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¿Por qué es importante recuperar la capacidad fiscal del Estado de Guatemala?
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¿Por qué es importante recuperar la capacidad fiscal del Estado de Guatemala?

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Tipo de Nota: 
Opinión
29 08 16

Mientras en América Latina la pobreza ha disminuido en los últimos años, en Guatemala se ha incrementado hasta afectar al 60 % de la población.

¿Cuál es una de las principales hipótesis del retroceso revelado por la Encuesta Nacional sobre las Condiciones de Vida (Encovi) 2014? El Fondo Monetario Internacional sugiere que hogares muy vulnerables a cambios en los precios de los alimentos cayeron por debajo de la línea de pobreza debido a, precisamente, un incremento en los precios de los productos de la canasta básica.

La inflación que se ha dado, sobre todo en el interior de la república, no tiene una explicación puramente monetarista, sino que se debe en buena medida al deterioro de la red vial del país, en la que el Estado ha dejado de invertir para su reparación y mantenimiento. Aunado a ello, la ausencia de redes logísticas eficientes para llevar productos alimenticios a las áreas rurales y para la importación de los bienes que sean necesarios en respuesta a una creciente demanda impulsada por el influjo de remesas provenientes del exterior ocasiona el desabastecimiento y, por lo tanto, precios más elevados.

El Estado tiene un papel importante en la provisión de bienes públicos que faciliten el mejor funcionamiento del mercado. Sin la infraestructura física básica y adecuada es imposible que se alcance el crecimiento económico, condición necesaria para sacar a muchos de la pobreza. Eso tiene un costo que puede cubrirse de dos maneras: por medio de impuestos o colocando deuda pública —ya que se excluyen otros ingresos, pues Guatemala no cuenta con importantes fuentes provenientes de empresas estatales, por ejemplo, como sí los tienen otros países latinoamericanos—.

El crecimiento económico requiere de una mayor productividad de los factores (capital y trabajo). Aumentar la productividad de la mano de obra o del recurso humano implica mayor inversión en salud y educación. Sin embargo, la sociedad guatemalteca sufre de grandes rezagos en materia de cobertura y calidad de ambos servicios, también fundamentales para el desarrollo humano. Con los niveles de inversión pública actuales tardaríamos muchas décadas en alcanzar una sociedad más saludable y educada (una comparable, digamos, con el resto de Latinoamérica).

Recientemente, el Gabinete Económico presentó una estrategia de crecimiento que pretende ser incluyente y sostenible desde los puntos de vista social y ambiental. Dicha política económica cuenta como pilar fundamental con la política fiscal, pues se requiere de inversiones en proyectos estratégicos tanto para ampliar como para transformar la infraestructura productiva del país (puertos, aeropuertos, telecomunicaciones y electricidad, entre otras áreas, incluyendo de manera especial las ciudades emergentes), así como para fortalecer la presencia territorial del Estado (más sedes para la Policía, los fiscales, los jueces y otros operadores de justicia), en beneficio de una mayor gobernabilidad y una mayor seguridad.

Por su lado, el Ministerio de Finanzas Públicas ha avanzado de manera sustantiva en la transparencia fiscal. Diversas entidades del sector público, de manera colaborativa con organizaciones de la sociedad civil especializadas en la fiscalización social, han elaborado un ambicioso Tercer Plan de Acción Nacional 2016-2018 para el Gobierno Abierto, en el cual se comprometen a avanzar en diversos tópicos como el acceso a la información pública, la participación ciudadana, la rendición de cuentas y lo datos abiertos. Todo ello contribuirá a reducir los casos de corrupción y mejorará la calidad del gasto, especialmente la atención a los usuarios de los servicios públicos.

El Presupuesto Abierto para el año 2017 fue también un exitoso ejercicio para transparentar las necesidades de cada ministerio y facilitar así la priorización del gasto en los sectores de seguridad y justicia, salud y seguridad alimentaria y la generación de empleo e ingresos. De acuerdo con este ejercicio, los ministerios requieren, como mínimo, el quíntuple de los recursos adicionales con los que cuenta el Gobierno para distribuir entre todos el próximo año. Está por verse si la Comisión de Finanzas del Congreso de la República respetará este ejercicio democrático o aplicará viejas fórmulas redistributivas en función de los intereses electorales de ciertos diputados distritales y potenciales candidatos presidenciales.

La necesidad de contar con más recursos que permitan empezar a cerrar las brechas sociales existentes es innegable. La propuesta de reforma tributaria recién presentada y luego retirada del Congreso era un esfuerzo realmente modesto para, aunado a la recuperación de la Superintendencia de Administración Tributaria y a la reactivación de la Fiscalía de Delitos Económicos del Ministerio Público, hacer frente al urgente y necesario fortalecimiento del Estado, especialmente en su capacidad para atender a las personas más vulnerables de la sociedad, aquellas que por su condición de pobreza extrema no están en condiciones de pagar impuestos y, por lo tanto, requieren de nuestra solidaridad como miembros de una sociedad imaginada que no terminamos de hacer realidad.

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