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¿Por qué la DIACO está en “trapos de cucaracha”?
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¿Por qué la DIACO está en “trapos de cucaracha”?

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Tipo de Nota: 
Opinión
18 09 12

A muchos empresarios el cumplimiento de responsabilidades les causa pánico y terror, destacando el pago de impuestos y salarios, o el respeto a los derechos del consumidor.

Creo que tan preocupante les resulta una visita de un auditor de la SAT, un inspector de trabajo o de la Dirección de Asistencia y Atención al Consumidor (DIACO, una dependencia del Ministerio de Economía). Un empresario honesto y competitivo -que los hay en Guatemala-, no sufriría por la existencia y aplicación de estas tres formas de control. Sin embargo, un empresario deshonesto, tramposo y enemigo de la competitividad, haría todo lo que esté a su alcance para quedar al margen de estos controles.

Ahora, en el gravísimo caso que los empresarios tramposos tienen poder, ya sea político, económico o violento, lógicamente buscarán ejercerlo para quedar al margen del control y el cumplimiento de las leyes. Pueden hacerlo manipulando o sobornando a los legisladores para “legalizar” el privilegio de quedar fuera del control tributario, laboral o de protección al consumidor. Pero también pueden hacerlo logrando debilitar y minar a las instituciones responsables de ejercer el control y velar por el cumplimiento de las leyes. Una forma es corromper a los funcionarios y servidores públicos en esas instituciones, o asegurar la “lealtad” de las autoridades superiores, quienes despiden a quien no se doblegue a los intereses de los empresarios mañosos. Luego, reemplazarlos contratando personas serviles y rastreras, quienes desde cargos con responsabilidad de ejercer control y fiscalización, simplemente no hacen nada o actúan deliberadamente con torpeza y tardanza.

Ojalá no sea el caso de la sorpresiva destitución de la directora de la DIACO, cuyas circunstancias levantan profundas preocupaciones. Sucedió que el día antes de su destitución, la entonces directora de la DIACO asistió a una citación en el Congreso, en sustitución del Ministro de Economía. Acorralada por las preguntas de los parlamentarios, no tuvo más remedio que admitir públicamente que la DIACO no es una prioridad para el Ministro, que no hay coordinación interinstitucional y que no cuenta con los recursos necesarios para desempeñar de manera efectiva su labor.

Una viceministra de economía dio la cara por semejante decisión, indicando que el cambio no se debió a las escandalosas revelaciones de la directora destituida, en cuanto a que la DIACO se encuentra en verdaderos “trapos de cucaracha”, sino que se trató de algo que “ya se había analizado”. La nueva directora fungió en ese mismo puesto durante el Gobierno de Óscar Berger, lo que al parecer le acredita, según la viceministra, “experiencia y liderazgo”. El intento de la viceministra, si no ingenuo o abiertamente descarado, es inefectivo en convencernos que la destitución no se debió a la denuncia pública durante la citación en el Congreso, del grado de abandono y debilitamiento en el que está la DIACO, lo que a mi juicio fue un acto de responsabilidad de la directora anterior.

El fortalecimiento de la DIACO, al igual que las leyes de transparencia, es parte de una agenda legislativa relegada para proteger intereses espurios. Desde 2008 se propuso convertirla en una procuraduría con independencia de los vaivenes o niveles de captura del Ministerio de Economía. Cartera que lamentablemente continúa siendo una suerte de ventanilla repartidora de privilegios fiscales a diestra y siniestra, en el que las empresas tienen una prioridad superior a los consumidores (si es que para las autoridades actuales estos últimos tienen alguna importancia).

Así las cosas, la especulación de precios, los abusos y arbitrariedades en cobros en servicios bancarios o de telefonía, mal servicio al cliente, agentes de seguridad privada abusivos y un largo etcétera, continuarán transitando por una verdadera autopista de impunidad.

El fortalecimiento de la DIACO, al igual que las leyes de transparencia, es parte de una agenda legislativa relegada para proteger intereses espurios.
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