecuentes riesgos sanitarios y ambientales para las poblaciones, el entorno y las especies acuáticas.
La empresa perfora 60 pozos de siete metros de profundidad para detonaciones diarias. Producto de las detonaciones, se han ocasionado daños en viviendas ubicadas en sus inmediaciones. Desde el inicio de operaciones, las poblaciones de las aldeas locales han padecido una creciente escasez hídrica. En San Miguel Ixtahuacán se han secado seis pozos.
Parte de los desechos de la mina van a parar a los ríos Cuilco y Tzalá y a sus afluentes, principales fuentes de agua de la región para consumo y actividades de subsistencia. A partir de su contaminación aparecen los problemas de salud. Existen altas concentraciones de cobre, aluminio, manganeso y sobre todo arsénico. Todo ello ocasiona diversas afecciones dermatológicas, gástricas, neurológicas, y en muchas ocasiones cáncer.
Más allá de las pomposas declaraciones del Gobierno y de la empresa, la realidad es cruel. Denuncias de afectación de la salud en las poblaciones de Sipacapa y de San Miguel Ixtahuacán por el consumo de aguas contaminadas surgieron desde casi los inicios de las operaciones de la mina. Dichas denuncias se basaban en a) problemas de salud por trabajar en la mina y b) problemas de salud provocados por la supuesta contaminación de las fuentes de agua o por escasez debido a la secada de los ríos. Pero dichas denuncias siempre fueron desvirtuadas por la empresa y por el Estado.
En 2010, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de 18 comunidades mayas. La CIDH solicitó al Estado de Guatemala que suspendiera la explotación de la mina Marlin e implementara medidas efectivas para prevenir la contaminación ambiental hasta que la comisión adoptara una decisión sobre el fondo de la petición asociada a esta solicitud de medidas cautelares. Pero en el 2011, contrariando la voluntad popular, la CIDH, obviamente por presiones recibidas de parte de la empresa, modificó las medidas cautelares que había otorgado. Por lo pronto, suprimió la solicitud de suspender las operaciones de la mina, descontaminar las fuentes de agua y atender los problemas de salud.
Marlin extrae minerales a partir de 2003, pero desde 2012 solo trabaja su subsuelo. Tiempo atrás, su director informó que la mina iría cerrando paulatinamente para finalizar operaciones en 2016. Sin embargo, en 2014 solicitó una prórroga y más subsuelo para trabajar. Por ley, una mina en Guatemala dispone de un máximo de 20 kilómetros cuadrados para explotar su superficie y su subsuelo por un lapso de 25 años. La estrategia de Montana para continuar al menos dos años más fue restar un kilómetro ya explotado que no rendía para agregar otro kilómetro cuadrado con potencial en su subsuelo, que no forma parte de su área de explotación. La maniobra le permitió seguir operando. Y el Estado aprobó la jugarreta.
La autorización fue firmada a principios de enero de 2016. Montana fue notificada de la autorización el 11 de enero, tres días antes de que concluyera el mandato del presidente provisional Alejandro Maldonado. Un mes después, el proyecto siguió adelante bajo la presidencia del nuevo mandatario, Jimmy Morales. Finalmente, por las presiones populares, la mina cerró en mayo de 2017.
Durante más de 11 años de operación ganó 32 000 millones de quetzales (más de 4 000 millones de dólares), mientras que el Estado recibió como regalías 705.29 millones de quetzales (unos 100 millones de dólares). Aunque cesaron las operaciones, los trabajos de recuperación ambiental y de desmantelamiento de la infraestructura se extenderán hasta el 2020. Son necesarios tratamiento del agua a largo plazo, recuperación de la roca estéril, reforestación, control de erosión y remoción de instalaciones, de equipo y de desechos de la mina. Sin embargo, no hay un plan real de recuperación por parte de la empresa. Esta pagó una fianza de 8 millones de quetzales para cubrir la recuperación del área, aunque, según cálculos de expertos, se necesitarían 389 millones (49 millones de dólares).
La mina se va, las dádivas que deja de regalía son absurdas y quedan las enfermedades y la deforestación. Como dijera Atahualpa Yupanqui: «Las penas son de nosotros. Las vaquitas son ajenas». ¿Hasta cuándo?
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